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Acusaciones sobre presunto daño en el PAN tiene un trasfondo personal, afirma Marcos Castro 

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La acusación de Genoveva Huerta en contra de la expresidenta del Comité Directivo Estatal del PAN, Augusta Díaz de Rivera, es un tema que transitó al ámbito personal, pues no hay daño patrimonial, aseguró el exsecretario general del partido, Marcos Castro. La administración saliente dejó un monto superior a un millón 800 mil pesos para hacer frente al pago de impuestos en el inicio de año, insistió. 

En entrevista, invitó a la nueva secretaria general en trabajar a favor del partido y a no enfocarse en estos temas, pues recordó que incluso el propio presidente del partido, Mario Riestra Piña, informó que no hay un daño patrimonial comprobado, puesto que aún se encuentra en la etapa de revisión con la exdirigente. 

Dijo que, emitir un juicio de esa magnitud es un error, debido a que al inicio de cada administración es normal que surjan dudas respecto a la situación financiera que dejó la anterior, sin embargo, es imprudente lanzar una acusación sin que haya terminado el periodo de revisar las cuentas pendientes y, especialmente, sin pruebas que sostengan lo dicho. 
Respecto a las acusaciones de Huerta, en la que acusa que Díaz de Rivera heredó una gestión con pasivos laborales, deudas con proveedores e impuestos pendientes, Castro negó la situación y recordó que su administración entregó un saldo a favor superior al millón de pesos para que la nueva gestión pudiera hacer frente al pago de luz, de agua, y demás impuestos que tenía que solventar en enero. 
En tanto, afirmó que no hay pasivos laborales, sino que se trató de personal que ya había terminado su ciclo al interior del partido, y el cual podría acercarse con la administración de Riestra para incorporarse a la misma. 

Yo pediría mucha prudencia, aquellos que hoy están en la dirigencia tienen que cuidar el partido, su imagen, y no adelantarse con esos juicios a la la ligera. Yo haría un llamado a ponernos a trabajar pensando en el siguiente proceso electoral

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Activan Alerta Amber por desaparición de adolescente en Puebla capital

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La Fiscalía General del Estado de Puebla activó una Alerta Amber para localizar a la adolescente Yennifer Ivana Tochimani Torrez, de 15 años de edad, quien fue vista por última vez en la colonia San Ángel, en el municipio de Puebla.

De acuerdo con el reporte FGEP/AAMBER-PUE/164/2026, la menor desapareció el pasado 19 de mayo de 2026 y las autoridades señalaron que se teme por su integridad, debido a que podría ser víctima de la comisión de algún delito.

Yennifer Ivana nació el 7 de septiembre de 2010, mide aproximadamente 1.55 metros, tiene cabello largo y lacio color castaño oscuro, ojos negros y como señas particulares presenta cicatrices en la ceja izquierda y en medio de ambas cejas; además, usa brackets.

Al momento de su desaparición vestía playera color gris, pants azul marino con franjas azul rey y tenis blancos con gris.

La Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares pidió a la ciudadanía aportar cualquier información que ayude a dar con su paradero a través de los números telefónicos 222 214 6405 y 222 237 7237.

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Beca Rita Cetina para estudiantes de primaria llega en Agosto

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De acuerdo con las autoridades federales, el recurso de la Beca Rita Cetina de primaria será depositado en agosto de 2026 a través de las tarjetas del Banco del Bienestar que actualmente se encuentran en proceso de entrega en distintos planteles educativos del país.

El objetivo principal del programa es ayudar a madres, padres y tutores con los gastos relacionados con útiles escolares y uniformes, especialmente en hogares donde el regreso a clases representa una fuerte carga económica. La ampliación de este programa forma parte de la estrategia federal para extender apoyos educativos a estudiantes de educación básica inscritos en escuelas públicas.
El monto confirmado es de 2500 pesos por estudiante, de acuerdo con Julio León, titular de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez.

Ese dinero será entregado directamente en las cuentas vinculadas a las tarjetas del Banco del Bienestar que reciban madres, padres o tutores registrados dentro del programa. El pago está contemplado para realizarse antes del arranque del nuevo ciclo escolar, con la intención de que las familias puedan utilizarlo en compras relacionadas con el regreso a clases.

Desde el 18 de mayo hasta el 31 de julio se realizará la entrega de tarjetas debido a la cantidad de estudiantes incorporados al programa. En total, se prevé distribuir millones de plásticos entre alumnos de primaria inscritos en escuelas públicas. Cada plantel escolar será el encargado de informar las fechas correspondientes para acudir por la tarjeta y completar el proceso de activación del apoyo económico.

Aunque el calendario oficial todavía no ha sido publicado, autoridades adelantaron que los depósitos se realizarán de forma escalonada, siguiendo un esquema similar al utilizado en otros programas sociales federales. La intención es evitar saturaciones bancarias y organizar mejor la dispersión de recursos entre millones de beneficiarios.

Los padres de familia o tutores serán los únicos que podrán recoger las tarjetas bancarias debido a que las cuentas fueron abiertas a su nombre.

La Coordinación Nacional de Becas recomendó mantenerse atentos a los avisos emitidos por las escuelas y por los canales oficiales del programa para conocer fechas de entrega, depósitos y posibles actualizaciones.

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Marina y Policía Estatal aseguran droga y combustible en Chiapas

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Como resultado de operaciones navales encabezadas por elementos de la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), así como la Fiscalía y Policía Estatal, y con el objetivo de desarticular capacidades logísticas y operativas de grupos delictivos, se cumplimentaron cuatro órdenes de cateo y se aseguró una bodega, presunta droga, armamento y combustible en Chiapas.

Durante la inspección de un inmueble ubicado en las inmediaciones del poblado de Chocohuital, se aseguraron alrededor de 70 bidones con capacidad de 50 litros abastecidos con combustible; un arma larga, cuatro cargadores, cinco equipos de comunicación satelital, balizas, diversa documentación y una embarcación tipo rivereña sin motor.
De manera simultánea, en el embarcadero del poblado de Chocohuital, se detuvo a cuatro personas y se aseguraron siete balizas, 29 equipos de radiocomunicación satelital, tres brújulas, cuatro equipos de radiocomunicación, cuatro convertidores de corriente, un arma larga, tres cargadores, motores fuera de borda, más de 80 garrafas con capacidad de 50 litros abastecidas con un líquido con características similares a la gasolina, una dosis de presunto narcótico y tres bolsas transparentes que contenían seis dosis con características similares a la cocaína.

Asimismo, en un inmueble localizado en las inmediaciones del poblado de Playa Grande, se aseguraron aproximadamente 70 bidones llenos, 49 bidones vacíos, dos balizas, cinco propelas, diversas cajas de aceite para motores fuera de borda, cuerdas, una manguera, dos bombas de achique y un cubitanque vacío.

En otra intervención, en un inmueble ubicado en el poblado de Paredón, se aseguraron 50 paquetes que contenían una sustancia con características similares a la cocaína, más de 60 bidones con capacidad de 50 litros abastecidos con gasolina, 29 bidones vacíos, dos cargadores para arma larga, tres cubitanques vacíos, nueve boyas satelitales y el inmueble presuntamente utilizado como bodega para realizar actividades relacionadas con el tráfico de sustancias ilícitas por vía marítima.

A las personas detenidas se les informaron sus derechos constitucionales y, junto con lo asegurado, fueron puestas a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

La Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, en coordinación con las instituciones del Gabinete de Seguridad, refrenda su compromiso de colaborar con las autoridades locales para contribuir al mantenimiento del Estado de derecho y combatir actividades ilícitas que afectan la seguridad de la población.

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