A pesar de los cuestionamientos formulados por la presidenta Claudia Sheinbaum respecto a un acto público realizado en Querétaro con la participación del embajador de Estados Unidos y organismos internacionales, se confirmó la presencia formal de representantes de las Fuerzas Armadas y de procuración de justicia del Gobierno federal.

Durante el desarrollo del evento en la capital queretana, estuvieron presentes elementos con representación oficial de la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Fiscalía General de la República (FGR). Entre los asistentes destacó el capitán primero David Valadez Arenas en representación de la comandancia de la Guardia Nacional en la entidad.

La controversia surgió luego de que la titular del Ejecutivo federal expresara en su conferencia matutina la necesidad de respetar los límites institucionales en la colaboración con embajadas extranjeras. En respuesta a las observaciones sobre la vinculación de agencias estadounidenses en la capacitación policial local, sectores parlamentarios del Partido Acción Nacional expresaron que la coordinación en materia de seguridad se ha realizado en el marco de las atribuciones estatales.

Por su parte, la administración del estado de Querétaro detalló que se notificó oportunamente sobre la visita del diplomático estadounidense a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) mediante una comunicación formal entregada con días de anticipación. El evento buscaba resaltar acuerdos de capacitación institucional en materia policial y fortalecimiento de la infraestructura local de seguridad.

La revisión de las minutas y registros del acto corroboró que la representación de los órganos de seguridad federal formó parte del protocolo. Con ello se evidenció la concurrencia de mandos federales y locales durante la presentación de los programas de adiestramiento.

A raíz de las movilizaciones estudiantiles tras el feminicidio de María Fernanda, el gobierno municipal de San Andrés Cholula anunció una reestructuración y reforzamiento en sus políticas de prevención de la violencia contra las mujeres. La alcaldesa Guadalupe Cuautle Torres confirmó que se atenderá de forma prioritaria el pliego petitorio entregado por la comunidad universitaria.

Durante el despliegue de las protestas a las afueras del campus de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), estudiantes y colectivos entregaron una carta dirigida a las autoridades municipales y al Ministerio Público para exigir el esclarecimiento del crimen. En respuesta, la administración municipal desplegó elementos de seguridad para resguardar la libre manifestación de las y los jóvenes.

Entre las medidas inmediatas presentadas por la alcaldesa destaca el impulso al esquema «Embajadores por la Seguridad», mediante el cual representantes de diversas instituciones de educación superior colaboran con las áreas de prevención del delito. El plan busca estrechar la comunicación entre los universitarios y la Secretaría de Seguridad Pública municipal para detectar oportunamente factores de riesgo en el entorno escolar.

San Andrés Cholula cuenta con una Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, lo que obliga al municipio a destinar recursos e infraestructura específica. En ese sentido, la alcaldesa subrayó las operaciones transversales desarrolladas desde la Casa Violeta, así como programas permanentes de capacitación sobre masculinidades y acompañamiento jurídico e interdisciplinario para víctimas.

Mientras la Fiscalía General del Estado de Puebla prosigue con las indagatorias correspondientes para juzgar al responsable del feminicidio, el gobierno municipal reiteró su compromiso de cooperar con las autoridades judiciales y mantener un monitoreo permanente en los corredores universitarios de la demarcación.

El gobernador del estado de Puebla, Alejandro Armenta, confirmó que varios integrantes de su administración solicitaron licencia o presentaron formalmente su renuncia para inscribirse en el proceso interno de Morena, buscando una candidatura a diputación federal para los comicios de 2027. La desbandada ocurrió justo tras el cierre de la convocatoria del partido.

El mandatario estatal explicó que, al concluir el periodo de registro dispuesto por la dirigencia nacional del partido el pasado 4 de octubre, se generaron diversos movimientos dentro del gabinete. Aunque Armenta reconoció que se trata de varios funcionarios de primer nivel que decidieron separarse del cargo, precisó que se están revisando las actas administrativas para dar a conocer la lista completa y oficial de quienes dejaron la función pública.

Las renuncias obedecen al reglamento establecido en la convocatoria de Morena para la selección de las Coordinaciones Distritales Federales, el cual estipula como requisito obligatorio que cualquier servidor público de los tres órdenes de gobierno o integrante del Poder Judicial renuncie o pida licencia de forma inmediata al momento de concretar su registro.

Finalmente, el Ejecutivo estatal enfatizó que su gobierno mantendrá una postura de total transparencia y respetará el derecho de los funcionarios a participar en los procesos electorales. Se espera que la Comisión Nacional de Elecciones de Morena evalúe los perfiles inscritos y publique los nombres de las candidaturas aprobadas a más tardar el 31 de diciembre.