PUEBLA, PUE. — El Cabildo del Ayuntamiento de Puebla aprobó por unanimidad de votos la edificación de nueve viviendas destinadas a familias damnificadas por la explosión provocada por una toma clandestina de gas LP en la junta auxiliar de San Pablo Xochimehuacan, ocurrida el 31 de octubre de 2021. El acuerdo busca dar cumplimiento formal a la recomendación 169/2023 emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a fin de reparar el daño patrimonial a los afectados.

Durante la sesión ordinaria, la Sindicatura Municipal recordó que el siniestro dejó un saldo de cinco personas fallecidas, 11 lesionadas y más de dos mil habitantes evacuados, además de la destrucción total de múltiples inmuebles. Las nueve casas aprobadas por el cuerpo edilicio se integrarán al paquete de 50 inmuebles que entregó la administración estatal en 2022. Aunque proyectos previos contemplaban la colonia San Aparicio Las Fuentes como la zona para la edificación de las viviendas de dos plantas, las autoridades municipales vigentes no dieron a conocer el monto de inversión asignado ni los plazos definitivos de ejecución.

En la misma sesión de Cabildo, los regidores avalaron la exención de diversos cobros municipales a los beneficiarios del programa Vivienda para el Bienestar. La medida contempla apoyos fiscales para eliminar el costo de licencias de uso de suelo, dictámenes de impacto ambiental, alineamiento, asignación de número oficial y certificaciones de integración vial, facilitando el desarrollo de los complejos proyectados en el municipio.

La iniciativa gubernamental contempla la meta total de construir mil 344 soluciones habitacionales en la capital poblana, repartidas entre la colonia Lomas de San Miguel y la zona de Villa Verde. Durante el debate legislativo local, las bancadas abordaron además el presupuesto del estado financiero de la comuna, aprobando por mayoría los dictámenes correspondientes tras saldar discrepancias sobre las partidas asignadas a la comunicación social y las inversiones en infraestructura del municipio.

PUEBLA, PUE. — La LXII Legislatura del Congreso del Estado de Puebla analizará la viabilidad jurídica para implementar de manera obligatoria la aplicación de pruebas de escrutinio toxicológico (antidoping) a los aspirantes a cargos de elección popular. La medida busca ser integrada en el marco de la legislación local previo al arranque del proceso electoral del año 2027, según lo confirmó el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Pável Gaspar Ramírez.

El legislador explicó que previamente la propuesta se había contemplado bajo la figura de un exhorto preventivo hacia los partidos políticos para que lo incluyeran de forma interna. Sin embargo, tras coincidir con planteamientos del Gabinete estatal, el Congreso evaluará elevar dicha disposición a un rango legal, al ser considerada una política pública en materia de prevención, control y seguridad ciudadana dentro de los filtros para la función pública.

Para concretar el dictamen, la Junta de Gobierno prevé la conformación de mesas de trabajo multidisciplinarias e interinstitucionales donde participarán representantes del área jurídica del Poder Ejecutivo estatal. Paralelamente a esta iniciativa, la dirigencia del Poder Legislativo hizo un llamado para que los institutos políticos procedan con responsabilidad ética y apliquen controles rigurosos de selección interna mientras se define el marco normativo.

De manera complementaria, el presidente de la Junta de Gobierno abordó la regulación en materia de propaganda política, específicamente sobre la pinta de bardas realizada por actores políticos locales. Gaspar Ramírez aclaró que la rotulación de espacios no incurre en infracciones cuando media la autorización expresa del propietario; no obstante, advirtió que el Congreso colaborará con el Instituto Electoral del Estado (IEE) para revisar el reglamento actual y sancionar cualquier intervención sin permiso que vulnere la legislación vigente.

PUEBLA, PUE. — El gobierno federal alista la edificación de al menos 832 viviendas pertenecientes al programa Vivienda para el Bienestar en la colonia Lomas de San Miguel. Sin embargo, el proyecto habitacional se desarrollará en una zona periférica que actualmente padece un severo rezago en infraestructura urbana y servicios públicos fundamentales como suministro de agua potable, transporte, recolección de residuos y vigilancia policial.

En esta misma zona ya habitan cerca de 25 familias que fueron reubicadas por el gobierno estatal tras perder su patrimonio en la explosión por fuga de gas LP registrada en San Pablo Xochimehuacan en 2021. Los colonos actuales reportan que la cobertura de servicios es prácticamente nula, lo que los obliga a abastecerse mediante el pago recurrente de pipas de agua, así como a caminar distancias prolongadas de hasta 20 minutos hacia la zona del Cereso de San Miguel para conseguir transporte público.

Aunado a la falta de conectividad vial, los habitantes expresaron que la inseguridad en las calles solitarias y la falta de alumbrado obligan a la población a resguardarse temprano. Pese a que la iniciativa federal coordinada con la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) busca garantizar una vivienda accesible a sectores de altos niveles de marginación y cuyos ingresos no rebasen dos salarios mínimos, los residentes cuestionaron la ubicación del proyecto por la distancia respecto a centros de trabajo, escuelas y centros hospitalarios.

No obstante las adversidades del terreno, algunos vecinos mantienen la expectativa de que el incremento en la densidad poblacional reactive la demanda de infraestructura en la zona. De este modo, confían en que la llegada de los nuevos colonos obligue a las autoridades locales y a los concesionarios a ampliar la cobertura de servicios básicos, las rutas de camiones y el patrullaje de seguridad pública antes de que culmine el desarrollo proyectado hacia 2027.