Pasaron tres años y 11 meses sin que la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV) definiera reglas para ejercer el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (FAARI). Al arranque de 2024, el Estado poblano conformó por primera vez los lineamientos para garantizar la reparación integral del daño a víctimas directas e indirectas de delitos. De igual modo, diseñó el primer protocolo para reparar daños a mujeres víctimas de violencia de género.

En dicho documento, se especificaron los pasos que las víctimas deben seguir para recibir el monto económico de ayuda o de restitución del daño, pues, de acuerdo con el Observatorio Con Los Ojos Abiertos de la Ibero Puebla, las víctimas, hasta 2021, no habían recibido este recurso. Lo que dio como resultado, un rezago que acentuaba la brecha de accesibilidad a la justicia y reparación integral de daños para las víctimas de ilícitos.

Aunado a lo anterior, la institución educativa evidenció que la CEEAV atrasó su funcionamiento hasta 10 meses después de su conformación. Además, nunca hizo públicos los documentos que delimitaban su trabajo y, desde su creación y hasta el cierre del 2021, el FAARI no había sido siquiera utilizado, pese a que sí tenía presupuesto asignado para ello.

Especifican pasos a seguir para las víctimas
Fue el pasado 29 de diciembre cuando la dependencia adscrita a la Secretaría de Gobernación (Segob) publicó las Reglas de Operación del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, las cuales fueron emitidas a través del Periódico Oficial del Estado (POE).

El documento indicó que la Dirección de Ayuda Inmediata a Víctimas, será quien reciba y atienda todas las solicitudes que lleguen. Ellos emitirán una propuesta y determinarán los montos necesarios para las víctimas. Hay que mencionar que en este texto, no se detallaron las cifras monetarias.

El recurso sólo se entregará cuando la Comisión determine los siguientes puntos: que exista urgencia, por ejemplo, un problema médico derivado del hecho victimizante que ponga en peligro la vida; cuando exista emergencia, como cuando se verifique una extrema necesidad y no existan condiciones necesarias que permitan evaluar la afectación en la esfera jurídica.

También tomarán en cuenta cuando exista riesgo inminente para la víctima, es decir, que corre el riesgo de pasar por el mismo hecho otra vez; cuando la autoridad responsable no cuente con capacidad de brindar la atención que se requiere. En este último punto puntualizaron lo siguiente: cuando la institución no cuente con el personal, insumos, medicamentos o recursos necesarios para otorgar la atención requerida.

Y por último, darán recurso cuando lo establezca algún programa integral emergente emitido por la Comisión. A las víctimas se les pedirán una serie de documentos personales, como comprobantes de domicilio e identificaciones oficiales.

También para que la víctima sea considerada beneficiaria deberá estar inscrita en el Registro Estatal de Víctimas y presentar una solicitud de acceso a los recursos del Fondo Estatal, mediante un escrito libre.

No obstante, también se puede negar el apoyo, esto ocurrirá si la víctima se niega reiterada e injustificada a colaborar con la Comisión y cuando se verifique que la víctima actuó de mala fe.

La Comisión no sólo tendrá que dar recurso en efectivo, sino que, dependiendo de cada caso, tendrá que pagar los servicios de emergencia médica, odontológica, quirúrgica y hospitalaria. Los gastos funerarios, de alimentación, de traslado y hasta los viáticos que las víctimas ocupen para desahogar diligencias o comparecer ante el Ministerio Público, comisiones de derechos humanos u otras autoridades relacionadas.

Actualizan el protocolo de atención para mujeres víctimas
El mismo 29 de diciembre, la Comisión actualizó el protocolo de atención y reparación integral de las mujeres víctimas de violencia por razones de género. En este documento, se especificó que si una mujer es víctima y presentó algún tipo de lesión, las autoridades brindarán ayuda inmediata en los siguientes rubros:

Hospitalización, material médico-quirúrgico, medicamentos, prótesis o demás instrumentos que la mujer requiera para una adecuada movilidad, honorarios médicos, análisis médicos, transporte y ambulancia, servicios de atención mental y servicios odontológicos reconstructivos.

En caso de ser víctima de un delito sexual, tendrá que recibir los servicios de interrupción legal del embarazo y atención inmediata para el ejercicio de los derechos sexuales, así como reproductivos.

Para los feminicidios y homicidios, se apoyará a las víctimas indirectas con los gastos funerarios que deban cubrirse por el fallecimiento de la víctima directa. Estos gastos incluirán transporte cuando el fallecimiento se haya producido en un lugar distinto a su lugar de origen o cuando sus familiares decidan inhumar su cuerpo en otro lugar.

En caso de que la víctima se encuentre en un lugar distinto al de su lugar de residencia y desee regresar al mismo, se pagarán los gastos correspondientes. También se deberán cubrir los gastos de los familiares de aquellas víctimas que se desplacen del lugar en el que se encuentran hacia otro lugar para los trámites de reconocimiento.

De forma gratuita se dará orientación jurídica y atención psicológica. Para todo esto se hará una entrevista inicial y se hará una valoración del caso y exploración de alternativas. Empero, si la mujer pertenece a pueblos o comunidades indígenas, se deberá contar con una persona intérprete.

En este documento también se abarcan las medidas de restitución, en el cual se puede leer que subsanarán económicamente las consecuencias del delito o la violación a derechos humanos, los cuales incluye:

La reparación del daño sufrido en la integridad física de la víctima, reparación del daño moral, resarcimiento de los perjuicios ocasionados, incluyendo el pago de los salarios o percepciones correspondientes, cuando por lesiones se causó incapacidad para trabajar. Pérdida de oportunidades, daños patrimoniales generados como consecuencia de delitos y pago en los gastos de transporte, alojamiento, comunicación o alimentación que le ocasione trasladarse al lugar del juicio o para asistir a su tratamiento.

Ibero Puebla advirtió sobre las deficiencias en la Comisión
La Comisión se instaló en el 2020 y dos años después, el Observatorio Con Los Ojos Abiertos, adherido a la Universidad Iberoamericana, campus Puebla, emitió un estudio en el que lamentó que pese a ser una de las áreas más importantes desde el Estado para garantizar la atención adecuada a las víctimas, no había resultados.

El Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral a Víctimas del Delito es un mecanismo establecido en la Ley de Víctimas que tiene como objetivo “brindar los recursos de ayuda, asistencia, atención y reparación integral de las víctimas del delito y las víctimas de violaciones a los derechos humanos, siguiendo criterios de transparencia, oportunidad, eficiencia y rendición de cuentas”.

La Ibero evidenció que no se han usado los recursos, pero también que no cuentan con reglas claras para su manejo. Incluso, a través de una solicitud de información que hizo el Observatorio, el organismo respondió que sus reglas “se encontraban en proceso de elaboración y validación por la autoridad administrativa competente”.

Esto generó un vacío legal importante, ya que en el Reglamento de la Ley de Víctimas del Estado, se indicó que estas reglas de operación delimitaban el funcionamiento del Fondo y deben incluir, entre otros aspectos “los tabuladores y conceptos a erogar con relación con las medidas de ayuda inmediata, de ayuda, medidas de asistencia y atención, medidas de reparación integral, y de compensación a las víctimas”.

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Cifras de víctimas inscritas
Este reporte dio a conocer que durante 2021 se inscribieron 866 personas en el Registro Estatal de Víctimas, de las cuales cinco fueron por violaciones a sus a derechos humanos y el resto por delitos del fuero común. Además, se precisó que dos de cada tres víctimas eran mujeres.

De las víctimas atendidas, 364 pertenecían a algún grupo en condiciones de vulnerabilidad: 223 menores de edad, 95 adultos mayores, 27 personas con discapacidad, 16 indígenas, tres periodistas, dos migrantes y una persona defensora de derechos humanos. También se detalló que las personas que ingresaron al REV en este periodo pertenecían a 93 municipios, principalmente Puebla (444), Amozoc (42), San Andrés Cholula (35), Cuautlancingo (25) y Atlixco (23).

La Ibero Puebla hizo un extrañamiento por la baja cantidad de casos de personas dadas de alta en el Registro que fueron víctimas de violaciones a sus derechos humanos. Si bien, las 866 personas eran candidatas a ser beneficiadas con los recursos del Fondo Estatal de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral a Víctimas, hasta el momento de este análisis, no habían recibido este tipo de apoyos.

Al día de hoy, se desconoce cuántas personas están inscritas en dicho registro, pero hay que recordar que, desde el 2019 y hasta abril del 2022, se tenían contabilizados 81 menores de edad que quedaron huérfanos en Puebla debido a que sus madres fueron víctimas de feminicidio. Hay un aproximado de 2 mil 393 personas desaparecidas y desde el 2015 y hasta noviembre del 2023, se han abierto 275 carpetas de investigación por el delito de feminicidio.

Desaprovechamiento de recursos en CEEAV
Entre los hallazgos que la Ibero encontró en esta investigación, que se realizó entre agosto de 2021 y abril de 2022, destacó la falta de aprovechamiento de recursos financieros, ya que la Secretaría de Planeación y Finanzas indicó que “a partir del Ejercicio Fiscal 2020” se presupuestaron recursos para este Fondo y que en ese año, se etiquetaron 14 millones 232 mil 671 pesos. Sin embargo, registró un subejercicio por arriba del 70 por ciento.

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Hay que recordar que este presupuesto fue definido previo a la toma de protesta de la exgobernadora Martha Erika Alonso, quien falleció días después de llegar al cargo, lo que derivó en una elección extraordinaria en el estado de Puebla, tras lo cual, en agosto de 2019, Luis Miguel Barbosa Huerta asumió el cargo.

Además, la Secretaría de Planeación y Finanzas indicó que dentro del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2021 se mantuvieron los 14 millones 232 mil 671 pesos para este fondo, sin ajustar siquiera el monto por inflación. Para ese año, hubo un subejercicio de más de 11.6 millones de pesos.

Al preguntarle a este dependencia el origen de los recursos para el FAARI, respondió que recursos destinados directamente por parte del gobierno del estado para este fn, enajenaciones de bienes decomisados, fianzas o garantías, reparaciones del año no reclamadas, aportaciones de personas físicas o morales, rendimientos de los recursos del propio fondo, multas y sanciones.

La conclusión de la Ibero para ese entonces fue la siguiente: “Todo lo anterior genera preocupación, ya que se tiene una bolsa de recursos que se podrían destinar a dar una mejor atención a las víctimas, pero que no está siendo usada, lo cual podría responder a la falta de las reglas de operación del fondo, pues al no tenerse claros los criterios para su ejercicio, se deja a la población en una situación de vulnerabilidad”.

Comisión, sin titular real desde su creación
El Observatorio también criticó que la Comisión “haya tenido cambios sustanciales” en puestos clave para el buen funcionamiento. Hay que recordar que no tuvo un titular real, hasta ahora con la administración del gobernador, Sergio Salomón Céspedes Peregrina.

Esto se debió a los cambios de mandatarios a raíz de la muerte de Martha Erika Alonso y la llegada de Miguel Barbosa Huerta.

Pero también, a raíz de una serie de irregularidades. Previo a la presente administración, solo habían tenido la titularidad encargados de despacho, como Miriam Itzel Chávez Gómez.

Esta última, fue separada del cargo luego de que Miriam Vázquez, madre que buscó acompañamiento en la búsqueda de sus tres hijas, quienes fueron sustraídas por su expareja, fue revictimizada y hasta abusada sexualmente por un servidor público.

“Ya ayer presentaron su renuncia diversas servidoras públicas de la Comisión de Víctimas. Ayer mismo, la encargada de despacho (Miriam Itzel Chávez Gómez) y todo el equipo este, que no fue capaz de acompañar a la señora Miriam en denunciar el abuso [y] el atropello (…) ya están fuera”, declaró Barbosa Huerta.

Agregó que Mario Ocelotl Gómez, asesor jurídico de la Comisión, quien, supuestamente y de acuerdo con el testimonio de Vázquez, fue responsable de vulnerar su integridad física y sexual, después de sedarla con una bebida desconocida, ya había sido despedido.

El actual comisionado es Germán Caporal Flores, quien llegó al puesto el pasado 6 de marzo del 2023 y fue el mismo mandatario, Céspedes Peregrina, quien encabezó su toma de protesta.