CIUDAD DE MÉXICO. – La Embajada de Estados Unidos en México emitió una alerta de seguridad dirigida a sus ciudadanos residentes y turistas en el país, con motivo del partido entre las selecciones de México e Inglaterra que se disputará este domingo 5 de julio en el Estadio Ciudad de México.

La representación diplomática, a cargo del embajador Ronald Johnson, señaló que el desarrollo del Mundial 2026 ha generado congregaciones masivas en estadios, plazas públicas y zonas de Fan Fest. Sin embargo, advirtió que los festejos recientes han escalado en situaciones de riesgo que ya han dejado saldos fatales.

«Los ciudadanos estadounidenses deben extremar las precauciones en grandes multitudes, ya que las aglomeraciones en recientes reuniones para ver eventos y celebraciones han provocado lesiones y muertes», puntualizó la embajada a través de un comunicado oficial.

El antecedente: Tragedia en el Ángel de la Independencia

La advertencia consular ocurre luego de los incidentes registrados tras el partido entre México y Ecuador el pasado martes 30 de junio. En esa ocasión, el Gobierno de la Ciudad de México reportó el fallecimiento de cuatro personas en las inmediaciones del Ángel de la Independencia, tres de ellas a causa de asfixia por sofocación debido al colapso de las multitudes durante los festejos.

Para el encuentro de este domingo, las autoridades capitalinas reportan un lleno total en el Zócalo de la Ciudad de México, donde se tiene previsto un concierto masivo al término del partido, lo que incrementará la concentración de personas en el primer cuadro de la ciudad.

Advertencia sobre marchas y participación política

Además de los riesgos por aglomeraciones, la delegación estadounidense alertó a sus connacionales sobre la coincidencia de eventos deportivos con diversas movilizaciones sociales. Desde el inicio de la justa mundialista, colectivos de madres buscadoras, gremios magisteriales y distintos grupos civiles han mantenido protestas activas en varios puntos del territorio nacional.

La embajada fue enfática al recordar las restricciones legales que tienen los visitantes extranjeros dentro del país:

«Unirse a manifestaciones consideradas políticas por las autoridades puede resultar en detención o deportación, ya que la ley mexicana prohíbe las actividades políticas de ciudadanos extranjeros», subrayó el documento.

Finalmente, la representación diplomática exhortó a la comunidad estadounidense a mantener una estricta «conciencia situacional», evitar los puntos de mayor concentración de personas y tomar las rutas de tránsito necesarias para garantizar su seguridad durante la jornada dominical.

Por: HC, ML, Val.

como la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analizan determinaciones que podrían abrir la puerta a la despenalización y legalización de la eutanasia y la muerte médicamente asistida.

La conversación fue reactivada por la iniciativa ciudadana ‘Ley Trasciende’, una propuesta que busca reconocer la eutanasia como un derecho constitucional y que toca fibras sensibles en los ámbitos ético, médico y jurídico bajo una premisa central: ¿quién debe decidir sobre el final de la vida y bajo qué condiciones?

Samara Martínez: El rostro detrás de la iniciativa

Para Samara Martínez, principal impulsora de la ‘Ley Trasciende’, el objetivo es otorgar a los pacientes con enfermedades terminales o discapacitantes la libertad de elegir cuándo y cómo morir, evitando la prolongación de dolores intratables.

“La dignidad no termina con la vida, la sostiene hasta el final”, sostiene Martínez.

Con 31 años de edad y una trayectoria académica, Martínez es paciente de lupus e insuficiencia renal crónica en etapa terminal. Tras dos trasplantes de riñón fallidos, hoy depende de una máquina de diálisis a la que debe conectarse diez horas al día para subsistir. A través de plataformas digitales y podcasts, ha viralizado su testimonio para exigir que el acceso a una muerte digna sea una realidad legal en todo el país.

¿Qué propone exactamente la ‘Ley Trasciende’?

El proyecto busca reformar diversas disposiciones de la Ley General de Salud para revertir la prohibición actual de la eutanasia y garantizarla como una opción médica legal y gratuita dentro del sistema público de salud.

Para lograrlo, la propuesta plantea derogar el artículo 166 Bis 21 —el cual prohíbe expresamente la eutanasia, definiéndola como “homicidio por piedad”, así como el suicidio asistido— e incorporar el nuevo Título Octavo Ter, denominado «Eutanasia».

Ejes fundamentales del proyecto de decreto:

• Criterios de elegibilidad: El procedimiento estará limitado a personas mayores de 18 años, en pleno uso de sus facultades mentales, con un diagnóstico irreversible, sin posibilidad de cura y confirmado por al menos dos médicos.
• Protocolo de solicitud: El trámite deberá ser libre, informado y formalizarse por escrito ante un notario público. El paciente contará con un periodo de reflexión de cinco días antes de ratificar su decisión.
• Voluntad anticipada por demencia: Regula la previsión para personas que anticipen la pérdida de sus capacidades cognitivas (como en casos de Alzheimer o demencias avanzadas), permitiéndoles designar a un gestor de su voluntad.
• Revocabilidad y cuidados paliativos: El solicitante podrá dar marcha atrás al proceso en cualquier momento sin necesidad de justificarlo. Asimismo, se garantiza que la solicitud de eutanasia no sustituye ni priva al paciente del derecho a recibir cuidados paliativos integrales.
• Objeción de conciencia: Permite que los profesionales de la salud se abstengan de participar por razones éticas o religiosas, pero obliga a las instituciones públicas a contar con personal no objetor y derivar al paciente en un máximo de 48 horas.

Eutanasia, suicidio asistido y voluntad anticipada: Las diferencias

Uno de los principales retos en la discusión pública es la confusión conceptual entre los mecanismos de fin de vida, los cuales poseen implicaciones jurídicas radicalmente distintas:

Un tablero de apoyos y resistencias estructurales

A pesar de encontrarse temporalmente congelada en las comisiones del Senado, la ‘Ley Trasciende’ ha polarizado a los diferentes sectores de la sociedad mexicana.

Los respaldos

En el plano legislativo, la iniciativa cuenta con el apoyo transversal de legisladores de distintas bancadas, como Claudia Edith Anaya (PRI), Lilia Margarita Valdez (Morena), Geovanna Bañuelos (PT) y Luis Donaldo Colosio Riojas (Movimiento Ciudadano). En el ámbito civil, colectivos como Muerte Digna, ¡Ya! y la asociación Por el Derecho a Morir con Dignidad A.C. cobijan la propuesta técnica y operan como plataformas de difusión.

Las resistencias

En la acera opuesta, el sector médico especializado ha mostrado reservas. El Colegio Mexicano de Cuidados Paliativos y de Soporte enfatizó que la prioridad del sistema de salud pública debe ser el fortalecimiento de la medicina del dolor y el acompañamiento antes de legislar cualquier intervención activa de muerte.

Por su parte, organizaciones como Red Familia señalaron que la propuesta debilita la protección jurídica del derecho a la vida. Desde la perspectiva religiosa, la Arquidiócesis Primada de México, a través de su editorial Desde la Fe, rechazó la iniciativa argumentando que la respuesta al sufrimiento humano debe ser el acompañamiento integral y no el fin de la existencia.

La vía judicial: El histórico amparo en la Suprema Corte

Mientras el debate legislativo permanece pausado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación abrió una vía jurídica sin precedentes. El Pleno del máximo tribunal acordó atraer el amparo en revisión 147/2026, promovido por una tanatóloga diagnosticada en dos ocasiones con cáncer de mama.

La quejosa impugnó los artículos de la Ley General de Salud que penalizan el procedimiento, argumentando que violan su derecho a decidir de forma autónoma sobre el cierre de su vida. Aunque la atracción del caso no implica la legalización automática de la eutanasia, el fallo de los ministros sentará el primer precedente constitucional sobre la materia en la historia del país.

Para Samara Martínez, la intervención de la Corte representa un triunfo histórico y un llamado directo a los legisladores: «El derecho a morir con dignidad no debe ser el privilegio de una sola persona mediante un amparo, sino una garantía accesible para todos los mexicanos que lo necesiten», concluyó.

La hermana de Óscar Guillermo Juraidini Silva, sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por ser un operador del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el contrabando de combustible, funge actualmente como funcionaria de la Aduana de Matamoros, por donde habrían ingresado ilegalmente millones de litros al país.

De acuerdo con información de Nómina Transparente y Declaranet, Analee de Jesús Juraidini Silva labora desde agosto de 2019 como Jefa de Departamento de Trámites y Asuntos Legales de la Aduana de Matamoros.

Se trata del mismo cargo que, según sus propias declaraciones, ostentaba hasta 2022 Carlos Eugenio Benítez Orta, quien de acuerdo con fuentes consultadas por REFORMA facilitaba desde la Aduana de Matamoros el cruce de pipas cargadas de huachicol de la red de Juraidini por el puente internacional Ignacio Zaragoza-Los Tomates. Benítez Orta fue detenido en Texas y extraditado a México a inicios de junio.

El pasado 30 de junio, el Departamento del Tesoro incluyó a Juraidini Silva y a varias empresas transportistas bajo su control en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) por formar parte de una red de huachicol fiscal que dejó ganancias por decenas de millones de dólares al CJNG en los últimos años. Las autoridades estadounidenses consideran a Juraidini como “la mente maestra” detrás de varias operaciones financieras del cartel.

Fuentes consultadas por MCCI sostienen que Juraidini Silva controlaba los puentes fronterizos de Los Indios y Los Tomates en Matamoros.

En esa misma aduana, la hermana de Óscar Juraidini llegó a tener bajo su control la operación del sistema SICOBI (Sistema de Control de Bienes de Comercio Exterior Embargados o en Abandono), utilizado por las autoridades aduaneras para registrar y rastrear el estatus legal y destino final de las mercancías embargadas por el SAT, de acuerdo con sus declaraciones patrimoniales de 2020 y 2021.

De acuerdo con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, los cárteles utilizan las ganancias obtenidas del huachicol fiscal para financiar campañas de políticos corruptos dispuestos a ceder puestos administrativos clave en el gobierno que faciliten las operaciones de contrabando de combustible.

Analee de Jesús Juraidini Silva aparece en la última nómina vigente publicada en el sitio Nómina Transparente, correspondiente al 15 de junio, con un sueldo bruto mensual de 30 mil 890 pesos.

Benítez Orta, el funcionario detenido en Texas y extraditado al Penal del Altiplano por delincuencia organizada, laboró desde el 2008 en el SAT y posteriormente, desde el 2024, en la Agencia Nacional de Aduanas de México.

En la ANAM se desempeñó como Jefe de Departamento de Trámites y Asuntos Legales de la Aduana de Matamoros –el mismo cargo que ostenta la hermana de Óscar Juraidini– y desde el 2023 como Subdirector con la función de supervisión de verificadores para el reconocimiento aduanero y elaboración de actas de Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera (PAMA), que la autoridad elabora cuando se detectan irregularidades en importaciones y exportaciones y donde se formaliza el embargo de mercancías.

Aunque fue detenido el pasado 12 de junio, Benítez Orta aún aparece en nómina, con el cargo de Subadministrador de Operación Aduanera, con un sueldo bruto mensual de casi 45 mil pesos.
Esta no es la primera vez que familiares de presuntos miembros del crimen organizado infiltran las aduanas del país.

Julio César Carmona Angulo, hermano del ultimado Sergio Carmona Angulo, conocido como “el Rey del Huachicol”, fue nombrado administrador de la aduana de Reynosa en 2019, al inicio del gobierno del expresidente López Obrador.

MCCI publicó ayer que el gobierno de Rubén Rocha Moya en Sinaloa transfirió fondos a Ahavat Logistics Solution, una de las empresas identificadas por el Departamento del Tesoro como parte de la red de lavado de dinero vinculada al contrabando de combustible (huachicol fiscal) del CJNG, por la que fue sancionado J. Refugio Ruiz Villagómez y Óscar Guillermo Juraidini Silva.
Autoridades incautaron pipas de Juraidini en 2025

El 13 de marzo de 2025, Óscar Juraidini presentó una demanda de amparo para exigir la devolución de dos tractocamiones y dos semirremolques con combustible que fueron incautados por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) durante un operativo donde también se detuvieron a dos personas en el municipio de China, Nuevo León, el 15 de febrero de ese año.

Por estos hechos, la Fiscalía General de la República (FGR) abrió la carpeta de investigación FED/NL/CHN/0000526/2025 por el delito de transporte ilícito de hidrocarburo.

El 18 de febrero, un juez de control calificó la detención de las dos personas como ilegal y días después dictó auto de no vinculación a proceso y el sobreseimiento total de la causa. El expediente público disponible en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes del Órgano de Administración Judicial (OAJ) no establece los motivos por los que el juez calificó de ilegal la detención de ambos sujetos ni cuál era su rol.

Fue por esto que tras acreditar la propiedad de ambos vehículos y del combustible que transportaban, el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal en Nuevo León concedió el amparo, ordenando a la FGR regresar los dos tractocamiones y semirremolques a Juraidini.

En enero de este año, Óscar Juraidini presentó otra demanda de amparo contra una orden de aprehensión. Tras ser admitida por el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Penal en Nuevo León, el juez solicitó a Juraidini precisar con exactitud los hechos y autoridades a las que atribuía la orden de aprehensión. Sin embargo, Juraidini no dio respuesta, por lo que la demanda terminó siendo desechada.