Con el objetivo de establecer la revocación de mandato de la persona titular de la gubernatura, diputaciones locales y presidencias municipales como un mecanismo de participación ciudadana, el diputado José Miguel Octaviano Huerta Rodríguez presentó una iniciativa por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado.

En sesión ordinaria de la LXI Legislatura del Congreso del Estado, el diputado señaló que es necesario establecer en la Constitución local el derecho ciudadano a solicitar la revocación de mandato de la persona titular del Poder Ejecutivo local, el de las y los diputados, así como de presidentes municipales e integrantes del Ayuntamiento, por tener un mandato popular.

La propuesta legislativa indica que la revocación de mandato podrá ser solicitada por el 5 por ciento de ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, distribuidos en las dos terceras partes de los distritos o secciones electorales de la demarcación territorial que corresponda; este proceso podrá solicitarse dentro de los primeros 120 días de la segunda mitad del periodo constitucional; y la votación debe llevarse a cabo a más tardar 120 días posteriores a la declaratoria de procedencia de la solicitud que emita la autoridad electoral.

Además, para la validez del procedimiento de revocación de mandato deberán participar por lo menos el 40 por ciento de los ciudadanos inscritos en el listado nominal de electores del ámbito respectivo y que de esta cifra el 60 por ciento se manifieste a favor de la revocación; la iniciativa precisa que la revocación del mandato no dará lugar a compensación, indemnización, ni pago de emolumento alguno a favor del servidor público sujeto a este mecanismo.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su estudio y resolución procedente.

Por otra parte, la diputada Guadalupe Yamak Taja presentó una iniciativa de reforma a los artículos 15 y 21 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Puebla con el objetivo de vincular a la ciudadanía en las acciones para el cumplimiento de dicha norma, a través del Comité́ Estatal de Participación Ciudadana.

La propuesta legislativa fue enviada a la Comisión de Participación Ciudadana y Combate a la Corrupción para su estudio y resolución procedente.

El diputado José Antonio López Ruiz presentó una iniciativa de reforma a diversas disposiciones de la Ley Orgánica Municipal, para establecer que es atribución de los Ayuntamientos, en materia de seguridad pública, fomentar el uso de nuevas tecnologías de la información, para contar con sistemas de datos que permitan el mejor desempeño de su función, así como fortalecer la confianza de la ciudadanía en las instituciones policiales.

La iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y Asuntos Municipales para su análisis y dictaminación correspondiente.

Por su parte, el diputado Carlos Navarro Corro presentó una iniciativa de reforma al artículo 32 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla, con el objetivo de establecer que a la Secretaría de Gobernación le corresponde garantizar el derecho a la igualdad y al libre desarrollo de la personalidad, a través de la creación, organización y atención de centros de protección de identidad sexual, que en conjunto con dependencias y entidades de la administración, presten atención integral y refugio temporal a las personas que se identifiquen con una orientación sexual diversa.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Gobernación para su estudio y resolución procedente.

El diputado Iván Herrera Villagómez presentó una iniciativa para reformar el artículo 209 del Código Penal del Estado, a fin de elevar las penas aplicables a quien, requerido por la autoridad, no proporcione la información de que disponga para la investigación de un delito, o para la detención o aprehensión del probable responsable, las sanciones propuestas van de dos a cinco años de prisión.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su estudio y resolución.
Finalmente, el diputado Oswaldo Jiménez López presentó una iniciativa para modificar el artículo 474 Quinquies del Código Penal del Estado, con el objetivo de establecer sanciones de seis meses a dos años de prisión y multa de 100 a 500 Unidades de Medida y Actualización, a quien abandone a un animal de compañía, que se encuentre bajo su responsabilidad y cuidado, en condiciones en las que pueda peligrar su vida o integridad.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su estudio y resolución procedente.