El Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en Puebla negó la cuarta suspensión provisional del amparo 362/2026, promovido por el Colectivo Hermanos Serdán, que busca frenar diversos actos relacionados con el Cablebús en la capital poblana.

De acuerdo con el documento difundido el 30 de junio, el juez resolvió que conceder la medida cautelar implicaría otorgar un beneficio definitivo y no temporal, por lo que determinó negar la suspensión solicitada.

Tras la negación de la cuarta suspensión provisional en el amparo contra el Cablebús en Puebla, el juzgado abrió el incidente de suspensión. Además, fijó para el 6 de julio de 2026, a las 10:55 horas, una audiencia incidental. En esta comparecencia, llevarán a cabo el análisis de la procedencia de la suspensión definitiva.

Buscan frenar decisiones sobre áreas verdes y desarrollo urbano
En la ampliación de la demanda, el Colectivo Hermanos Serdán solicitó que diversas autoridades, entre ellas el Congreso del Estado, el ayuntamiento de Puebla, el Consejo Municipal de Desarrollo Urbano y Vivienda y el Cabildo, se abstengan de aprobar o promover acciones relacionadas con:

La desincorporación de parques, áreas verdes y espacios públicos.
Cambios de uso de suelo en espacios públicos.
Modificaciones a la Carta Urbana, el Programa de Desarrollo Urbano y el Plan Municipal de Desarrollo.
Acciones vinculadas con la participación pública en materia ambiental, conforme al Acuerdo de Escazú.
Sin embargo, el juez consideró que acceder a esas peticiones equivaldría a resolver de fondo el juicio de amparo antes de emitir sentencia.

Los integrantes del Colectivo Hermanos Serdán informaron que ampliaron por tercera ocasión el juicio de amparo. Lo anterior, debido a la incorporación de nuevos actos reclamados y autoridades, derivado de información obtenida durante el desarrollo del litigio. Asimismo, señalaron que dentro del proceso promovieron cuatro incidentes de suspensión.

Explicaron que en el primero lograron obtener una suspensión provisional mediante un recurso de queja para proteger el arbolado urbano. Sin embargo, esta quedó sin efectos cuando se negó la suspensión definitiva, bajo el argumento de que no existía una intervención inminente sobre los árboles.

Respecto a los incidentes posteriores, indicaron que, aunque los tribunales colegiados confirmaron la negativa de las suspensiones provisionales, también señalaron deficiencias en la fundamentación utilizada por el juez de Distrito para resolver las solicitudes cautelares.

Por ahora, el juicio de amparo continúa su curso y será el 6 de julio cuando se lleve a cabo la audiencia incidental para determinar si procede o no la suspensión definitiva solicitada por los promoventes.

A partir del próximo ciclo escolar, escuelas primarias y centros escolares de Puebla ofrecerán productos de la marca Puebla Cinco de Mayo en sus cooperativas, como parte del programa “Sabor a Puebla”, una estrategia que busca reemplazar la comida chatarra por alimentos elaborados por productores locales.

El secretario de Desarrollo Económico y Trabajo, Víctor Gabriel Chedraui, informó que el proyecto comenzará en agosto, coincidiendo con el regreso a clases, y se pretende llegar a 200 escuelas.

Afirmó que cuenta con la autorización de la Secretaría de Educación Pública (SEP), además del respaldo de la Secretaría de Salud para garantizar que los productos cumplan con los criterios nutricionales establecidos para el consumo de niñas y niños.

Un juez dictó auto de formal prisión contra Francesca Marilisa N., propietaria de la cadena de cafeterías Topolino, acusada del delito de secuestro en agravio de su entonces pareja sentimental, en hechos ocurridos en 2014. La mujer fue detenida en Atlixco, 12 años después del caso, informaron fuentes cercanas a la investigación.

De acuerdo con la información la captura de quien también fue regidora suplente del Ayuntamiento de San Gregorio Atzompa se concretó el pasado 10 de junio en el municipio de Atlixco.

La aprehensión fue realizada por agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) cuando Francesca acudió a una diligencia relacionada con un juicio por pensión alimenticia promovido por una expareja sentimental.