Las colectivas Madres Viviendo Violencia Vicaría y el Frente Poblano de Mujeres Contra Deudores Alimentarios advirtieron que violentadores de mujeres e infancias usan su poder económico para evadir la justicia; expusieron el caso de Abigail N, quien con medidas de protección enfrenta un proceso legal irregular y sumido en la violencia institucional.

En un comunicado se pronunciaron por el caso de Abigail N, quien ha denunciado que los procesos legales contra su expareja al que ha acusado de violencia sexual, vicaria y económica han sido desestimados, incluso ha sido intimidada por la propia Fiscalía General del Estado.

Las colectivas se dijeron temerosas de que la madre sobreviviente de violencia en todas sus formas siga además violentada institucionalmente, pues los tres juicios familiares en su contra a la fecha no tienen sentencias y se van alargando sin razón aparente.

“Hago un llamado al Poder Judicial y al fiscal para que dejen de proteger a mi agresor”, sostuvo la madre en entrevista con este medio.

Describió que su violentador es un empresario de la industria automotriz en el estado de Puebla, el cual se ha visto beneficiado judicialmente al tener el poder económico, además de un capital social, múltiples contactos y relaciones de los que siempre hizo gala.

Pidió al Juzgado Primero de lo Familiar hacer valer los derechos de sus hijos y llamó a que su proceso se haga con una perspectiva de infancia y adolescencia y se haga valer el interés superior de los niños y adolescentes, que en su caso han crecido sin tener una justicia pronta y expedita.

Sostuvo que su carpeta iniciada en un proceso penal ha estado detenida por más de 2 años, razón por la que recurrió a la denuncia mediática. Precisó que la violencia institucional ha sido brutal, pues a la carpeta iniciada que primero se habría reportado como perdida, ha presentado luego cambios en la información, omisiones importantes y olvidos como que hay menores de edad involucrados.

Abigail N sostiene que su expareja se ha valido de argucias legales para no pagar una pensión provisional interpuesta desde septiembre de 2022 en un juzgado de oralidad de Cholula. Durante el proceso tuvo 3 audiencias que fueron aplazadas.

Describió que a pesar de que el proceso inició desde 2022, al empresario no se le notificó hasta el mes de mayo de 2023 por malas actuaciones de la secretaria de acuerdos del juzgado de oralidad y por el abogado entonces nombrado.

“Hasta el día de hoy él no se presenta a dichas audiencias y en su representación manda terceras personas”, acusó.

Dijo que actualmente, aunque está llamado a presentarse cumpliendo con cada una de las obligaciones legales que se le impone en juzgados, se le beneficia para no presentarse argumentando estar enfermo, presentando documentación (como incapacidades por el IMSS) servicio social del cual nunca fue usuario.

Se presenta como empleado cuando es empresario
La madre que vive violencia vicaria sostuvo que el violentador también la somete a violencia económica, acusa que su expareja ha buscado busca bajar la pensión perjudicando a sus tres hijos.

Dijo que a través de sus abogados se presenta como empleado cuando ya se ha demostrado que tiene el poder legal y económico por ser empresario que cuenta con acciones dentro de 2 empresas, una de ella de la rama automotriz y otra rama de la construcción.

“Le ha quitado a nuestros hijos todos los beneficios que por ley les corresponden como tener una educación, servicios médicos y hace como todo violentador depósitos miserables para protegerse legalmente, y no son de buena voluntad. Piensa que 3 hijos van a vivir con 3 mil 300 pesos mensuales, cuando uno de ellos tiene una discapacidad grave, que requiere de servicios y de atención específica que su alimentación debe de ser mejor y más sana”.

Abigail N acusó que durante 28 meses, su expareja ha dilapidado bienes y ha puesto a nombre de su hermano y su familia, quienes han sido partícipes para que se compruebe y presente sin capacidad para pagar una pensión y violentar económicamente de diferentes formas a sus hijos.

Narró que el empresario ha acudido al IMSS para realizar un trámite relativo a su hijo con discapacidad severa, falseando datos, aunque Abigail ha solicitado la revisión de los documentos le han negado en cualquier acercamiento.

“A la fecha no sé qué alcance tenga este trámite. El IMSS sostiene que ese documento es ‘raro’ por su contenido. Temo que esta sea una más de las argucias a las que nos ha sometido”.

Asegura que no conoce cuántos documentos existen que pudieran ser falsos y qué otras irregularidades existan en dichos trámites que involucran a su hijo. “Esta es una situación muy grave, porque es una dependencia de gobierno”, acotó.

Colectivas piden revisión del caso
Como Abigail N., las colectivas hicieron un llamado a autoridades para que se detenga la violencia institucional. Pidieron al Consejo de la Judicatura para que revise y tome acciones legales contundentes en el proceso.

Al IMSS y la delegación en Puebla para que el expediente del niño con discapacidad sea revisado, pues el expediente que se realizó con inconsistencias y datos falsos, a fin de que el documento sea transparentado y sea evidente la violación del progenitor hacia su hijo con comorbilidades severas.

Pidieron al DIF Estatal intervenga en apoyo a los niños por medio del procurador de la Niñez, quien ha conocido el caso que calificaron como “muy grave”.

Vive vigilada y en angustia
Abigail N que cuenta con dos medidas de protección dictadas por el Juzgado de lo Familiar y por la FGE ante el riesgo evaluado, asegura que ella y sus hijos viven en angustia y con miedo fundado por las amenazas de su expareja y padre de sus hijos.

“Este proceso al que nos han sometido ha deteriorado significativamente la salud de nuestros hijos, vivimos con el temor de que algo nos suceda, han entrado a la casa donde habito para sustraer documentos personales”.

“Vivo vigilada en el fraccionamiento donde ahora resido, ya que él y su familia tienen acceso a estas cámaras, aunque no viven aquí, soy acosada y vigilada por vecinos por la difamación que él y su familia han realizado en mi contra y no sólo en este fraccionamiento, también en el anterior”, reveló.

Las voceras de ambas colectivas emitieron un pronunciamiento en el que sostienen que existe desconocimiento sobre la violencia vicaria, no sólo entre las víctimas, sino, lo que es más grave aún, al interior de los organismos e instituciones destinados a la prevención, atención, sanción y erradicación de toda forma de violencia en contra de las mujeres, así como los órganos de impartición de justicia.

“Este caso hace evidente que dicho desconocimiento se suma a la violencia institucional, haciendo aún más difícil cada proceso para las víctimas”.

Sostienen que aún no se dimensiona el alcance de la violencia económica y como ésta es y ha sido un mecanismo de control y de ejercicio de poder en contra de las madres, quienes se ven prácticamente impedidas para continuar exigiendo su derecho y el de sus hijas e hijos, a vivir una vida libre de violencia. (MIG)