La bancada de Morena en la Cámara de Diputados presentará esta misma tarde una iniciativa de reforma para recortar más de 20 mil millones de pesos al Poder Judicial, a través de la extinción de 13 de sus 14 fideicomisos, a fin de que “todas las disponibilidades que en existan en estos fondos y fideicomisos, se reintegren a las finanzas del Estado mexicano”.

La propuesta del coordinador guinda en San Lázaro, Ignacio Mier, plantea expedir la ley orgánica del poder judicial de la federación en materia de fondos y fideicomisos.

En su exposición de motivos, Mier Velazco explica que México se encuentra en un momento de “refundación institucional”, motivo por el que, además de la independencia, autonomía, imparcialidad, eficacia, y rendición de cuentas, el Poder Judicial está obligado a aplicar la austeridad “para ser un buen sistema”.

“Sin embargo, los dos elementos restantes, la rendición de cuentas y la austeridad, constituyen aún pendientes importantes por lograr. En materia de austeridad, el avance es casi completamente nulo, y la falta combinada de avances en estas materias, está generando una percepción negativa en la sociedad respecto al Poder Judicial, agraviada por una cultura generalizada de excesos que ya no encuentra fácil de tolerar”, señala el legislador.

Ignacio Mier denuncia en su propuesta que los ministros del Poder Judicial reciben por su sueldo mensual un total de 297 mil 403.77 pesos, por concepto de aguinaldo otros 586 mil 092.53 pesos, por su prima vacacional otros 95 mil 474.68 pesos, además de otros 60 mil 307.52 mensuales para gastos de alimentación, que en total suman 723,690.24 pesos al año, sin contar el “Pago por Riesgo de trabajo a cada ministro que es de 640,372.31 pesos y se les entrega cada año en el mes de junio”.
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Agregó que otras prestaciones para los ministros, también incluyen a su familia, por ejemplo: “El “Apoyo para Medicamentos”, en el que se incluye al ministro/a y a su cónyuge es de 188,099 pesos cada año, y el “Apoyo de lentes” que contempla a los ministros, sus cónyuges e hijos, es de 3,100 pesos anuales para cada uno de los integrantes de la familia”.

También acusó la entrega de recursos para contratación de personal en la oficina de cada ministro que contempla el otorgamiento de 5 millones 540 mil 930.32 pesos mensuales; un “estímulo por antigüedad” de mil pesos mensuales; un “Pago de defunción” por un millón 189 mil 615.08 pesos; 30 mil pesos de “Ayuda de gastos funerales”; “Seguro de Vida” por 12 millones de pesos; “Seguro de Gastos Médicos” por 30 millones de pesos; “Seguro de Separación Individualizado” que puede ser de un 2%, 4%, 5% o 10% del sueldo del ministro y en el que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) abona el doble con cual al cabo de 15 años que dura la gestión de los integrantes de la Corte pueden acumular hasta 20 millones de pesos para su retiro.

Por lo anterior, la propone que únicamente se conserven los fondos y fideicomisos previstos por la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y se extingan aquellos mandatos que se hayan constituido y desarrollado fuera del amparo de dicha ley.

Lo anterior representa que solo uno de los 14 fideicomisos quede vigente, siendo este “el Fondo de Apoyo para la Administración de Justicia” del Consejo de la Judicatura Federal, que cuenta con 727 millones 411 mil 587 pesos, mientras que los 19 mil 789 millones de pesos que restan en los otros 13 fideicomisos “deberán reintegrarse a la Tesorería de la Federación”.

Se agrega que, a sabiendas de que algunos de estos fideicomisos resguardan recursos para el pago de pensiones y otras prestaciones laborales que conforman derechos adquiridos, “los actos de extinción de estos mandatos jurídicos deberán respetar los compromisos contractuales de los mismos y respetar los derechos que se hayan generado, cubriéndose los montos que correspondan con cargo a los propios fideicomisos”.

Por lo tanto, “una vez solventados dichos compromisos, los recursos federales remanentes, incluyendo los productos y rendimientos que hayan generado a lo largo de los años, generando ahorros financiados por el presupuesto público, también deberán reintegrarse a la Tesorería de la Federación”.

La iniciativa ya fue publicada en la gaceta parlamentaria y será anunciada esta misma tarde.

Recorte a jueces causará 8 años de retroceso
El recorte presupuestal que diversos diputados de Morena han planteado al Poder Judicial, por 25 mil millones de pesos, llevaría a un retroceso de ocho años, colocando a México en el escenario que existía en 2015.

De acuerdo con un análisis realizado a los presupuestos y al ejercicio del gasto, dicha reducción implica que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) pasen de recibir 78 mil 544 millones de pesos en 2023, a 53 mil 544 millones en 2024 en su conjunto, cifra similar a la que les fue asignada en 2015, cuando obtuvieron 51 mil 769 millones.

Desde aquella fecha (2015) hasta entonces, las capacidades institucionales del Poder Judicial crecieron a la par de su presupuesto; sin embargo, dicho recorte de 32% al monto que recibieron en 2023 implica regresar a aquel escenario, lo que representa desaparecer 63% de los juzgados de distrito y 69% de los tribunales colegiados de circuito en todo el país.