La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) implementó la obligatoriedad de vincular todas las líneas de telefonía celular activas en el país con la Clave Única de Registro de Población (CURP). El trámite, diseñado de carácter gratuito tanto para usuarios de modalidad prepago como pospago, tiene como objetivo asociar los números telefónicos con la identidad oficial del titular.

Para verificar el estado de la línea, la dependencia habilitó el portal electrónico portal.crt.gob.mx/gestion-de-lineas-telefonicas-moviles. Los usuarios deben seleccionar su compañía proveedora, ingresar su CURP de 18 caracteres y resolver la validación de seguridad para consultar el estatus. Compañías como Telcel, AT&T, Unefon y Movistar también integraron la herramienta en sus plataformas digitales directas.

El trámite requiere contar con una identificación oficial vigente, una CURP certificada por el Registro Civil y un dispositivo equipado con cámara para completar un proceso de verificación facial. Aquellas personas que realizaron la vinculación con anterioridad cuentan con un número de folio enviado por mensaje de texto o correo electrónico para cualquier aclaración posterior.

Con la finalidad de evitar saturaciones en el sistema, la CRT fijó un calendario de vencimientos escalonados según el último dígito del número telefónico. Los límites quedaron establecidos de la siguiente forma:

• Terminación 0: 15 de agosto
• Terminación 1: 31 de agosto
• Terminación 2 y 3: 15 de septiembre
• Terminación 4: 15 de octubre
• Terminación 5: 31 de octubre
• Terminación 6: 15 de noviembre
• Terminación 7: 30 de noviembre
• Terminación 8: 15 de diciembre
• Terminación 9: 31 de diciembre

Las autoridades recomendaron a la ciudadanía realizar el procedimiento dentro de los plazos fijados de acuerdo a la terminación de su número para prevenir la suspensión temporal de los servicios de llamadas y datos móviles.

PUEBLA, PUE. — El Cabildo del Ayuntamiento de Puebla aprobó por unanimidad de votos la edificación de nueve viviendas destinadas a familias damnificadas por la explosión provocada por una toma clandestina de gas LP en la junta auxiliar de San Pablo Xochimehuacan, ocurrida el 31 de octubre de 2021. El acuerdo busca dar cumplimiento formal a la recomendación 169/2023 emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a fin de reparar el daño patrimonial a los afectados.

Durante la sesión ordinaria, la Sindicatura Municipal recordó que el siniestro dejó un saldo de cinco personas fallecidas, 11 lesionadas y más de dos mil habitantes evacuados, además de la destrucción total de múltiples inmuebles. Las nueve casas aprobadas por el cuerpo edilicio se integrarán al paquete de 50 inmuebles que entregó la administración estatal en 2022. Aunque proyectos previos contemplaban la colonia San Aparicio Las Fuentes como la zona para la edificación de las viviendas de dos plantas, las autoridades municipales vigentes no dieron a conocer el monto de inversión asignado ni los plazos definitivos de ejecución.

En la misma sesión de Cabildo, los regidores avalaron la exención de diversos cobros municipales a los beneficiarios del programa Vivienda para el Bienestar. La medida contempla apoyos fiscales para eliminar el costo de licencias de uso de suelo, dictámenes de impacto ambiental, alineamiento, asignación de número oficial y certificaciones de integración vial, facilitando el desarrollo de los complejos proyectados en el municipio.

La iniciativa gubernamental contempla la meta total de construir mil 344 soluciones habitacionales en la capital poblana, repartidas entre la colonia Lomas de San Miguel y la zona de Villa Verde. Durante el debate legislativo local, las bancadas abordaron además el presupuesto del estado financiero de la comuna, aprobando por mayoría los dictámenes correspondientes tras saldar discrepancias sobre las partidas asignadas a la comunicación social y las inversiones en infraestructura del municipio.

CIUDAD DE MÉXICO. – La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) destacó el papel prioritario del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, consolidándolo como un actor clave en la estrategia binacional contra las organizaciones del crimen organizado.

El reconocimiento antinarcóticos resalta el nivel de coordinación y el intercambio de inteligencia institucional que se ha mantenido entre las agencias de ambos países. Las autoridades estadounidenses manifestaron que la labor conjunta busca desmantelar las estructuras financieras y operativas del narcotráfico que impactan la región fronteriza.

Asimismo, la postura de la agencia estadounidense enfatiza la importancia de dar continuidad a las investigaciones estratégicas y a los operativos de contención del tráfico de sustancias ilícitas. La estrecha relación en materia de seguridad se mantiene como uno de los ejes centrales de la agenda bilateral entre México y Estados Unidos.