En sesión ordinaria de la LXI Legislatura del Congreso del Estado se dio cuenta de la iniciativa de la diputada Ruth Zárate Domínguez, quien propuso reformas a diversos ordenamientos estatales con la intención de crear el Registro Estatal de Personas Agresoras Sexuales y Violentadoras de Género.
Las reformas propuestas fueron a diversas disposiciones del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla, de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Puebla y de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Puebla, mismas que se turnaron para su análisis y resolución procedente a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia.
La legisladora explicó que la iniciativa es para el control y registro de las personas sentenciadas por delitos de naturaleza sexual y violencia de género, lo anterior, con fines de prevención y protección de mujeres, niñas, niños y adolescentes, todo ello con el objetivo de combatir los incrementos alarmantes de violencia hacia estos grupos vulnerables en la entidad.
Sostuvo que se deben reformar todas y cada una de las Leyes que contengan disposiciones relacionadas con conductas y/o delitos de naturaleza sexual y violentadoras de género.
En otro momento de la sesión, las y los diputados del Congreso del Estado recibieron la iniciativa de la diputada Azucena Rosas Tapia, por la que se reforma la fracción VIII del artículo 2; la fracción VII del 6, la fracción I del 56; se adiciona un segundo párrafo al artículo 74; y se deroga la fracción VIII al artículo 6 de la Ley Estatal de Salud.
Al hacer uso de la palabra, explicó que esta reforma es con la intención de que se reconozca y se pueda regular o normalizar el trabajo que realizan las parteras tradicionales en el Estado. La iniciativa fue turnada a la Comisión de Salud para su análisis y resolución procedente.
Como parte del orden del día, la diputada Eliana Angélica Cervantes González expuso a nombre de las y los legisladores Carlos Alberto Evangelista Aniceto, Daniela Mier Bañuelos, José Iván Herrera Villagómez y María Yolanda Gámez Mendoza, la iniciativa para la atención materno-infantil para que en caso de muerte perinatal o neonatal, la madre tenga derecho a atención médica integral durante el puerperio, en donde se le brindará atención física y psicológica para vivir y superar su duelo, respetando en todo momento su dignidad como persona.
Asimismo, que se activen los protocolos correspondientes a fin de otorgar a la madre toda la información necesaria que le permita la donación de leche materna en áreas específicas, respetando en todo momento su voluntad y sus derechos humanos y, entre otras cosas, que la madre tenga derecho a licencia para recuperarse de este proceso.
Para ello se plantearon diversas disposiciones de la Ley Estatal de Salud; y se adiciona un párrafo segundo al artículo 26 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado. La iniciativa se turnó a la Comisión de Salud para su análisis y resolución correspondiente.
También en el orden del día, la diputada Jocelyn Olivares López propuso realizar reformas a diversas disposiciones de la Ley que Establece los Procedimientos de Entrega – Recepción en los Poderes Públicos, Ayuntamientos, Órganos Constitucionalmente Autónomos y Públicos Paraestatales de la Administración Pública del Estado de Puebla.
Lo anterior, con la intención de que los procesos de entrega-recepción se realicen con un enfoque de respeto, orden y equidad para todas las personas servidoras públicas del estado y sean con un adecuado desarrollo de procedimiento, correcta interpretación y aplicación.
La iniciativa se turnó a la Comisión de Control, Vigilancia y Evaluación de la Auditoría Superior del Estado para su análisis y resolución procedente.
Finalmente, como parte del orden del día se dio turno a la iniciativa que presentó la diputada Karla Rodríguez Palacios por la que se reforman las fracciones III del artículo 33, la III del 130 y la I del 162, los artículos 170, 171, el acápite y las fracciones I a VI del 172, el 174, el 175 y la denominación del Título Décimo de la Ley Estatal de Salud.
Lo anterior, con la intención de cambiar la denominación invalidez por discapacidad dentro de este ordenamiento. La iniciativa fue turnada a la Comisión de Salud para su análisis y resolución procedente.
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