México se enfrenta a una realidad que indigna a la ciudadanía: las pensiones vitalicias millonarias que reciben exfuncionarios públicos de alto nivel. Estas “pensiones doradas”, como se les conoce popularmente, representan una sangría para las finanzas públicas y un agravio para los trabajadores que cotizan toda su vida para obtener una pensión digna. Muchas, por cierto, no llegan ni a los diez mil pesos mensuales.

El caso de José Ángel Gurría Treviño es paradigmático. Desde 1994, este exfuncionario recibe una pensión vitalicia de aproximadamente 120,000 pesos mensuales. Lo más escandaloso es que Gurría se jubiló a los 43 años de edad, tras ocupar el cargo de director general de Nacional Financiera (Nafinsa) por ¡solo once meses! El señor hizo el negocio de su vida.
Pero Gurría no es el único beneficiario de este sistema corrupto. En la Comisión Federal de Electricidad (CFE), hay personas que cobran cantidades de escándalo mensuales de pensión. Y la lista continúa en otras empresas como Pemex y Banobras.

La presidenta Claudia Sheinbaum ya tomó cartas en el asunto y propuso una iniciativa de reforma al artículo 127 de la Constitución. El objetivo es establecer un tope a las pensiones de los exfuncionarios públicos de alto mando (de confianza), limitándolas al 50% del salario neto que percibe la Presidenta, lo que equivaldría a un máximo de 70,000 pesos mensuales.

Esta iniciativa representa un paso fundamental para combatir la corrupción y la desigualdad en México. Al poner fin a las pensiones doradas, se liberan recursos que pueden ser destinados a programas sociales, infraestructura y otros rubros prioritarios para el desarrollo del país. Además, se envía un mensaje claro de que los privilegios de unos pocos no pueden seguirse financiando con el dinero de todos los mexicanos.

La propuesta de Sheinbaum ha generado un intenso debate en la sociedad mexicana. Como dijo en su momento el clásico: ningún chile les embona, y los más quejosos son los mismos que han vivido a cuerpo de rey a costa del erario y se aferran a sus privilegios.

Por cierto, son también los que se escandalizan de las pensiones que reciben los adultos mayores y hasta huevones los llaman.

Sin embargo, la lucha por la justicia social y la transparencia en el manejo de los recursos públicos debe ser una prioridad para México. El cambio debe hacerse a la de ya.

¡Es hora de decir adiós a los parásitos millonarios y construir un país más justo y equitativo para todos!

Una mujer que había solicitado la residencia en Estados Unidos fue deportada recientemente por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), pese a haber argumentado que su vida corría peligro si regresaba a su país de origen. Según sus abogados, fue enviada a una zona de África aún no identificada, lo que incrementa la incertidumbre sobre su paradero y seguridad.

La mujer, cuya identidad permanece reservada, vivía en la República Democrática del Congo. Desde los 14 años fue obligada a convertirse en la sexta esposa de un político influyente, como parte del pago de una deuda familiar. Tras ese acuerdo forzado, presenció el asesinato de su padre y sufrió múltiples abusos físicos y sexuales durante años. En ese contexto tuvo cuatro hijos y vivió bajo condiciones que sus defensores describen como las de una “rehén doméstica”.

De acuerdo con los documentos legales, la mujer había advertido que su supuesto esposo la esperaba en su país para matarla. La deportación, por tanto, representa una emergencia humanitaria, ya que la expone directamente a un escenario de violencia extrema.

ICE y el endurecimiento de la política migratoria
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) se convirtió en uno de los símbolos más controvertidos de la política migratoria durante la administración de Donald Trump. Desde el inicio de su mandato en enero de 2025, el gobierno prometió deportar a un millón de migrantes indocumentados por año, intensificando operativos y ampliando la capacidad de detención.

El ICE dice que desempeñará un papel clave en la seguridad del Mundial 2026REUTERS
En los primeros 50 días de gobierno, ICE arrestó a más de 32 mil migrantes sin estatus legal, según datos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Estas acciones se ejecutaron bajo programas como el Programa de Extranjeros Criminales, la iniciativa 287(g) y operativos generales, que permitieron a autoridades locales colaborar directamente con ICE.

Muertes en custodia y críticas a ICE
La política de confrontación tuvo consecuencias graves. En 2026, las muertes de migrantes en centros de detención alcanzaron su nivel más alto en dos décadas. Reportes oficiales revelaron que varias personas fallecieron bajo custodia en los primeros días del año, lo que convirtió a la administración Trump en la más mortal para presos de ICE en comparación con gobiernos anteriores.

El caso de Renee Good, quien murió tras un enfrentamiento con un agente en Mineápolis, se convirtió en un símbolo de las denuncias contra el uso excesivo de la fuerza. Organizaciones de derechos humanos señalaron que las condiciones en los centros de detención eran precarias, con falta de atención médica y hacinamiento.

Las protestas se intensificaron tras la muerte de Renee Good y Alex Pretti, ambos ciudadanos estadounidenses.AFP
Tecnología y resistencia comunitaria
La intensificación de las redadas provocó respuestas innovadoras en comunidades migrantes. Una de ellas fue la creación de la aplicación ICEBlock, diseñada para alertar sobre operativos de deportación en tiempo real. El gobierno de Trump calificó la herramienta como un “sabotaje a la seguridad nacional” y amenazó con procesar a sus desarrolladores. Para las comunidades migrantes, sin embargo, ICEBlock representó un mecanismo de defensa frente a la incertidumbre y el miedo.

Las políticas de ICE desencadenaron protestas masivas en ciudades como Nueva York, Los Ángeles y Chicago. Manifestantes exigieron la abolición de la agencia, denunciando que sus prácticas criminalizaban la migración y violaban derechos humanos básicos.

Las marchas se caracterizaron por consignas como “Abolish ICE” y por la participación de organizaciones civiles, estudiantes y líderes comunitarios. En paralelo, algunos gobiernos locales declararon sus ciudades como “santuarios”, limitando la cooperación con ICE y ofreciendo protección a migrantes indocumentados. © 2025 Imagen – Excélsior. Todos los derechos reservados. El contenido de este sitio y de la edición impresa está protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor. Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización previa y por escrito. El material de terceros conserva sus propios derechos.

En su conferencia de prensa de este 20 de febrero de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó las pensiones que reciben algunos exfuncionarios de alto nivel, al calificarlas como resultado de “abusos y excesos” cometidos en administraciones pasadas.

La mandataria confirmó que entre quienes perciben pensiones millonarias se encuentra José Ángel Gurría, y sostuvo que estos esquemas deben revisarse a fondo, ya que representan privilegios que contrastan con la situación económica que enfrentan millones de mexicanos.
Sheinbaum subrayó que el servicio público no puede estar asociado a compensaciones desproporcionadas y reiteró que su gobierno mantiene el compromiso de combatir los beneficios indebidos heredados del pasado. Añadió que se analizarán los mecanismos legales correspondientes para garantizar mayor equidad y transparencia en este tipo de prestaciones.