Entre sus principales deficiencias se encuentra la forma en que fue escrito en un estricto sentido jurídico y engorroso, señalaron activistas.
En septiembre del año pasado, la Fiscalía General del Estado (FGE) publicó el primer protocolo de investigación de delitos cometidos contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos a nivel estatal, archivado bajo el nombre de P/001/2022. Sin embargo, su planeación se hizo en una oficina a puerta cerrada, excluyendo las opiniones, vivencias y sentires de aquellos grupos que idealmente busca atender.
Aunado a ello, desde su emisión a la fecha no se ha hecho un sólo acto de socialización ni difusión sobre el mismo, lo cual sólo acentúa la brecha de accesibilidad a la justicia, advierten activistas, líderes sociales y comunicadores, quienes, además, denuncian que la falta de interés institucional por incluirles en este tipo de procesos supone actos de opacidad, lo cual no sólo genera dudas sobre su aplicación, sino que también pone en duda la legitimidad del protocolo.
Para la oficina en México y Centroamérica de la organización internacional para la protección y vigilancia de los derechos de periodistas, Artículo 19, la omisión de la fiscalía poblana no pasó desapercibida.
Luis Knapp Moreno es coordinador de Defensa de dicha organización y también es abogado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). En entrevista con El Sol de Puebla, el activista expone su preocupación ante la falta de consenso, además del desdén con el que la autoridad ministerial decidió implementar dicho protocolo.
“La Fiscalía no es la protagonista, los protagonistas acá son las víctimas, los periodistas y las personas defensoras que trabajan día a día bajo riesgo, o que han sido ya víctimas de delitos y de violaciones a sus derechos, ellos son los protagonistas, no las autoridades (…) La Fiscalía omitió esta cuestión [y] es lamentable, [pues] debe abrirse a la participación e incluir a las voces de la sociedad”, sostiene.
Así es el protocolo de investigación por delitos contra periodistas y activistas
Tal como dio a conocer esta casa editorial, el documento fue promulgado el 21 de septiembre por el fiscal Gilberto Higuera Bernal. De forma general, estos lineamientos precisan cuáles son las condiciones con las que la autoridad debe iniciar una indagatoria, los criterios que debe asumir el personal, así como los mecanismos de protección que pueden ser asignados en aquellos casos en los que la integridad de las personas esté comprometida.
Si bien, el documento no es violatorio de derechos per se, su falta de socialización y su compleja redacción jurídica se interponen como obstáculos para que las personas defensoras de derechos humanos y periodistas puedan comprender la utilidad del protocolo, ya que la autoridad asume que los interesados cuentan con conocimientos amplios sobre el marco legal aplicable.
Entre sus principales deficiencias se encuentra la forma en que fue escrito –en un estricto sentido jurídico y engorroso–, señala, por su parte, Cinthya Ramírez Rodríguez, vocera de la organización REDefine Puebla, que brinda acompañamiento y asesoría jurídica a mujeres y diversas activistas en todo el estado.
“El lenguaje no es entendible para todas las personas. Al final, no es un documento para las mismas personas expertas de la Fiscalía, sino para quienes lo requieran: periodistas, defensoras y defensores de derechos humanos que no siempre tienen esta visión académica (…) No está mencionado coloquialmente, sino a través de estos términos jurídicos [y] desde un ámbito legal, no desde algo que sea entendible”, subraya.
Añade que, en este tipo de acciones tan sensibles como la indagación de delitos cometidos contra la libertad de expresión, el hecho de recabar las vivencias de quienes han enfrentado este tipo de violencias es fundamental para evitar equivocaciones y rezagos. Además, indica que los ejercicios de participación activa permiten retroalimentar la información y garantizar un mejor cumplimiento de los estatutos.
“Nos quedan muchísimas preguntas y, justamente, este es el error de hacer protocolos sin consultarle a las personas a las cuales les atraviesan estas situaciones, lo cual es sumamente grave”, opina.
Para conocer el posicionamiento concreto de la FGE, acerca de si se tomaron en cuenta o no las opiniones de organizaciones civiles, así como de periodistas y personas defensoras de derechos humanos durante la elaboración del protocolo, esta casa editorial consultó al respecto al área de comunicación social de la institución, tres veces, sin embargo, aunque existió la promesa de una respuesta la misma nunca fue proveída.
