Las Comisiones Unidas de Procuración y Administración de Justicia y de Asuntos Municipales, que presidió el diputado Eduardo Castillo López, avaló por mayoría de votos el Dictamen enviado por el Ejecutivo del Estado para reformar y adicionar diversas disposiciones del Código Penal del Estado y la Ley Orgánica Municipal, con la finalidad de establecer penas a personas que ingresen a las instituciones de Seguridad Pública, que acepten comisión o cargo, y no cuenten con el Certificado Único Policial, ni registro vigente.
Así como tipificar y sancionar como abuso de autoridad o incumplimiento de un deber legal, el hecho de que algún servidor público contrate, designe o nombre a personal de alguna institución policial que no cumpla con los requisitos del Certificado Único Policial y registro vigente, así como la omisión de separar a servidores públicos que no cuenten con estas.
Durante la discusión del Dictamen, la diputada Isabel Merlo Talavera avaló el Dictamen que pretende mejorar la selección y capacitación de los elementos de seguridad pública para certificar el desempeño de sus labores, así como el mandato para que se realice un diagnóstico de cumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley general en la materia.
Por su parte, las diputadas Mónica Rodríguez Della Vecchia y Karla Rodríguez Palacios externaron su voto en abstención al considerar que la legislación debe estar acompañada de las herramientas necesarias y los recursos para su cumplimiento, así como aumentar el termino de 90 días para su certificación.
En este sentido, la diputada Tonantzin Fernández Diaz, señaló que en los artículos transitorios se establece un plazo de 90 días para que la Secretaria de Seguridad Pública y los presidentes municipales realicen un diagnóstico del cumplimiento de las acciones previstas e informar del resultados a las autoridades competentes, mas no de su certificación.
Así como la disposición de los recursos necesarios para que cuenten con capacidad técnica y operativa para atender las solicitudes de certificación, coordinación y capacitación de los elementos de seguridad.
En su intervención, el diputado Iván Herrera Villagómez señaló su apoyo al Dictamen a favor del proyecto que permite fortalecer la seguridad de las y los poblanos a través de policías más confiables.
Durante la sesión, la diputada Mónica Silva Ruiz, tras reiterar su voto a favor, mencionó que las reformas establecidas en los ordenamientos legales no eximen a los elementos de seguridad pública estatal, y cuestionó sobre la entrada en vigor de las reformas a la Ley, una vez que sea publicado en el Periódico Oficial del Estado, para evitar una posible comisión del delito sin intención.
Finalmente el diputado Eduardo Castillo López señaló que es una reforma prudente, que no es violatoria a nada ni a nadie, que no tiene trasfondos económicos ni políticos y, por el contrario, permite reactivar la seguridad para las y los poblanos, dentro de la integridad y legalidad.
“No podemos tener policías que no cumplan con la certificación correspondientes y que no cumplan con la ley”, puntualizó el presidente de la Comisión.
A la sesión también acudieron las y los diputados Adolfo Alatriste Cantú, Yolanda Gámez Mendoza, Fernando Sánchez Sasia, Mariano Hernández Reyes y Edgar Garmendia de los Santos.
En la madrugada del lunes 21 de julio de 2025, una mujer de 62 años fue encontrada muerta al interior de su vivienda ubicada en la calle Universal, colonia Universidad, en la ciudad de Puebla.
Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana respondieron a un llamado de emergencia y al llegar confirmaron el deceso, mientras el sitio quedó resguardado para que la Fiscalía General del Estado iniciara las diligencias correspondientes
Según los primeros dictámenes, la víctima presentaba claros signos de estrangulamiento y contusiones en el rostro, lo que sugiere un posible homicidio con violencia.
Hasta el momento las autoridades han mantenido abierta la investigación y no han revelado si existen sospechosos o si hay detención de alguna persona vinculada al caso.
La mañana de este lunes se reportó un asalto a una unidad del transporte público en la ciudad de Puebla.
Los hechos habrían ocurrido en inmediaciones del mercado Hidalgo, en la intersección de la 15 Norte y la 68 Poniente.
De acuerdo con los primeros testimonios, al menos un individuo abordó la unidad de la ruta 21 y, durante el asalto, se registró una detonación de arma de fuego.
Testigos afirman que una persona resultó herida, aunque hasta el momento no se ha confirmado oficialmente su identidad ni su estado de salud.
Elementos de la policía municipal acudieron al lugar para acordonar la zona y comenzar con las investigaciones correspondientes. Asimismo, servicios de emergencia se movilizaron para brindar atención médica al afectado.
Aproximadamente 600 manifestantes, en su mayoría jóvenes, vecinos y colectivos sociales, se reunieron este domingo en la estación Fuentes Brotantes del Metrobús, en Tlalpan, Ciudad de México, para participar en la segunda marcha contra la gentrificación en la capital del país.
La protesta buscó visibilizar el desplazamiento de residentes tradicionales debido al aumento en precios de rentas y servicios, un fenómeno que se ha acelerado en colonias del sur de la ciudad.
El contingente contra la gentrificación inició su recorrido alrededor de las 14:00 horas con rumbo al monumento de El Caminero, pero pronto se encontró con operativo policial enviado por el gobierno capitalino.
Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) bloquearon el avance de los manifestantes, argumentando una medida preventiva tras los destrozos que se registraron en la primera protesta del 4 de julio en colonias como Juárez y Roma.
«No somos delincuentes, exigimos vivienda digna», gritaron algunos participantes al ser contenidos con escudos por los uniformados.
Hacia las 16:30 horas, un grupo de encapuchados rompió vidrios de las estaciones Fuentes Brotantes y Periférico del Metrobús, además de pintar consignas contra la gentrificación.
Al llegar a Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) el bloque negro de la manifestación dejó afectaciones en la fachada del Museo Universitario de Arte Contemporáneo (MUAC).
Ahí dejaron mensajes como «Fuera gringos» y «No al desplazamiento». La UNAM condenó los daños y anunció acciones legales.
Durante un mitin frente al monumento de El Caminero, los organizadores leyeron un pliego petitorio que incluía la cancelación del proyecto inmobiliario Fuentes Brotantes, la creación de una ley inquilinaria popular y urgente y el alto a la criminalización de defensores del territorio.
Elizabeth Álvarez, integrante del Frente por la Defensa de los Pueblos Originarios, criticó la presencia de granaderos: «El sur también sufre gentrificación, pero la represión no es la solución».
El gobierno de la CDMX informó que la segunda marcha contra la gentrificación transcurrió con saldo blanco, pero omitió mencionar los daños al MUAC en su reporte oficial.
Vecinos de las colonias en donde pasó la movilización social denunciaron que la SSC obstruyó el acceso a la protesta cerrando estaciones del Metrobús horas antes.
Expertos señalan que la gentrificación en la CDMX y7a desplazó a más de cuatro mil personas en los últimos 15 años, acorde con cifras de organizaciones civiles. Con la llegada del Mundial 2026, temen que la especulación inmobiliaria y el turismo masivo agudicen la crisis de vivienda en el país.