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LXI Legislatura aprueba exhortos para prevenir delitos y dignificar la labor de policías

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Por unanimidad, el Pleno de la LXI Legislatura del Congreso del Estado aprobó diversos exhortos en materia de seguridad, para llevar a cabo acciones de prevención de delitos cibernéticos, robo en carreteras y desaparición de personas, así como puntos de acuerdo para dignificar la labor de policías y bomberos.

Durante sesión ordinaria, se aprobó un exhorto dirigido a la Secretaría de Seguridad Pública para que se instrumenten acciones y programas de prevención de delitos cibernéticos dirigidos a madres y padres de familia, así como a niñas y niños, con la finalidad de concientizarlos sobre los riesgos del uso cotidiano del internet.

Además, las y los diputados avalaron un punto de acuerdo dirigido a la Secretaría de Seguridad Pública y los 217 Ayuntamientos para realizar acciones encaminadas a prevenir el robo en carreteras y garantizar el paso seguro de los migrantes que llegan a finales de año al territorio nacional y se dirigen a sus comunidades de origen.

Al respecto, el diputado Eduardo Castillo López expuso que, entre los objetivos del exhorto se encuentra proteger las mercancías que producen las y los ciudadanos en diferentes municipios del estado y que son susceptibles de robo cuando las trasladan.

Por otra parte, se aprobó un punto de acuerdo dirigido a la Secretaría de Seguridad Pública y a los 217 Ayuntamientos, para que de manera coordinada establezcan una estrategia en torno a los mercados, tianguis, centrales de abastos y, en general, centros de comercio de alta afluencia, que incluya el fortalecimiento de la vigilancia a través de recorridos, así como con la instalación de videocámaras y botones de pánico.

La LXI Legislatura también avaló un exhorto dirigido a los 217 Ayuntamientos para que instruyan a sus elementos policiales y de vialidad a que se respete y haga valer el uso de la licencia digital de conducir para el servicio particular en las modalidades de automovilista, motociclista o chofer particular.

En tanto, el Congreso del Estado aprobó un exhorto dirigido a la Secretaría de Seguridad Pública y a los 217 Ayuntamientos, para que, a través de sus direcciones de tránsito municipal o sus equivalentes, vigilen con pleno respeto a los derechos humanos, que las personas conductoras de motocicletas cumplan con los requisitos establecidos para su uso y, a su vez, respeten los límites de velocidad máxima permitida, con la finalidad de evitar accidentes.

Previo a la votación del punto de acuerdo, la diputada Karla Rodríguez Palacios expuso que, con el aumento en el uso de las motocicletas también han incrementado los accidentes viales, por esta razón, es necesario que las autoridades competentes vigilen que se cumplan los reglamentos de tránsito respecto a este medio de transporte.

En otro punto de la sesión, se aprobó un exhorto dirigido a las Secretarías de Gobernación y de Seguridad Pública, así como a los 217 Ayuntamientos, para que ejerzan acciones y políticas públicas de prevención de los delitos de desaparición forzada de personas y de desaparición cometida por particulares en contra de las niñas, niños y adolescentes, con el objetivo de salvaguardar el interés superior de la niñez, así como sus derechos humanos.

APRUEBAN EXHORTOS PARA DIGNIFICAR LA LABOR DE POLICÍAS Y BOMBEROS
El Pleno de la LXI Legislatura aprobó un exhorto dirigido a la Secretaría de Seguridad Pública y a los 217 Ayuntamientos para que, en la medida de sus posibilidades presupuestarias, se mejoren los salarios y condiciones laborales, contractuales de las y los policías, con el objetivo de dignificar y reconocer su labor en beneficio de la seguridad de la ciudadanía poblana.

En la presentación del punto de acuerdo, el diputado José Antonio López Ruiz dio un panorama respecto a las condiciones laborales de los policías en Puebla, el legislador puso énfasis en que deben elevarse los salarios de los elementos ante los riesgos que implica su trabajo, pues sólo al invertir en sus capacidades y dar acceso a un sueldo digno, se podrá transitar a un cambio estructural que permita recuperar las corporaciones y transitar hacia una cultura de paz.

Durante la discusión de este punto de acuerdo, la diputada Mónica Rodríguez Della Vecchia, así como los diputados José Antonio López Ruiz, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, José Miguel Huerta Rodríguez y Eduardo Alcántara Montiel, se pronunciaron sobre distintos acontecimientos en materia de seguridad ocurridos en los últimos días.
Finalmente, las y los diputados aprobaron un exhorto dirigido a la Secretaría de Seguridad Pública y a los 217 Ayuntamientos para que dignifiquen la labor realizada por los cuerpos de bomberos a su cargo, a través de la capacitación, actualización, así como de la mejora en su equipamiento e ingresos por concepto de salarios y prestaciones, o, en su defecto, realicen las acciones necesarias para integrar un cuerpo de bomberos en sus debidas demarcaciones.

Como parte de la sesión, en asuntos generales, el diputado José Miguel Huerta Rodríguez presentó un punto de acuerdo dirigido a los municipios que hacen el cobro del Derecho de Alumbrado Público (DAP), para que informen sobre el uso de los recursos percibidos, así como los resultados y metas obtenidas derivado de las contribuciones.

El exhorto considera que, si los municipios pretenden cobrar el DAP en 2023, sus Leyes de Ingresos deben contener la justificación y objetivos respecto al cobro de este derecho. El punto de acuerdo fue turnado a la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal para su estudio y resolución procedente.

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Confirma García Parra la separación de diez funcionarios del gobierno estatal rumbo al proceso de 2027

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El coordinador de Gabinete del Gobierno del Estado de Puebla, José Luis García Parra, dio a conocer que al menos diez funcionarios de la administración estatal presentaron su separación del cargo. Este movimiento en la estructura gubernamental abarca a titulares de secretarías de Estado y a diversos mandos medios que decidieron dejar sus responsabilidades operativas.

El reacomodo interno se genera tras la difusión de las normas y convocatorias del partido Morena para coordinar los trabajos políticos de cara a las elecciones programadas para el año 2027. Las salidas se hicieron efectivas conforme a los plazos internos del partido para dar certidumbre al proceso de selección de perfiles.

García Parra enfatizó que las renuncias y licencias presentadas no van a interferir en el desarrollo cotidiano ni en el cumplimiento de los programas prioritarios del gobierno poblano. Para evitar afectaciones en la atención ciudadana, en cada una de las dependencias involucradas se designaron encargados de despacho que asumieron el control administrativo.

En sus declaraciones a los medios, el coordinador de Gabinete descartó categóricamente cualquier aspiración personal de figurar en las boletas electorales del próximo periodo contencioso. Afirmó que continuará concentrado en sus funciones institucionales de seguimiento y coordinación al interior del equipo gubernamental.

La reestructuración del gabinete se completará paulatinamente en los próximos días conforme se analicen las ternas para nombrar a los nuevos titulares definitivos en cada una de las secretarías que quedaron acéfalas tras la salida de sus anteriores responsables.

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Agua de Puebla se deslinda del proyecto y el conflicto social por la perforación de pozo en Xoxtla

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La empresa concesionaria Agua de Puebla para Todos se deslindó públicamente de las obras de perforación que se llevan a cabo para la habilitación de un nuevo pozo en San Miguel Xoxtla. Asimismo, la firma privada rechazó tener responsabilidad en las tensiones y choques sociales registrados recientemente entre la población de dicha demarcación y los cuerpos de seguridad.

El director general de la empresa, Jordi Bosch, aclaró que la ejecución del proyecto de infraestructura hídrica corre íntegramente a cargo del Gobierno del Estado de Puebla. El directivo enfatizó que el organismo concesionado no sostiene ningún tipo de intervención ni participación operativa directa en las maniobras que se han venido desarrollando en los predios de esa municipalidad.

Bosch reconoció la complejidad del escenario que se vive en Xoxtla, pero expresó su confianza en que los canales de mediación institucionales establecidos por las autoridades estatales permitan alcanzar acuerdos constructivos con los habitantes. Subrayó además que el planteamiento técnico de la obra responde a la necesidad de fortalecer la distribución del servicio y garantizar una mejora sustancial en el abastecimiento hídrico a nivel local.

El distanciamiento de la concesionaria ocurre en un contexto de alta incertidumbre social en San Miguel Xoxtla, donde los pobladores han denunciado el arribo constante de fuerzas policiacas alrededor de los terrenos destinados a la extracción. El temor de la comunidad reside en una eventual disminución de los caudales disponibles para el consumo doméstico de los propios residentes.

Debido al rechazo ciudadano, los trabajos físicos de la perforación han tenido que pausarse momentáneamente a la espera de que concluyan las mesas de diálogo entre las autoridades gubernamentales y los comités comunitarios. La continuidad o cancelación definitiva del proyecto dependerá de los acuerdos sobre los permisos correspondientes y la viabilidad técnica del acuífero [cite: https://www.diariocambio.com.mx/2026/puebla/agua-de-puebla-se-deslinda-de-perforacion-del-pozo-en-xoxtla-y-generar-el-conflicto-social/, https://www.proceso.com.mx/nacional/estados/2026/10/7/habitantes-de-xoxtla-frenan-excavacion-de-pozo-pese-a-operativo-policiaco-de-armenta-video-381437.html].

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Demandan a fiscalías estatales y a la FGR por omisiones en el Banco Nacional de Datos Forenses

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Un conjunto de colectivos integrados por familias de personas desaparecidas promovió una acción legal masiva contra los titulares de las 32 fiscalías generales de las entidades federativas, incluyendo la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla, así como contra la titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy Ramos. El recurso de amparo responde al incumplimiento sistemático en la interconexión tecnológica e inmediata de los registros locales con la plataforma del Banco Nacional de Datos Forenses (BNDF), una herramienta fundamental para la localización e identificación de personas a nivel nacional.

La demanda expone que las instituciones ministeriales han omitido enviar en tiempo real información crucial relativa a perfiles genéticos, huellas dactilares y registros de cadáveres o restos humanos no identificados. Esta falta de sincronización impide que los sistemas centralizados puedan realizar cruces de información eficaces entre diferentes estados, lo cual obstaculiza directamente los avances en los expedientes de búsqueda y ralentiza la restitución de los restos a sus familias.

Los colectivos señalaron que, a pesar de que en diciembre de 2022 se firmaron las bases de colaboración obligatorias y de que el BNDF inició sus operaciones de manera oficial en 2023, la falta de transparencia sobre la operatividad del sistema sigue prevaleciendo. Debido a esta desconexión, cientos de cuerpos localizados en fosas comunes o resguardados en las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO) continúan sin poder ser cotejados de forma oportuna con los expedientes de búsqueda activos.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado de Puebla reportó que hasta el mes de agosto ha logrado la entrega de 160 cuerpos identificados a sus familiares mediante la implementación de su programa de identificación humana y la difusión en su micrositio de consulta. La dependencia precisó que la mayoría de los restos correspondían a personas originarias de la entidad poblana, aunque también se registraron casos de víctimas provenientes de Veracruz, Tlaxcala, Estado de México y la Ciudad de México.

A pesar de estos avances aislados, las familias buscadoras recalcaron que la demanda busca sentar un precedente para obligar a los mandos locales a homologar sus bases tecnológicas de forma definitiva. La exigencia central radica en garantizar la actualización automática de la información forense para que el derecho a la búsqueda y a la verdad no dependa de trámites burocráticos entre dependencias estatales.

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