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Militares comprometen seguridad del Ejército

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La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) contabilizó mil 643 militares que comprometieron la seguridad y la imagen del Ejército entre 2019 y 2020: filtraron documentos, vendieron armas y vestuario, se involucraron en robos y extorsiones, compraron o vendieron drogas, o bien están vinculados a la delincuencia organizada, entre otros.

Los casos que se exponen corresponden a los informes que presentaron diversas secciones del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicana tras aplicar medidas de contrainteligencia, otros provienen de evidencias localizadas en medios de comunicación, redes sociales y a través de denuncias anónimas.
El documento fue creado por el Sistema de Inteligencia Militar como parte de la evaluación bianual 2019-2020 y muestra las estadísticas de casos en los que se han vulnerado las medidas de contrainteligencia, “afectando la seguridad en las operaciones, la información, la documentación y la integridad física del personal militar”, según consta en los registros de correo electrónico filtrados por el grupo Guacamaya.
El informe enviado el 20 de abril de 2021 da cuenta de que la mayoría de las faltas fueron cometidas por la tropa (mil 500), aunque hay registro de la participación de 60 oficiales, 30 jefes y tres generales.

De las 13 categorías analizadas por el Sistema de Inteligencia Militar destaca el caso de 34 integrantes del Ejército, a quienes presuntos integrantes de la delincuencia organizada intentaron cooptar. De éstos, se comprobó que sólo en dos casos se consolidó esta cooptación, en el resto se considera que las medidas preventivas adoptadas por los mandos fueron adecuadas, aunque “no se descarta que existan casos donde la delincuencia organizada sí haya logrado su objetivo”.

Se ubicaron 78 casos de filtraciones de documentos oficiales, principalmente a través de Facebook, Twitter y mensajería instantánea.
La Sedena destaca que algunas de éstas fueron difundidas por usuarios con un alto número de seguidores.

También señala que integrantes de la delincuencia organizada utilizan las redes sociales para difundir información que afecta la imagen del Ejército.

“A pesar de la disminución de eventos [se redujo 18.6% de 2019 a 2020], éste es uno de los rubros que persiste entre el personal militar y en el que se requieren mayores esfuerzos, debido a las consecuencias que resultan tanto a nivel institucional como personal”, se lee en el documento.

La Inteligencia Militar detectó un incremento en la extracción y venta de armamento. En 2019 ubicó tres casos y en 2020, ocho. El 18.2% de estos casos se dieron en la VII Región Militar de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
“Los eventos antes descritos exponen una falta de supervisión y aplicación de las medidas de seguridad física y procedimientos de contrainteligencia en la materia, lo que permite que se materialicen extracciones de armamento no autorizadas para su posterior comercio”, se explica en el informe.

Lo mismo ocurre con la venta de uniformes y equipo que produce su comercialización en redes sociales, mercados informales, o bien, por parte de personal militar, “mismo que puede ser utilizado por la delincuencia organizada para realizar sus actividades ilícitas”.

El análisis comparativo de 2019 y 2020 muestra una disminución de la incidencia: pasó de mil 51 casos el primer año, a 592 en 2020, lo que representa una disminución general de 43.68%.

Según el informe, esto es propiciado “fundamentalmente” por el surgimiento de la pandemia de Covid-19 que “limitó algunas actividades del personal militar que verifica las medidas de contrainteligencia, así como de los responsables de aplicarlas”.

También enfatiza la efectividad de las medidas adoptadas por la Sedena como correctivos disciplinarios, consejos de honor, cambio de adscripción, entre otros.

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ASE y ASF inician histórico proceso de fiscalización conjunta en los 217 municipios de Puebla

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PUEBLA, Pue. — En un hecho sin precedentes recientes que busca blindar la transparencia en el uso de los recursos públicos, la Auditoría Superior del Estado (ASE) de Puebla y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) dieron inicio formal al proceso de fiscalización coordinada a los 217 municipios de la entidad. Este esquema conjunto supervisará minuciosamente la aplicación de los fondos federales transferidos mediante el Ramo 28 y el Ramo 33, correspondientes a la cuenta pública del ejercicio fiscal 2025.

Durante el banderazo de salida de las notificaciones, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, enfatizó que el manejo de los recursos públicos exige una rendición de cuentas estricta e innegociable. El mandatario advirtió categóricamente que la militancia o filiación política no eximirá de responsabilidad administrativa o penal a ningún alcalde ni servidor público, asegurando que los órganos fiscalizadores actuarán con total autonomía e imparcialidad en todas las regiones del estado.

Por su parte, el titular de la ASE Puebla, Germán Reyna y Herrero, destacó el valor institucional de este despliegue, señalando que la colaboración directa con la ASF se retoma tras siete años de permanecer suspendida. Explicó que este esfuerzo permitirá compartir herramientas e información oportuna para garantizar que el dinero público se traduzca en obras y servicios eficientes. En el mismo sentido, Isaac Ortiz Calzada, secretario general de Fiscalización de la ASF, detalló que la homologación de metodologías y tecnología permitirá revisar ayuntamientos que anteriormente no eran auditados de forma directa por el ente federal.

Las notificaciones oficiales a los ayuntamientos comenzaron de manera gradual para abarcar la totalidad del territorio poblano. Con este mecanismo, sustentado en el convenio de colaboración avalado por el Congreso local, las autoridades de fiscalización buscan consolidar administraciones municipales más ordenadas y transparentes, garantizando el apego a la legalidad y el debido proceso en cada una de las revisiones.

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Claudia Sheinbaum visitará Puebla el 24 de septiembre para presentar informe regional

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PUEBLA, Pue. — La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, realizará una visita oficial al estado de Puebla el próximo 24 de septiembre con el propósito de rendir un informe regional correspondiente a su segundo año de gobierno. La noticia fue confirmada por el gobernador de la entidad, Alejandro Armenta Mier, quien señaló que este encuentro forma parte de la gira de trabajo que la mandataria efectúa a lo largo de las 32 entidades federativas del país.

Durante el anuncio, el titular del Ejecutivo estatal explicó que la fecha asignada atiende a los ajustes de la agenda de la Presidencia de la República. Para la organización y logística de las actividades presidenciales en territorio poblano, el gobernador designó a Rodrigo Abdala Dartigues, actual delegado de los Programas para el Bienestar en Puebla, quien estará a cargo de coordinar los detalles del evento y dar seguimiento a los requerimientos institucionales.

La presentación de este informe regional busca transparentar los avances, programas sociales y obras impulsadas por la administración federal en la zona central del país. De acuerdo con las autoridades locales, la visita servirá también para hacer un balance conjunto sobre los resultados alcanzados en la entidad mediante el trabajo coordinado entre el Gobierno de México y la administración estatal en rubros prioritarios.

Entre los temas centrales que se prevé revisar durante la estancia de la mandataria destacan los progresos en infraestructura, salud, educación, tecnología y seguridad pública. El gobernador Armenta enfatizó la importancia de mantener este canal de comunicación directa con la Federación para dar continuidad a los proyectos estratégicos que benefician a la población poblana.

Aunque la fecha está confirmada, la sede específica donde la presidenta pronunciará su mensaje aún se mantiene sin definir de manera pública. Las autoridades estatales informaron que se mantendrán al pendiente de las indicaciones de la Presidencia de la República y de cualquier ajuste logístico, al tiempo que Rodrigo Abdala dará a conocer los detalles del lugar y el protocolo en los próximos días.

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Despliegan a más de mil 300 policías y 40 vehículos para blindar las Fiestas Patrias en Puebla

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PUEBLA, Pue. — Con la finalidad de garantizar la tranquilidad de las familias poblanas y visitantes durante los festejos conmemorativos de la Independencia de México, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado alistó un operativo integral que contempla el despliegue de más de mil 300 elementos policiacos, 40 vehículos operativos, así como el apoyo de binomios caninos y equinos en los puntos de mayor afluencia.

El titular de la SSP de Puebla, el vicealmirante Francisco Sánchez González, detalló que dentro de la programación de las festividades, la corporación participará en el tradicional desfile cívico-militar con un contingente especial integrado por 469 efectivos. Este grupo estará conformado por agentes de la Policía Estatal, la Policía Auxiliar y estudiantes de la Universidad de las Ciencias Policiales, quienes desfilarán acompañados por la Secretaría de Marina Armada de México.

En lo que respecta a la estrategia de vigilancia en calles y plazas públicas, se coordinarán acciones operativas entre los tres órdenes de gobierno. El despliegue de los más de mil 300 policías estatales se mantendrá en estrecha colaboración con personal de la Secretaría de Marina (SEMAR), la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), la Guardia Nacional y las corporaciones de policía municipal, abarcando un perímetro prioritario de vigilancia en 100 zonas detectadas con alta concentración de personas.

Para optimizar el monitoreo en tiempo real, las autoridades instalaron 13 torres móviles de videovigilancia interconectadas directamente al Centro de Cómputo, Control, Comando y Coordinación (C5I). Asimismo, se establecieron centros de mando estratégicos tanto en el Zócalo de la ciudad de Puebla como en el Complejo Metropolitano de Seguridad, lugares desde donde se supervisarán los avances del operativo durante las ceremonias y verbenas populares.

Finalmente, como medida preventiva adicional, la SSP dispuso la colocación de arcos detectores de metal en los accesos al primer cuadro del Centro Histórico, buscando evitar el ingreso de objetos prohibidos o que representen un peligro para los asistentes. El plan de seguridad se complementa con esquemas de patrullaje aéreo y terrestre, diseñados para resguardar el desarrollo de todas las actividades cívicas y culturales programadas en la capital.

NOTA 2

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