En Sesión Ordinaria de la LXI Legislatura del Congreso del Estado la Mesa Directiva dio cuenta y turnó a sus respectivas comisiones un paquete de iniciativas remitidas por el titular del Ejecutivo del Estado para realizar reformas al Poder Judicial y para el nombramiento de dos magistrados.
Asimismo, iniciativas para reformar diversas disposiciones en materia de notariado; ordenamiento territorial, protección del ambiente natural, protección civil y del Código Penal; así como de vialidad y a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado. Por medio del oficio G/CJ/047/2022 se remiten las propuestas en terna para el nombramiento de las personas propietarias y suplentes de dos Magistraturas vacantes del Tribunal Superior de Justicia, quedando de la siguiente manera: Terna 1: Propietario: Anet Cruz Solís Suplente: Cintia Yazmín Fernández Gutiérrez Propietario: Araceli Cabido Vaillard Suplente: Luisa Alejandra Bonilla Ruíz del Sol Propietario: Sara Esther Ramírez Montagner Suplente: Gloria Elena Gil Carranco
Terna 2 Propietario: Enrique Juárez Vasconcelos Suplente: Néstor Mauricio Mejía García Propietario: Carlos Palafox Galeana Suplente: Lilibel Deyanira Melo Blanco Propietario: José Francisco Saavedra Rivera Suplente: Miguel Arturo Sandoval Sánchez
El dictamen fue turnado a la Junta de Gobierno y Coordinación Política para su estudio y resolución procedente.
Por medio del oficio G/CJ/051/2022 se remitió la iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se reforman los artículos 12, 37, 57, 61, 86, 87, 88, 90, 91 y 94 de la Constitución Política del Estado.
Este proyecto, de acuerdo con el dictamen, impacta el diseño, la estructura, organización y el funcionamiento del conjunto de órganos jurisdiccionales, de gobierno y administración que conforman el Poder Judicial, bajo un conjunto de principios fundamentales que han de ordenar todas sus dimensiones de realización de su razón institucional de ser.
El dictamen fue turnado a las comisiones unidas de Procuración y Administración de Justicia y de Gobernación y Puntos Constitucionales para su estudio y resolución procedente.
Mediante el oficio G/CJ/050/2022 por el que se remite la Iniciativa de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley del Notariado para gestionar una mejora del marco jurídico que rige a este servicio, a fin de proveer a los solicitantes de un servicio notarial de calidad y con una mayor cercanía con la población.
El dictamen fue turnado a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su estudio y resolución procedente.
A través de un punto diferente en el orden del día y mediante el oficio G/CJ/049/2022 se remitió la Iniciativa de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano; de la Ley para la Protección del Ambiente Natural y el Desarrollo Sustentable; de la Ley del Sistema Estatal de Protección Civil y del Código Penal todas del estado de Puebla.
Dicha reforma integral prevé la sanción a los responsables por la realización de una conducta delictuosa, para quienes con el carácter de funcionarios públicos realicen actos u omisiones para autorizar la fundación de asentamientos humanos en los derechos de vía de infraestructura energética, comunicaciones o zonas de riesgo donde exista la probabilidad de que se produzca un daño por considerarse no aptas para vivienda por los Planes de Desarrollo Urbano. El dictamen fue turnado a comisiones unidas de Procuración y Administración de Justicia, la de Protección Civil y de Desarrollo Urbano para su estudio y resolución procedente.
Como parte de este paquete de iniciativas y en un punto distinto por medio del oficio G/CJ/048/2022 remitió la Iniciativa de Decreto por el que se reforma el artículo 120, el acápite y la fracción II del artículo 153 de la Ley para la Protección del Ambiente Natural y el Desarrollo Sustentable; los artículos 54 y 55 de la Ley de Vialidad y la fracción XIII del artículo 42 de la Ley Orgánica de la Administración Pública todas del Estado de Puebla.
La propuesta tiene la intención de reducir la contaminación ambiental y los factores de riesgo, acorde con los avances tecnológicos, como en la excelencia del servicio de verificación vehicular y la implementación de medidas legales y administrativas en beneficio de sus habitantes.
El dictamen fue turnado a comisiones unidas de Transporte y Movilidad y de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático para su estudio y resolución procedente.
Durante el desarrollo de la Sesión Ordinaria también se dio lectura a la Memoria que presenta la Comisión Permanente de la LXI Legislatura del Congreso del Estado.
Además, se guardó un minuto de silencio en memoria de la exdiputada Bárbara Ganime Bornne.
Buscando fortalecer los puentes de cooperación interinstitucional y ampliar el horizonte formativo de las nuevas generaciones, directivos de la máxima casa de estudios firmaron un acuerdo con la Universidad del Deporte.
La rúbrica del convenio de colaboración académica establece las bases para que los estudiantes universitarios puedan realizar su servicio social y estancias de prácticas profesionales en las instalaciones de la institución deportiva.
Durante el protocolo oficial, los representantes de ambas casas de estudio destacaron que esta sinergia permitirá a los jóvenes aplicar sus conocimientos teóricos en escenarios prácticos reales vinculados a la salud y la actividad física.
El pacto contempla además el diseño conjunto de programas de investigación científica orientados a mejorar el rendimiento atlético y la prevención de lesiones en deportistas de alto rendimiento en el estado.
Autoridades universitarias subrayaron que la vinculación estrecha entre instituciones públicas potencia los recursos disponibles y enriquece la oferta educativa en beneficio directo de la comunidad estudiantil poblana.
Con estas acciones, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) reafirma su liderazgo académico y su disposición de colaborar estrechamente con los nuevos proyectos educativos impulsados en el territorio estatal.
Afinando los últimos detalles organizativos, el gobierno municipal de San Pedro Cholula anunció que los preparativos para la esperada edición de su feria anual se encuentran en su etapa final de planeación logística y de seguridad.
Comités organizadores y áreas operativas del ayuntamiento coordinan esfuerzos para garantizar que las festividades ofrezcan espacios de sana convivencia, espectáculos artísticos y muestras artesanales de alta calidad para los visitantes.
El programa general contempla eventos culturales en la emblemática Plaza de la Concordia, exposiciones comerciales, presentaciones musicales en el teatro del pueblo y los tradicionales rituales que distinguen a este municipio con denominación de origen.
Asimismo, se informó que se implementará un operativo especial de vigilancia vial y turística en coordinación con corporaciones estatales, con el propósito de salvaguardar el flujo vehicular y la integridad de los miles de asistentes esperados.
Los prestadores de servicios locales, hoteleros y restauranteros manifestaron altas expectativas de ocupación y derrama económica, confiando en que este escaparate cultural impulse fuertemente el comercio regional.
Con estas acciones, San Pedro Cholula se reporta lista para abrir sus puertas al turismo nacional e internacional, celebrando con orgullo una de las tradiciones más arraigadas del centro de la entidad poblana.
La Secretaría de Educación Pública (SEP) del estado de Puebla confirmó que mantiene bajo investigación un total de quince denuncias formales relacionadas con agresiones físicas y psicológicas en la Escuela Normal Rural «Lauro Aguirre», ubicada en Teteles.
Las indagatorias se pusieron en marcha tras una serie de quejas presentadas por los propios estudiantes afectados y sus familiares, quienes señalaron que las llamadas «novatadas» han rebasado los límites de la tolerancia institucional.
Funcionarios de la dependencia educativa detallaron que los expedientes recaban testimonios sobre prácticas de hostigamiento severo, castigos físicos y abusos de poder cometidos presuntamente por alumnos de grados superiores.
Ante esta situación de riesgo para la comunidad escolar, la SEP intervino para aplicar los protocolos de seguridad correspondientes, exigiendo a la dirección del plantel el cese inmediato de cualquier conducta de intimidación.
Asimismo, se informó que las autoridades educativas colaboran estrechamente con la fiscalía estatal en caso de que alguna de las conductas denunciadas constituya un delito que deba ser perseguido por la vía penal.
Finalmente, la dependencia reiteró una política de cero tolerancia hacia la violencia escolar en cualquiera de sus modalidades, advirtiendo que se aplicarán sanciones administrativas rigurosas contra quienes resulten responsables.