En Sesión Ordinaria de la LXI Legislatura del Congreso del Estado la Mesa Directiva dio cuenta y turnó a sus respectivas comisiones un paquete de iniciativas remitidas por el titular del Ejecutivo del Estado para realizar reformas al Poder Judicial y para el nombramiento de dos magistrados.
Asimismo, iniciativas para reformar diversas disposiciones en materia de notariado; ordenamiento territorial, protección del ambiente natural, protección civil y del Código Penal; así como de vialidad y a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado. Por medio del oficio G/CJ/047/2022 se remiten las propuestas en terna para el nombramiento de las personas propietarias y suplentes de dos Magistraturas vacantes del Tribunal Superior de Justicia, quedando de la siguiente manera: Terna 1: Propietario: Anet Cruz Solís Suplente: Cintia Yazmín Fernández Gutiérrez Propietario: Araceli Cabido Vaillard Suplente: Luisa Alejandra Bonilla Ruíz del Sol Propietario: Sara Esther Ramírez Montagner Suplente: Gloria Elena Gil Carranco
Terna 2 Propietario: Enrique Juárez Vasconcelos Suplente: Néstor Mauricio Mejía García Propietario: Carlos Palafox Galeana Suplente: Lilibel Deyanira Melo Blanco Propietario: José Francisco Saavedra Rivera Suplente: Miguel Arturo Sandoval Sánchez
El dictamen fue turnado a la Junta de Gobierno y Coordinación Política para su estudio y resolución procedente.
Por medio del oficio G/CJ/051/2022 se remitió la iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se reforman los artículos 12, 37, 57, 61, 86, 87, 88, 90, 91 y 94 de la Constitución Política del Estado.
Este proyecto, de acuerdo con el dictamen, impacta el diseño, la estructura, organización y el funcionamiento del conjunto de órganos jurisdiccionales, de gobierno y administración que conforman el Poder Judicial, bajo un conjunto de principios fundamentales que han de ordenar todas sus dimensiones de realización de su razón institucional de ser.
El dictamen fue turnado a las comisiones unidas de Procuración y Administración de Justicia y de Gobernación y Puntos Constitucionales para su estudio y resolución procedente.
Mediante el oficio G/CJ/050/2022 por el que se remite la Iniciativa de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley del Notariado para gestionar una mejora del marco jurídico que rige a este servicio, a fin de proveer a los solicitantes de un servicio notarial de calidad y con una mayor cercanía con la población.
El dictamen fue turnado a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su estudio y resolución procedente.
A través de un punto diferente en el orden del día y mediante el oficio G/CJ/049/2022 se remitió la Iniciativa de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano; de la Ley para la Protección del Ambiente Natural y el Desarrollo Sustentable; de la Ley del Sistema Estatal de Protección Civil y del Código Penal todas del estado de Puebla.
Dicha reforma integral prevé la sanción a los responsables por la realización de una conducta delictuosa, para quienes con el carácter de funcionarios públicos realicen actos u omisiones para autorizar la fundación de asentamientos humanos en los derechos de vía de infraestructura energética, comunicaciones o zonas de riesgo donde exista la probabilidad de que se produzca un daño por considerarse no aptas para vivienda por los Planes de Desarrollo Urbano. El dictamen fue turnado a comisiones unidas de Procuración y Administración de Justicia, la de Protección Civil y de Desarrollo Urbano para su estudio y resolución procedente.
Como parte de este paquete de iniciativas y en un punto distinto por medio del oficio G/CJ/048/2022 remitió la Iniciativa de Decreto por el que se reforma el artículo 120, el acápite y la fracción II del artículo 153 de la Ley para la Protección del Ambiente Natural y el Desarrollo Sustentable; los artículos 54 y 55 de la Ley de Vialidad y la fracción XIII del artículo 42 de la Ley Orgánica de la Administración Pública todas del Estado de Puebla.
La propuesta tiene la intención de reducir la contaminación ambiental y los factores de riesgo, acorde con los avances tecnológicos, como en la excelencia del servicio de verificación vehicular y la implementación de medidas legales y administrativas en beneficio de sus habitantes.
El dictamen fue turnado a comisiones unidas de Transporte y Movilidad y de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático para su estudio y resolución procedente.
Durante el desarrollo de la Sesión Ordinaria también se dio lectura a la Memoria que presenta la Comisión Permanente de la LXI Legislatura del Congreso del Estado.
Además, se guardó un minuto de silencio en memoria de la exdiputada Bárbara Ganime Bornne.
Gracias al despliegue oportuno de las brigadas de “Más territorio y menos escritorio” y al trabajo preventivo implementado por el Ayuntamiento de Tlaxcala, la lluvia registrada este domingo dejó únicamente daños menores y la caída de un árbol en la zona del Puente Rojo, situación que ya es atendida por el área de Protección Civil.
En atención a las instrucciones del alcalde Alfonso Sánchez García, desde el inicio de la precipitación las cuadrillas se movilizaron en distintos puntos de la ciudad. Durante los recorridos, se detectaron algunos encharcamientos leves que no representaron riesgo para peatones ni automovilistas.
Estos resultados son producto de la coordinación entre las brigadas municipales y las áreas operativas, lo que permitió mantener condiciones de seguridad y movilidad en la capital.
No obstante, el personal de las brigadas se mantiene atento y en vigilancia permanente para atender cualquier situación que pudiera presentarse en las próximas horas.
Con estas acciones, el Ayuntamiento de Tlaxcala consolida una estrategia cercana a la gente y efectiva en el territorio.
Para la revisión contractual 2026 en Audi México, con sede en Puebla, los trabajadores de la planta solicitarán un incremento global del 20 por ciento, dividido en un 15 por ciento directo al salario y un 5 por ciento en prestaciones, informó el secretario general del Sindicato Independiente de Trabajadores de Audi México (SITAUDI), César Orta Briones. No obstante, el líder sindical adelantó que se trata de una demanda difícil de alcanzar debido a las condiciones económicas adversas que enfrenta la armadora por factores internacionales, como los aranceles, que han afectado su producción, ventas y exportaciones.
En entrevista, el dirigente detalló que este porcentaje fue definido de manera unánime durante las cuatro asambleas divisionales realizadas este domingo 5 de abril, en las que participaron cerca de 5 mil trabajadores sindicalizados de áreas como prensas, carrocerías, pintura, logística, calidad, pre-series y montaje.
Este escenario brinda certidumbre a la industria y a la cadena de proveeduría Producción de Audi México está segura y sin riesgo de traslado a Estados Unidos, confirma Canacintra Explicó que el 5 por ciento correspondiente a prestaciones buscará mejorar diversos rubros contractuales, entre ellos la eliminación de topes salariales, el fortalecimiento del fondo de ahorro, incrementos en vales de despensa, ampliación de días festivos, así como apoyos económicos en caso de fallecimiento de familiares directos y la posibilidad de otorgar una plaza laboral a un familiar del trabajador en esas circunstancias.
Es un 20 por ciento global, la asamblea es la que manda y yo solo obedezco como secretario general. Vamos a buscar lo mejor para la base trabajadora pese a las condiciones actuales, expresó. Difícil de lograr esa petición Pese a la postura de los trabajadores, el líder del SITAUDI reconoció que alcanzar dicho incremento será complicado. Señaló que la empresa enfrenta un entorno adverso derivado de factores internacionales, como los aranceles que actualmente obligan a Audi a pagar hasta un 27.5 por ciento por cada vehículo exportado, así como tensiones geopolíticas, entre ellas conflictos en Medio Oriente, que impactan directamente en el mercado estadounidense.
La situación es complicada, la empresa no anda muy bien. Hoy es un escenario difícil (…) Hay muchas situaciones que están en contra de poder llegar a un nivel de aumento del 20 por ciento, reconoció. Incluso, el dirigente sindical señaló que no hay certeza de que se pueda alcanzar un incremento similar al obtenido en la revisión contractual de 2024, la última de este tipo, cuando se logró un aumento del 10.2 por ciento tras el estallamiento de una huelga.
“No sabemos si vamos a buscar más o menos, y no es un tope, porque la situación es fuerte. Llegar a un 10.2 se ve complicado, no imposible, pero vamos a discutirlo en negociaciones; todo depende de cómo se den”, aseveró.
Ante este panorama, Orta Briones advirtió que, aunque el objetivo es alcanzar un acuerdo mediante el diálogo, no se descarta recurrir a la huelga si las negociaciones no prosperan, como ocurrió en 2024.
“Ojalá podamos negociar por el bien de Audi México, por el bien de todos y para evitar una huelga, pero sin duda alguna, si nos llevan a ese extremo la vamos a tener que estallar (…) No se proyecta una huelga, pero sí una negociación difícil y complicada. Los trabajadores están conscientes de que no tenemos tantas cosas a favor”, agregó.
¿Cómo será el proceso de la revisión contractual? Respecto al proceso, el líder sindical indicó que el pliego petitorio será entregado formalmente a la empresa en los próximos días, mientras que las negociaciones comenzarán alrededor del 4 de mayo. Posteriormente, en octubre, los trabajadores deberán votar de manera libre y secreta si aprueban o no el acuerdo alcanzado entre el sindicato y la empresa.
Los hackeos a dependencias públicas en México, ocurridos a principios de 2026, no solo expusieron información sensible, también abrieron un escenario de riesgo prolongado para la ciudadanía. Al respecto, Layla Delgadillo, CEO de Silent4Business, advirtió que los datos sustraídos pueden traducirse en “meses o años de intentos de fraude” contra miles de personas.
Para la firma especializada en ciberseguridad, estos hechos evidencian un problema de fondo. Delgadillo señaló que “la ciberseguridad sigue tratándose como un proyecto reactivo y no como una capacidad permanente de Estado”, lo que deja a las instituciones en condición vulnerable ante amenazas cada vez más complejas.
El caso del grupo de ciberdelincuencia “Chronus”, vinculado al hackeo masivo, refuerza este diagnóstico. Un solo actor criminal accedió a más de dos decenas de organismos en un periodo breve. Este hecho refleja la ausencia de una arquitectura de seguridad robusta y de lineamientos obligatorios en el sector público. “Sin gestión de riesgo continua, gobierno de identidades sólido, monitoreo y respuesta madura, los atacantes encuentran caminos repetibles”, insistió la experta.
En este sentido, explicó que el problema no se limita a la tecnología. “La brecha tampoco es solo técnica: incluye procesos, coordinación y estándares”, dijo. La falta de gestión de riesgo continua, de un gobierno sólido de identidades y de mecanismos eficaces de respuesta permite que los atacantes encuentren caminos repetibles.
Las consecuencias de estas filtraciones rebasan el momento del incidente. La exposición de bases de datos de instituciones críticas coloca a la ciudadanía ante riesgos concretos, como suplantación de identidad, fraudes con información fiscal o de registro, campañas de phishing más creíbles y extorsión.
Derivado del monitoreo constante que realizan, el análisis del equipo de Cyber Threat Intelligence de la empresa identificó tres amenazas con crecimiento acelerado en México: la ingeniería social sofisticada, el ransomware y el uso de inteligencia artificial por parte de atacantes para escalar campañas de engaño. Este panorama exige una revisión del enfoque de defensa.
De acuerdo con la compañía, la respuesta no radica en la acumulación de herramientas, sino en un cambio de modelo. “Hay que mover la conversación de ‘herramientas’ a modelo operativo”, planteó Delgadillo. Este esquema incluye medición constante del riesgo, protección de identidades y accesos, monitoreo permanente y planes de continuidad con simulaciones para reducir tiempos de reacción.
“La prevención cuesta una fracción de la remediación, y esa diferencia define si una organización resiste o se paraliza”, afirmó. Este principio aplica tanto en el sector público como en el privado, con especial atención en pequeñas y medianas empresas.
Finalmente, reiteró la necesidad de un marco legal que ordene el ecosistema de ciberseguridad en México y subrayó la importancia de contar con certeza jurídica, obligaciones mínimas y coordinación. Sobre la iniciativa de Ley Federal de Ciberseguridad, agregó que debe establecer estándares para infraestructura crítica, definir responsabilidades y fortalecer la cooperación entre sectores. “Sin un marco claro, los esfuerzos permanecen aislados; con un marco sólido, se puede construir resiliencia nacional de forma consistente”, concluyó.