México avanza hacia una mayor adopción de pagos digitales luego de que el Senado aprobó la nueva Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, con la que se busca reducir el uso de efectivo y ampliar el acceso a herramientas financieras. El Pleno avaló el decreto en lo general con setenta y tres votos a favor y treinta y cuatro en contra, enviando el dictamen al Ejecutivo federal para su promulgación.

La nueva legislación plantea establecer un marco jurídico sólido para impulsar que los medios de pago electrónicos existentes sean utilizados de manera más amplia por personas, comercios y empresas en sus operaciones cotidianas. El objetivo central es cerrar la brecha entre la infraestructura financiera disponible y su aprovechamiento masivo en todo el territorio nacional.

Asimismo, la normativa busca favorecer la inclusión financiera de sectores que históricamente han enfrentado mayores barreras, tales como habitantes de zonas rurales, mujeres, personas con rezago educativo y comunidades indígenas. Durante el debate, legisladores recordaron que el país ya cuenta con plataformas operativas consolidadas como SPEI, CoDi y DiMo para facilitar las transferencias electrónicas.

Por su parte, legisladores de oposición expresaron reservas respecto al alcance de las nuevas disposiciones y el posible incremento en los mecanismos de fiscalización gubernamental. A pesar de los cuestionamientos, la legislación fue aprobada para impulsar la modernización de los sistemas de pago y fomentar la formalidad económica en el país.

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, exigió al Instituto Nacional Electoral (INE) esclarecer las presuntas irregularidades detectadas en esquemas de contrataciones multimillonarias con proveedores de material electoral. La mandataria señaló que la autoridad electoral debe transparentar los procesos relacionados con la adquisición de papelería especializada, tintas y elementos de seguridad para los comicios.

Durante su pronunciamiento, la titular del Ejecutivo federal indicó que solicitará a la Secretaría de Gobernación un informe detallado sobre el funcionamiento de Talleres Gráficos de la Nación desde el inicio de la actual administración. Asimismo, planteó que las instancias fiscalizadoras correspondientes revisen el uso de los recursos públicos involucrados en dichos contratos.

La exigencia de transparencia busca disipar cualquier duda sobre los procedimientos de adjudicación llevados a cabo por el órgano electoral. La mandataria reiteró que es fundamental que las instituciones autónomas rindan cuentas claras a la ciudadanía cuando se señalan posibles anomalías en el manejo presupuestal.

El posicionamiento del gobierno federal pone bajo la lupa los convenios establecidos para la elaboración de insumos electorales esenciales. Se espera que en los próximos días el INE emita una postura oficial para responder a los cuestionamientos planteados desde el Poder Ejecutivo federal.

Durante su conferencia matutina conocida como la «Mañanera del Pueblo», la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, desmintió categóricamente los rumores sobre un supuesto acuerdo político con la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia «Maru» Campos Galván, el cual presuntamente contemplaría la entrega de su exfiscal, César Jáuregui, a cambio de impunidad o el otorgamiento de una embajada.

Ante los cuestionamientos de la prensa sobre las versiones difundidas por algunos comunicadores respecto a un supuesto «pacto del aeropuerto», la mandataria federal enfatizó con firmeza que la justicia se encuentra siempre por encima de la política. Afirmó que su administración no realiza acuerdos de esa naturaleza y desestimó los señalamientos al catalogarlos como parte de un «periodismo de chismes».

Asimismo, Sheinbaum Pardo aclaró que no le corresponde a su administración exonerar a la mandataria estatal de ninguna responsabilidad derivada de operativos recientes contra narcolaboratorios en dicha entidad federativa, subrayando que corresponde estrictamente a la Fiscalía General de la República (FGR) realizar las investigaciones correspondientes.

Finalmente, la titular del Ejecutivo federal reiteró que será la propia fiscalía la encargada de presentar las pruebas e imputaciones en contra del exfiscal César Jáuregui por el presunto delito de traición a la patria, al considerar que se violó la Ley de Seguridad Nacional, reafirmando que en su gobierno no existen arreglos bajo la mesa para encubrir o negociar con la ley.