La comunidad de padres de familia en el estado de Puebla ha manifestado su respaldo total a la iniciativa que busca limitar el uso de teléfonos celulares en los planteles educativos de nivel básico. La medida, orientada a salvaguardar la salud mental de la niñez y potenciar su rendimiento académico, cuenta con el consenso de docentes y tutores en las diversas regiones del territorio poblano, consolidando un frente común en favor de la concentración escolar.

El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en el estado, Manuel Viveros Narcizo, informó que esta disposición se alinea con los acuerdos nacionales establecidos el pasado 18 de septiembre tras una reunión de trabajo con el secretario federal, Mario Delgado. La estrategia federal contempla que los dispositivos móviles permanezcan guardados durante toda la jornada escolar en instituciones públicas y privadas de educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, entrando en vigor formalmente el próximo 3 de noviembre de 2026.

No obstante la restricción general, las autoridades educativas puntualizaron que existirá flexibilidad mediante excepciones normativas debidamente justificadas. Entre los supuestos permitidos para el uso de teléfonos se encuentran situaciones de emergencia personal, necesidades especiales por discapacidad, accesibilidad e inclusión, motivos de salud o acuerdos extraordinarios previamente coordinados con las directivas escolares y los docentes frente a grupo.

La urgencia de esta medida cobra relevancia ante el crecimiento exponencial de usuarios menores de edad en la entidad. De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de los Hogares (ENDUTIH 2025), la cifra de personas con acceso a telefonía celular en Puebla ascendió a más de 5.1 millones, destacando que el sector de menores de 17 años concentra ya a 858 mil 978 usuarios, lo que representa el 16.8 por ciento del total estatal.

Con la aplicación de estos lineamientos en las aulas poblanas, se busca mitigar las distracciones digitales y fomentar una convivencia más directa entre el alumnado durante sus horas de clase. Las autoridades educativas confían en que la medida sea adoptada sin contratiempos por las comunidades escolares, beneficiando directamente el desarrollo cognitivo y la integración social de los estudiantes.

— MLC

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) llevó a cabo su Séptima Sesión Extraordinaria, en la cual avaló un paquete de 36 anteproyectos de resolución de Procedimientos Ordinarios Sancionadores. Durante la sesión, los consejeros evaluaron diversas irregularidades normativas que van desde la afiliación corporativa o partidista sin el consentimiento expreso de la ciudadanía, hasta la presunta presentación de información falsa ante la autoridad electoral nacional. Estas propuestas normativas serán remetidas próximamente al Consejo General para su discusión definitiva y eventual sanción económica o administrativa.

Dentro del análisis central, se revisaron 26 expedientes que involucran a 253 personas que interpusieron denuncias al percatarse de que figuraban en padrones de cinco distintas fuerzas políticas sin haber otorgado su autorización. Tras la revisión jurídica, la autoridad electoral acreditó la irregularidad en 248 casos, mientras que cuatro fueron catalogados sin infracción y uno más quedó sobreseído por desistimiento. Las multas estipuladas para estas faltas oscilan entre 963 y 1,284 Unidades de Medida y Actualización (UMA), representando montos que van desde los 70 mil hasta más de 150 mil pesos, dependiendo del año en que se cometió la afiliación ilegal.

Asimismo, la instancia evaluadora examinó la conducta de 12 aspirantes a puestos de supervisión y capacitación electoral, detectando que 10 de ellos incurrieron en la entrega de datos falsos al organismo. Como consecuencia de esta falta, se propuso la imposición de amonestaciones públicas para dichos perfiles, descartando otros dos casos por el desechamiento formal de los mismos. Paralelamente, dos agrupaciones políticas nacionales enfrentarán sanciones por reportar de manera extemporánea los cambios en sus órganos directivos internos, lo que derivará en multas y apercibimientos públicos.

El informe presentado ante la Comisión también contempla la sanción a una persona física que omitió responder a los requerimientos de información solicitados durante la sustanciación de un Procedimiento Especial Sancionador. Del mismo modo, se detectaron omisiones reiteradas por parte de diversos partidos políticos nacionales respecto a la entrega de informes financieros obligatorios por la normativa vigente, lo que activó los mecanismos para fincar las multas correspondientes. En un caso específico, la inactividad procesal prolongada propició que la autoridad decretara la caducidad del procedimiento.

Con estas acciones, el órgano electoral busca inhibir prácticas que vulneran los derechos político-electorales de la ciudadanía y garantizar la transparencia en los procesos de fiscalización y conformación partidista. Los dictámenes aprobados refuerzan el principio de legalidad que debe regir en la vida democrática del país, obligando a los institutos políticos y actores involucrados a conducirse con estricto apego a la ley bajo la supervisión permanente de las instituciones federales.

— MLC

A raíz de las movilizaciones estudiantiles tras el feminicidio de María Fernanda, el gobierno municipal de San Andrés Cholula anunció una reestructuración y reforzamiento en sus políticas de prevención de la violencia contra las mujeres. La alcaldesa Guadalupe Cuautle Torres confirmó que se atenderá de forma prioritaria el pliego petitorio entregado por la comunidad universitaria.

Durante el despliegue de las protestas a las afueras del campus de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), estudiantes y colectivos entregaron una carta dirigida a las autoridades municipales y al Ministerio Público para exigir el esclarecimiento del crimen. En respuesta, la administración municipal desplegó elementos de seguridad para resguardar la libre manifestación de las y los jóvenes.

Entre las medidas inmediatas presentadas por la alcaldesa destaca el impulso al esquema «Embajadores por la Seguridad», mediante el cual representantes de diversas instituciones de educación superior colaboran con las áreas de prevención del delito. El plan busca estrechar la comunicación entre los universitarios y la Secretaría de Seguridad Pública municipal para detectar oportunamente factores de riesgo en el entorno escolar.

San Andrés Cholula cuenta con una Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, lo que obliga al municipio a destinar recursos e infraestructura específica. En ese sentido, la alcaldesa subrayó las operaciones transversales desarrolladas desde la Casa Violeta, así como programas permanentes de capacitación sobre masculinidades y acompañamiento jurídico e interdisciplinario para víctimas.

Mientras la Fiscalía General del Estado de Puebla prosigue con las indagatorias correspondientes para juzgar al responsable del feminicidio, el gobierno municipal reiteró su compromiso de cooperar con las autoridades judiciales y mantener un monitoreo permanente en los corredores universitarios de la demarcación.