Ante la temporada de precipitaciones pluviales y con el objetivo de salvaguardar el patrimonio y la integridad de las familias poblanas, el presidente municipal de Puebla, Pepe Chedraui, realizó un recorrido de supervisión por los puntos de monitoreo estratégico y las zonas consideradas de atención prioritaria en la capital del estado.

Durante la supervisión, el edil estuvo acompañado por directores operativos de Protección Civil y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, constatando el funcionamiento en tiempo real de los radares y cámaras del sistema de alerta hidrometeorológica. Estos equipos permiten rastrear con precisión la trayectoria de las tormentas y anticipar acumulamientos críticos de agua en vialidades principales y juntas auxiliares.

Pepe Chedraui destacó que la prevención es el eje fundamental de la administración municipal, por lo que las cuadrillas de limpieza de alcantarillado, desazolve de ríos y atención a árboles en riesgo trabajan de manera permanente las 24 horas del día. Subrayó que la coordinación estrecha entre el gobierno de la ciudad y la ciudadanía es clave para evitar encharcamientos severos.

Asimismo, el alcalde hizo un llamado directo a las y los habitantes de Puebla capital para evitar arrojar basura en las calles, ya que los desechos sólidos acumulados en las rejillas pluviales representan la principal causa de anegaciones durante las lluvias intensas. Aseguró que el ayuntamiento no bajará la guardia en materia de protección urbana.

Con estas acciones de supervisión directa en campo, el gobierno municipal reafirma su compromiso de mantener una ciudad preparada, resiliente y con capacidad de respuesta inmediata ante cualquier eventualidad climática que se presente en el municipio de Puebla.

Durante una conferencia de prensa de alcance estatal, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, lanzó un enfático llamado a todos los partidos políticos con presencia en la entidad para que apliquen filtros rigurosos de selección interna. El mandatario fue contundente al exigir que las fuerzas políticas se abstengan de postular a candidatos que cuenten con antecedentes penales, investigaciones abiertas o presuntos vínculos con la delincuencia organizada de cara a los próximos comicios.

Armenta Mier subrayó que la omisión o la tolerancia ante la llegada de perfiles cuestionables al servicio público equivale a un acto de complicidad que daña severamente a la ciudadanía. Explicó que los partidos tienen la obligación legal y ética de revisar minuciosamente la trayectoria de quienes aspiran a representar a la población, evitando que las estructuras partidistas sean utilizadas como fachada o plataforma de protección para intereses ilícitos.

En este contexto, el titular del Ejecutivo advirtió que la Fiscalía General del Estado (FGE) y los órganos de inteligencia mantendrán un monitoreo constante sobre los perfiles políticos que busquen cargos de elección popular. En caso de detectarse cualquier irregularidad o nexo con grupos delictivos, la fiscalía iniciará de inmediato las carpetas de investigación correspondientes, independientemente de la filiación partidista del implicado.

Asimismo, el gobernador destacó que el combate a la delincuencia no se limita a las calles, sino que debe extenderse a las instituciones y a la vida política del estado. Manifestó que la infiltración del crimen en los gobiernos locales representa una amenaza directa a la paz pública y al desarrollo económico, por lo que su administración actuarán con firmeza para impedir que la impunidad se consolide en el ámbito electoral.

La recaudación tributaria en el país enfrenta un panorama complejo y desafiante. A pesar de los esfuerzos intensos y las estrategias de fiscalización implementadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), diversos indicadores económicos recientes muestran que los ingresos fiscales han comenzado a perder tracción de manera significativa.

Especialistas en materia fiscal apuntan a que este fenómeno responde tanto a una desaceleración en la actividad económica interna como a la natural resistencia de los grandes contribuyentes frente a auditorías más agresivas. La dependencia federal había apostado fuertemente por la digitalización de los procesos, el cruce masivo de datos bancarios y el cierre de espacios a la evasión para mantener el ritmo de ingresos observado en años anteriores.

Sin embargo, las cifras preliminares demuestran que la expectativa gubernamental no está logrando el rendimiento proyectado en la Ley de Ingresos. Las medidas coercitivas y de fiscalización intensiva parecen haber llegado a un punto de rendimiento decreciente, lo que obliga a las autoridades fiscales a replantear sus estrategias de mediano plazo sin asfixiar la economía formal.

El impacto de esta desaceleración recae directamente sobre el margen de maniobra del presupuesto federal, limitando el gasto público destinado a infraestructura social y programas prioritarios. Los analistas coinciden en que, para revertir esta tendencia, será indispensable incentivar la formalización laboral y ofrecer estímulos reales a la inversión privada en lugar de depender exclusivamente de auditorías punitivas.

Hacia los próximos meses, el reto para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público consistirá en equilibrar la balanza entre el cumplimiento fiscal obligatorio y la reactivación económica. De persistir esta pérdida de fuerza en la recaudación, el gobierno federal podría verse obligado a realizar ajustes presupuestarios o recurrir a un mayor endeudamiento para cubrir el déficit fiscal proyectado.