El gobierno del estado de Puebla reforzará la estrategia de seguridad en la franja limítrofe con Tlaxcala tras el asesinato de un matrimonio poblano, informó el secretario de Gobernación de Puebla, Samuel Aguilar Pala, quien adelantó que el gobernador Alejandro Armenta Mier se reunirá con su homóloga Lorena Cuéllar Cisneros en una mesa de trabajo interinstitucional el próximo lunes.

En entrevista con medios de comunicación, tras asistir a la conmemoración del 113 aniversario del Ejército Mexicano, el responsable de la gobernabilidad en Puebla expresó que la entidad firmó convenios de colaboración en materia de seguridad con estados colindantes, por lo que el asesinato de Karen N. y Alejandro N., padres de familia del Instituto Oriente, obliga a fortalecer la coordinación de seguridad entre Puebla y Tlaxcala.

Aguilar Pala afirmó que el objetivo del encuentro en materia de seguridad que presidirán los gobernadores será “revisar estrategias ante hechos delictivos y establecer un blindaje coordinado entre ambos estados”.

A la par, aseguró que el Gobierno de Puebla coadyuvará con las autoridades de ambas entidades para esclarecer el doble homicidio y determinar el móvil del crimen.

Como parte de las acciones para brindar seguridad a la población de Veracruz, elementos de la Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en coordinación con Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN), Secretaría de Seguridad Pública y Fiscalía General del Estado de Veracruz, ejecutaron 13 cateos simultáneos en distintos domicilios, donde fueron detenidas 14 personas y se aseguraron armas de fuego, granadas, cartuchos, cargadores, dosis de droga, 10 vehículos y 16 motocicletas.

Estas acciones derivan del seguimiento a una denuncia ciudadana por la privación ilegal de la libertad de una persona, ocurrida el 9 de enero del presente año en la colonia Lafragua, en el municipio de Veracruz. A partir de estos hechos, los agentes de seguridad implementaron diversas técnicas de investigación y desarrollaron líneas de análisis que permitieron identificar varios domicilios vinculados con dicha actividad delictiva.
Con base en los datos de prueba obtenidos, un Juez de Control otorgó las órdenes de cateo para intervenir inmuebles ubicados en los municipios de Boca del Río y Veracruz.

Como resultado de un despliegue operativo coordinado y simultáneo, se realizó la detención de nueve hombres y cinco mujeres, así como el aseguramiento de cinco armas largas, cuatro armas cortas, seis granadas, 19 cargadores, 544 cartuchos útiles, nueve chalecos balísticos, 10 vehículos, 16 motocicletas y diversas dosis de droga. Asimismo, en el lugar se liberó a una persona que se encontraba privada de la libertad, a quien se le brindó auxilio inmediato.

A las personas detenidas se les informaron sus derechos de ley y, junto con lo asegurado, fueron puestas a disposición del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

En tanto, la persona liberada recibió atención médica y orientación para presentar la denuncia correspondiente ante la autoridad ministerial.

Estas acciones fueron posibles gracias a la estrecha colaboración con las autoridades estatales. Las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad refrendan su compromiso de trabajar en coordinación para detener a generadores de violencia y fortalecer la seguridad de la población del estado de Veracruz.

México se enfrenta a una realidad que indigna a la ciudadanía: las pensiones vitalicias millonarias que reciben exfuncionarios públicos de alto nivel. Estas “pensiones doradas”, como se les conoce popularmente, representan una sangría para las finanzas públicas y un agravio para los trabajadores que cotizan toda su vida para obtener una pensión digna. Muchas, por cierto, no llegan ni a los diez mil pesos mensuales.

El caso de José Ángel Gurría Treviño es paradigmático. Desde 1994, este exfuncionario recibe una pensión vitalicia de aproximadamente 120,000 pesos mensuales. Lo más escandaloso es que Gurría se jubiló a los 43 años de edad, tras ocupar el cargo de director general de Nacional Financiera (Nafinsa) por ¡solo once meses! El señor hizo el negocio de su vida.
Pero Gurría no es el único beneficiario de este sistema corrupto. En la Comisión Federal de Electricidad (CFE), hay personas que cobran cantidades de escándalo mensuales de pensión. Y la lista continúa en otras empresas como Pemex y Banobras.

La presidenta Claudia Sheinbaum ya tomó cartas en el asunto y propuso una iniciativa de reforma al artículo 127 de la Constitución. El objetivo es establecer un tope a las pensiones de los exfuncionarios públicos de alto mando (de confianza), limitándolas al 50% del salario neto que percibe la Presidenta, lo que equivaldría a un máximo de 70,000 pesos mensuales.

Esta iniciativa representa un paso fundamental para combatir la corrupción y la desigualdad en México. Al poner fin a las pensiones doradas, se liberan recursos que pueden ser destinados a programas sociales, infraestructura y otros rubros prioritarios para el desarrollo del país. Además, se envía un mensaje claro de que los privilegios de unos pocos no pueden seguirse financiando con el dinero de todos los mexicanos.

La propuesta de Sheinbaum ha generado un intenso debate en la sociedad mexicana. Como dijo en su momento el clásico: ningún chile les embona, y los más quejosos son los mismos que han vivido a cuerpo de rey a costa del erario y se aferran a sus privilegios.

Por cierto, son también los que se escandalizan de las pensiones que reciben los adultos mayores y hasta huevones los llaman.

Sin embargo, la lucha por la justicia social y la transparencia en el manejo de los recursos públicos debe ser una prioridad para México. El cambio debe hacerse a la de ya.

¡Es hora de decir adiós a los parásitos millonarios y construir un país más justo y equitativo para todos!