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Congreso del Estado busca tipificar violencia psicológica contra menores y adultos mayores

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En sesión de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia de la LXI Legislatura del Congreso del Estado, se aprobó, por unanimidad, reformas a diversas disposiciones al Código Penal, enviadas -por separado- por las diputadas Mónica Rodríguez Della Vecchia y Ruth Zárate Domínguez, con la intención de tipificar la violencia psicológica contra menores de edad y adultos mayores aumentando su sanción, para incentivar su protección y por ende su desarrollo personal, familiar y social.

De esta forma, se reformó la denominación de la Sección Primera del Capítulo Décimo Séptimo del Libro Segundo “Golpes y otras violencias” y el artículo 355 del Código Penal del Estado para quedar de la siguiente manera “Golpes y otras violencias físicas y psicológicas”

Al hacer uso de la palabra, el diputado Eduardo Castillo López, celebró que se aplicara el principio de concentración tomando en cuenta que ambas iniciativas están relacionadas. Expresó que con estas reformas se busca proteger a las personas menores y edad y a las adultas mayores que sufran violencia psicológica, que se trata de cualquier acto u omisión que daña la estabilidad psicológica de la víctima puede consistir en amenazas, negligencia, abandono, descuido reiterado, insultos, gritos humillaciones, marginación, entre otros, y que repercute de manera importante en el individuo.

Por su parte, la diputada Isabel Merlo Talavera refirió que la LXI Legislatura está marcando un antes y un después al preocuparse por legislar en contra de la violencia.

En otro momento de la sesión las y los diputados aprobaron el Proyecto de Acuerdo por el que se declaran improcedentes 30 Puntos de Acuerdo tunados a esta Comisión durante el periodo constitucional de la LX Legislatura porque han caducado y por ende quedado sin materia. En la sesión se contó también con la asistencia de los diputados Mariano Hernández Reyes y Yolanda Gámez Mendoza.

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Regidores exigen revocación de mandato a Alcaldesa de Acatlán

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Acatlán de Osorio vive momentos de alta tensión política tras el quiebre definitivo en las negociaciones entre los integrantes del Cabildo y la alcaldesa Guadalupe Lucero Bárcenas.

Ante la falta de acuerdos en las mesas de diálogo mediadas por la Secretaría de Gobernación estatal, las y los regidores, junto con el síndico municipal David Fernando Chico, acudieron formalmente ante el Congreso del Estado de Puebla para solicitar la reactivación inmediata del proceso de revocación de mandato en contra de la edilesa. A través del oficio RRS/016/2026, el cuerpo edilicio dejó en firme su postura de destituir a la munícipe, argumentando que la vía de la concertación se encuentra completamente agotada.

El conflicto escaló desde el pasado mes de junio, cuando los cabildantes iniciaron la recolección de pruebas por presuntos malos manejos financieros y desvío de recursos públicos. Como antecedente directo a este choque político, el 15 de junio los regidores destituyeron de sus funciones al secretario general, Álvaro Cruz Martínez, y al director de Seguridad Pública, Juan Alberto Domínguez López, este último cónyuge de la propia presidenta municipal. Paralelamente, la Fiscalía General del Estado y la Auditoría Superior del Estado mantienen abiertas investigaciones para auditar de fondo las cuentas públicas y deslindar posibles responsabilidades penales.

Sobre el panorama legislativo, el diputado Julio Huerta Gómez, presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, calificó la relación como una postura irreconciliable. El legislador precisó que el Congreso se encuentra a la espera de los dictámenes de fiscalización correspondientes para determinar la procedencia legal del recurso. Asimismo, aclaró que de concretarse la destitución de la alcaldesa, la normativa vigente permite que el resto del Cabildo y la Sindicatura permanezcan en sus cargos para dar continuidad al gobierno local sin necesidad de disolver el ayuntamiento en su totalidad.

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San Andrés Cholula capta bolsa de 64 millones de pesos por cobro del predial

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El Ayuntamiento de San Andrés Cholula logró captar un ingreso de 64 millones de pesos a través del cobro del impuesto predial durante el periodo correspondiente. Las autoridades municipales señalaron que esta cifra refleja la respuesta positiva de los contribuyentes locales, quienes han acudido a los módulos de pago habilitados en distintas zonas de la demarcación.

De acuerdo con las áreas financieras del municipio, la recaudación permitirá contar con liquidez para la ejecución de proyectos de infraestructura y la prestación de servicios públicos esenciales. Asimismo, se destacó que los esquemas de descuento y la modernización de las plataformas de cobro facilitaron el cumplimiento de esta obligación fiscal por parte de los ciudadanos.

El gobierno municipal informó que los recursos obtenidos se destinarán de manera prioritaria a áreas de seguridad pública, mantenimiento de vialidades y programas de desarrollo social. Con ello, la administración local busca consolidar las finanzas del municipio y dar continuidad a las obras contempladas en el plan anual de trabajo.

Finalmente, las autoridades reiteraron el llamado a los propietarios que aún presentan rezagos para que se acerquen a regularizar su situación patrimonial. Para ello, mantendrán activos los esquemas de atención personalizada y los canales digitales que permiten realizar el trámite de forma ágil.

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Largas filas de hasta tres horas para recuperar líneas telefónicas suspendidas

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Largas filas y tiempos de espera de hasta tres horas se registraron en el Centro de Atención a Clientes de Telcel ubicado en el bulevar Norte de la ciudad de Puebla. Decenas de usuarios acudieron de forma presencial a las instalaciones para realizar el trámite de registro de datos o solicitar la reactivación de sus líneas telefónicas.

El incremento de la afluencia ocurrió tras la conclusión del periodo límite otorgado para la regularización de las líneas cuya numeración concluye en el dígito cero. La falta de actualización dentro del plazo derivó en la aplicación de restricciones temporales en el servicio de llamadas y datos para diversos clientes.

Desde primeras horas del día, los ciudadanos se aglomeraron a las afueras de la sucursal para intentar completar la vinculación de sus números con sus identificaciones. Varios de los presentes manifestaron su molestia ante la lentitud en el avance de las filas y la elevada demanda del trámite.

Las autoridades y la empresa recordaron que el procedimiento de registro continuará ejecutándose de manera programada conforme al último número de cada línea. Por ello, se exhortó a la población a revisar los calendarios establecidos para evitar contratiempos y largas esperas en los módulos de atención.

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