Corporaciones de emergencia, protección civil y elementos de seguridad pública implementaron un intenso operativo de búsqueda y localización en la zona mixteca del estado de Puebla, tras recibir múltiples reportes sobre la presunta caída de una avioneta.

Los avisos ciudadanos alertaron a las autoridades sobre el descenso abrupto y la emisión de humo en un área rural agreste comprendida entre los municipios de Santa Clara Ocoyucan, Ahuatempan y Cuayuca de Andrade.

De inmediato, unidades de rescate aéreo y terrestre se trasladaron al sitio señalado para peinar los cerros y cañadas, enfrentándose a complicaciones derivadas de lo accidentado del terreno y las condiciones climáticas adversas.

Hasta el momento, los cuerpos de auxilio no han confirmado el hallazgo físico de restos de la aeronave ni la presencia de personas lesionadas, por lo que las labores de rastreo con drones y binomios caninos continúan activas.

Autoridades aeronáuticas colaboran estrechamente con las corporaciones estatales para verificar los planes de vuelo registrados en el espacio aéreo regional y determinar si alguna unidad privada emitió una señal de alerta de emergencia.

El gobierno estatal pidió a la población mantener la calma y reportar cualquier indicio verídico al número de emergencias, asegurando que se mantendrá el despliegue hasta esclarecer por completo el reporte ciudadano.

• Organismos protectores de los derechos humanos emitieron un total de cinco recomendaciones dirigidas de manera directa a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla, tras documentar graves irregularidades en los protocolos de actuación ministerial.

Las indagatorias defensoriales revelaron que diversas víctimas de delitos presentaron denuncias formales en las que documentaron haber sufrido agresiones extremas que incluyeron prácticas de asfixia y quemaduras durante su estancia bajo custodia.

Los expedientes señalan que estas violaciones graves a los derechos fundamentales involucran directamente a elementos ministeriales y periciales que presuntamente habrían empleado métodos de coacción para la obtención de confesiones.

Ante la gravedad de los señalamientos, las instancias protectoras exigieron a la procuraduría estatal una revisión exhaustiva de sus protocolos internos y el inicio de procedimientos administrativos y penales contra los servidores públicos implicados.

Asimismo, se solicitó la implementación de medidas integrales de reparación del daño, atención médica especializada y apoyo psicológico para las víctimas que padecieron estas agresiones durante las diligencias oficiales.

Por su parte, las autoridades de la fiscalía manifestaron su disposición institucional para acatar las recomendaciones emitidas, reiterando una política de cero tolerancia hacia cualquier abuso de autoridad en el territorio poblano.

• Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado llevaron a cabo un operativo táctico de gran envergadura en el municipio de San Andrés Cholula.

Las acciones derivaron en un enfrentamiento armado registrado en las últimas horas, luego de que las fuerzas del orden ubicaran una casa de seguridad utilizada por una célula delictiva vinculada con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Durante el intercambio de disparos, los cuerpos de seguridad mantuvieron el control perimetral de la zona para salvaguardar la integridad de los vecinos y neutralizar la resistencia ofrecida por los presuntos delincuentes.

Como resultado de este despliegue operativo, las autoridades lograron la detención de varios sujetos armados integrantes de dicha organización criminal, además de asegurar un arsenal de armas de alto poder, equipos tácticos y vehículos.

Paramédicos y peritos de la fiscalía se trasladaron al sitio del enfrentamiento para realizar las diligencias correspondientes, asegurar los indicios balísticos y brindar atención médica a quienes resultaron lesionados durante el tiroteo.

Los detenidos y lo asegurado fueron puestos a disposición inmediata de las autoridades ministeriales federales competentes, quienes determinarán su situación jurídica bajo estrictas medidas de seguridad y custodia.