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La violencia contra las mujeres no para de crecer

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Salvo el delito de secuestro, donde se redujo a menos de la mitad, los indicadores de violencia contra ellas se incrementaron en los primeros tres años del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Especialistas sobre agenda feminista señalan avances en los ámbitos legislativo y de impartición de justicia, pero francos retrocesos en la implementación de políticas públicas.

A tres años de iniciado el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, en materia de seguridad, igualdad y tratos hacia las mujeres, hay avances, particularmente en los ámbitos legislativo y de impartición de justicia, pero francos retrocesos en la implementación de políticas públicas enfocadas a resolver los problemas que padecen, afirman especialistas en la materia.

En tanto, las estadísticas oficiales de seguridad muestran que no se han logrado generar condiciones de seguridad para ellas, pues los delitos que atentan contra su integridad siguen fuera de control. Salvo el secuestro, donde se redujo a menos de la mitad la incidencia y el homicidio doloso, que reporta una ligera reducción, los indicadores de violencia contra ellas son como eran antes: van en aumento.

Ese es el caso de feminicidio, homicidio culposo, lesiones dolosas y extorsiones. Además, las estadísticas del servicio de atención telefónica 911 de los últimos años, registran un incremento de las llamadas de auxilio por mujeres en situaciones de peligro.

Fátima Gamboa codirectora de Equis, justicia para las mujeres, explicó que, en materia legislativa, se advierten importantes avances para despenalizar el aborto, así como en materia de diversidad, que ha beneficiado a la agenda de mujeres lesbianas, pues en varios estados del país se ha reconocido en sus leyes el matrimonio igualitario.

Asimismo, destacó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha establecido criterios importantes para eliminar de las leyes interpretaciones que terminaban por criminalizar a mujeres, por ejemplo, por delitos de aborto.

En ese sentido Wendy Haydeé Figueroa Morales, directora general de la Red Nacional de Refugios, destacó que eso no quiere decir que se haya legalizado a nivel nacional el aborto, pero sí es un gran paso para ir abriendo la posibilidad para que, en todo el país, la interrupción legal del embarazo sea seguro y gratuito.

Recordó que se incrementaron los estados en donde se actualizó su legislación en la materia, como Colima, Hidalgo y Quintana Roo.

“Ha habido avances por la exigencia que se tiene por las colectivas feministas de las organizaciones de la sociedad civil y constituyen pasos hacia adelante en materia de derechos, aunque siguen estando asuntos pendientes”, manifestó.

Por su parte, Friné Salguero, directora del Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir, comentó que hay hitos que se han alcanzado como consecuencia de luchas históricas de los movimientos feministas como la paridad en todos los espacios, no solo en el Congreso de la Unión, lo cual ha traído como consecuencia mayor participación de mujeres en espacios de decisión política.

Dijo que eso tiene efecto en otros lugares, como las empresas privadas, donde se ha empezado a cuestionar la paridad en todas las áreas.

También recordó la ratificación del convenio 189 relacionado con el reconocimiento como trabajo formal el que realizan las empleadas del hogar, lo que desencadenó una serie de derechos para sectores más precarizados en el trabajo.

Destacó que el movimiento feminista se ha democratizado y son cada vez más las mujeres que dicen con orgullo que son feministas y salen a la calle a protestar por lo que les afecta y exigir sus derechos. A eso se le ha denominado la cuarta ola feminista.

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Nacional

«Migrar para vivir, no para morir»: Exigen en CDMX justicia por connacionales fallecidos a manos de ICE

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Colectivos y familias se movilizan en el Monumento a la Revolución tras el incremento de agresiones letales y abusos en operativos migratorios dentro de Estados Unidos.

CIUDAD DE MÉXICO.— Bajo la consigna “Migrar para vivir, no para ser asesinados”, activistas, organizaciones civiles y migrantes se concentraron en el Monumento a la Revolución durante la Jornada Nacional de Acción y Rendición de Cuentas, exigiendo justicia por al menos 80 personas fallecidas en operativos o bajo la custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE).

Durante la manifestación, los asistentes colocaron en el piso fotografías de las víctimas, repartieron material informativo y mostraron pancartas denunciando la violencia sistemática e institucional contra la comunidad migrante.

Escalada de denuncias diplomáticas

La protesta se da en un contexto de creciente tensión diplomática. El embajador de México en EE. UU., Roberto Lazzeri, presentó recientemente 20 denuncias ante fiscalías estatales y locales en ocho estados clave (incluyendo Texas, California, Arizona y Florida) para esclarecer la muerte de 17 mexicanos bajo resguardo o durante operativos de ICE.

Entre los casos más recientes que han encendido las alarmas destacan:

  • Lorenzo Salgado Araujo: Residente en EE. UU. desde hace 35 años, abatido en Texas el pasado 7 de julio. Aunque inicialmente las autoridades intentaron vincularlo con actividades ilícitas, la fiscalía confirmó posteriormente que la sustancia hallada en su vehículo era sal y no drogas. Sus hijos llevaron la exigencia de justicia hasta el Congreso norteamericano.
  • Joan Sebastián Durán Guerrero: Joven colombiano de 26 años y padre de familia, asesinado a disparos por un agente en Maine el 13 de julio. El caso provocó reclamos formales del gobierno de Colombia y el posterior señalamiento público sobre el historial de abusos del agente involucrado.

Diversas agrupaciones presentes en la movilización insistieron en que la migración no debe ser tratada como un delito criminal ni castigada con la muerte, urgiendo a las autoridades de ambos países a garantizar investigaciones independientes, transparentes y sin impunidad.

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Confirma Gobierno Federal que Valentín Lavín, alcalde asesinado en Temoac, era investigado por vínculos criminales

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CIUDAD DE MÉXICO — Durante la conferencia matutina de este viernes, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, confirmó que el presidente municipal de Temoac, Morelos, Valentín Lavín Romero —asesinado a balazos el pasado 22 de julio al interior del Palacio Municipal— se encontraba bajo investigación oficial por sus presuntos nexos con estructuras delictivas.

Puntos Clave de la Declaración:

  • Líneas de investigación: El funcionario federal detalló que el edil era indagado por su posible relación con células criminales generadoras de violencia en la región oriente de Morelos, específicamente los grupos conocidos como «Los Aparicio» y «Los Huazulco», vinculados con delitos de alto impacto como secuestro, extorsión, homicidio y narcomenudeo.
  • Nexos familiares: García Harfuch señaló que la Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos integró carpetas de investigación que contemplan antecedentes de familiares directos detenidos. Entre ellos destaca el caso de su suegra, identificada como Andrea «N», alias «La Patrona» —quien se desempeñara como tesorera municipal—, además de la aprehensión del suegro del edil.
  • Denuncias previas: El Gabinete de Seguridad federal recibió nuevas alertas y denuncias relacionadas con el alcalde durante el pasado mes de mayo, información que actualmente es valorada por las autoridades ministeriales para esclarecer el móvil del homicidio.

Antecedentes de Violencia en Temoac

El asesinato de Valentín Lavín Romero —emanado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM)— ocurrió el miércoles dentro de las instalaciones del ayuntamiento, cuando sujetos armados ingresaron y le dispararon de manera directa.

Este atentado mortal estuvo precedido por agresiones previas:

  1. El primer atentado: El 31 de enero de 2026, el alcalde sobrevivió a un ataque armado mientras circulaba a bordo de una camioneta sobre la carretera federal México-Oaxaca, a la altura del poblado de Amayuca, en el municipio de Jantetelco (hecho en el que también resultó afectada su esposa).
  2. Licencia temporal: Tras dichos eventos violentos, a inicios de febrero el munícipe solicitó de manera temporal separarse de sus funciones públicas.

Actualmente, las instituciones que integran la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad mantienen un despliegue operativo en Temoac y municipios aledaños, mientras la Fiscalía estatal y la federación continúan con las indagatorias conjuntas para dar con los autores materiales e intelectuales del crimen.

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Caso Dafne: Detienen a primera implicada por la muerte de la menor en academia militarizada de Tamaulipas

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Ciudad Madero, Tamps. — La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJT) ejecutó una orden de aprehensión en contra de Danna Yanina “N”, señalada por su presunta vinculación en el caso de la adolescente Dafne Zapata Quintos, de 13 años, quien perdió la vida durante un curso de verano al interior de la Academia Militarizada Marina Doenitz.

La detenida, de 18 años, es exalumna del plantel y se desempeñaba como auxiliar de la coordinación del área femenil durante el campamento. Se convierte en la primera persona imputada formalmente dentro de la carpeta de investigación que se tramita bajo el protocolo de feminicidio.

Detención y presentación ante el juez

De acuerdo con los reportes oficiales, la joven acudió inicialmente de manera voluntaria a rendir su declaración ante la Fiscalía Especializada en Delitos contra Niñas, Niños y Mujeres por Razón de Género en Tampico. Sin embargo, al estar en el sitio le fue notificada la orden de aprehensión dictada por un juez de control.

  • Traslado bajo custodia: Fue llevada al Centro Integral de Justicia en Altamira para dar inicio a su audiencia inicial, donde el Ministerio Público expondrá los datos de prueba para formular la imputación.
  • Causa de la indagatoria: Aunque inicialmente se manejó la versión de un accidente, la necropsia determinó asfixia por sumersión, sumado a testimonios de familiares que señalan posibles actos de maltrato e intimidación previo al fallecimiento.

Exigen justicia y deslinde institucional

Tras la detención, la madre de la víctima, Alejandra Quintos, reiteró el llamado a las autoridades para que la investigación no se detenga en una sola persona y se determine la responsabilidad de directivos y demás personal del campamento.

Por su parte, el Gobierno Federal aclaró que la institución privada donde sucedieron los hechos no pertenece ni tiene vínculo alguno con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ni con las Fuerzas Armadas.

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