El Poder Judicial del Estado de Puebla ejecutó una importante depuración al interior del Centro de Convivencia Familiar (Cecofam), confirmando la remoción de 13 servidores públicos. Esta medida correctiva se implementó tras documentar diversas irregularidades graves, entre las que destacan presuntos actos de extorsión y cobros ilegicientes —conocidos comúnmente como «moches»— a los padres de familia que acuden a las instalaciones para ver a sus hijos.

La decisión fue anunciada por el presidente del Consejo de la Judicatura, Pedro Antonio Martínez Hernández, durante una postura oficial en la que detalló que las investigaciones internas alcanzaron a personal de distintas áreas. La red de irregularidades involucraba tanto a psicólogos y trabajadores sociales como a médicos, directivos y jefes de departamento que operaban al margen de la ley dentro del organismo.

De acuerdo con las indagatorias del órgano judicial, los implicados exigían depósitos de dinero utilizando cuentas de índole personal e incluso recurrían a las mismas plataformas bancarias institucionales donde recibían sus nóminas oficiales. Estas acciones no solo violentaban los reglamentos internos, sino que vulneraban la economía de familias en procesos legales sumamente vulnerables y sensibles.

Esta intervención administrativa se originó un día después de una protesta generalizada encabezada por aproximadamente 35 trabajadores del Cecofam. Dicha manifestación paralizó temporalmente las actividades cotidianas del inmueble como forma de reclamo ante una supuesta sobrecarga laboral, falta de personal operativo, cancelación de periodos vacacionales y presunto acoso institucional para forzar renuncias.

No obstante, las autoridades judiciales aclararon que las demandas laborales no frenarán las sanciones contra quienes descuidaron sus responsabilidades. El Consejo de la Judicatura enfatizó que la prioridad absoluta es salvaguardar el bienestar y la seguridad emocional de las niñas, niños y adolescentes poblanos, garantizando que las convivencias familiares se desarrollen bajo un entorno transparente, seguro y completamente libre de corrupción.

Como cada año, el municipio de Atlixco se convierte en el epicentro de la tradición y el folclor del estado gracias a la celebración del tradicional Festival Atlixcayotontli. Esta festividad, considerada la antesala del emblemático Huey Atlixcáyotl, reúne la riqueza dancística, musical y gastronómica de diversas regiones de la entidad en un solo punto de encuentro comunitario.

El evento destaca por la participación de contingentes de danzantes tradicionales que, ataviados con indumentarias típicas, muestran la autenticidad de sus raíces indígenas y mestizas ante miles de asistentes locales y turistas nacionales. La preservación de estas expresiones culturales representa un esfuerzo interinstitucional entre el gobierno estatal y las autoridades municipales para evitar la pérdida de loslegados ancestrales.

Uno de los atractivos principales de esta edición ha sido el tradicional convite previo, un desfile lleno de color donde los participantes recorren las principales calles del Pueblo Mágico regalando artesanías, frutos de la región y el clásico cocol de anís. Esta dinámica fomenta la convivencia armónica y fortalece el sentido de pertenencia entre las nuevas generaciones de poblanos.

Los organizadores han destacado que la derrama económica generada por este festival beneficia directamente a los pequeños comerciantes, artesanos y prestadores de servicios turísticos de la región. De este modo, la cultura no solo funge como un mecanismo de cohesión social, sino también como un motor dinámico para el desarrollo económico local de Atlixco.

Para cerrar con broche de oro, las presentaciones escénicas en el cerro de San Miguel congregaron a representantes de las diferentes expresiones étnicas del estado, reafirmando que la diversidad cultural de Puebla se mantiene más viva que nunca gracias al compromiso de sus comunidades y portadores de tradición.

Ante los recientes rumores y cuestionamientos en el ámbito educativo, la Secretaría de Eduycación Pública (SEP) ha emitido una aclaración oficial en la que confirma que hasta el momento no se ha formalizado ninguna queja relacionada con el condicionamiento de la inscripción, acceso a las aulas o entrega de documentos oficiales en las instituciones del estado.

La dependencia federal y las delegaciones educativas locales recordaron que la normatividad vigente prohíbe de manera tajante condicionar el servicio educativo o la retención de certificados escolares a cambio de cuotas obligatorias o contraprestaciones económicas de cualquier índole. Estas medidas están fundamentadas para garantizar la equidad y el derecho humano a la educación de niñas, niños y jóvenes.

Asimismo, la institución hizo un llamado enérgico a padres de familia y tutores para que denuncien formalmente cualquier acto arbitrario cometido por directivos o personal docente que intente vulnerar la economía familiar mediante cobros indebidos bajo el pretexto de mejorar las instalaciones o agilizar trámites administrativos.

Para facilitar este proceso, la SEP reiteró que se mantienen abiertos los canales de atención ciudadana y las contralorías internas, donde cada reporte es investigado con rigor para sancionar a los posibles infractores conforme a la ley administrativa y laboral vigente en el sector educativo.

Con estas acciones, las autoridades educativas buscan disipar cualquier incertidumbre al inicio del ciclo escolar, garantizando que las puertas de las escuelas permanezcan abiertas sin distingos ni obstáculos económicos para la totalidad de la comunidad estudiantil.