A escasas horas de que diera inicio formal la temporada de zafra 2026-2027 en la región mixteca, se registró la volcadura de un camión cañero en las inmediaciones del ejido de San Juan Raboso, perteneciente al municipio de Izúcar de Matamoros, convirtiéndose en el primer incidente vial de este tipo en el arranque del ciclo agrícola.

Los reportes preliminares de las corporaciones de auxilio indican que la pesada unidad perdió la trayectoria establecida mientras circulaba por caminos rurales, provocando que el chofer perdiera el control y terminara con el vehículo volcado al interior de una zanja destinada al paso de agua de riego agrícola.

A pesar de lo aparatoso del accidente y de los daños considerables sufridos por la carrocería del camión, las autoridades locales confirmaron que no se registraron personas lesionadas ni víctimas mortales que lamentar, quedando el incidente únicamente en pérdidas materiales para el sector transportista.

Minutos después del percance, productores cañeros de la zona y compañeros del gremio se organizaron en el lugar de los hechos con maquinaria de apoyo para iniciar las maniobras de rescate, liberación y remoción de la unidad siniestrada de la canaleta de riego.

Este acontecimiento encendió las alertas entre los comités de seguridad vial y las uniones cañeras locales, quienes hicieron un llamado general a los operadores de vehículos de carga pesada para extremar precauciones durante los traslados ante el incremento notable del tráfico agrícola en las carreteras de la región.

Áreas de inteligencia del gobierno estatal y corporaciones policiales de Puebla abrieron una línea de investigación para esclarecer el presunto financiamiento criminal detrás de la jornada de bloqueos que paralizó diversos puntos estratégicos de la capital y la zona metropolitana, señalando de manera directa a la banda delictiva conocida como ‘Los Toscano’.

Según los reportes recabados por las agencias de seguridad, la organización delictiva habría destinado recursos económicos para ofrecer un pago de 400 pesos a cada persona que participó en las protestas, las cuales se presentaron públicamente como movilizaciones de familiares de personas privadas de la libertad recluidas en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de San Miguel.

Durante las protestas, los manifestantes bloquearon vialidades críticas como el Periférico Ecológico, la Vía Atlixcáyotl, la autopista México-Puebla, el bulevar 5 de Mayo, así como accesos importantes hacia Atlixco y el Centro Histórico, denunciando presuntas extorsiones, amenazas, cobros ilegales y agresiones al interior del penal de San Miguel, además de exigir la destitución del director del centro penitenciario.

Las indagatorias policiales señalan que ‘Los Toscano’, un grupo dedicado al narcomenudeo, la extorsión de mercados y tianguis, y que históricamente ha buscado recuperar el control de los negocios ilícitos y el autogobierno al interior del penal, habrían aprovechado las demandas legítimas de los familiares para orquestar y escalar las afectaciones a la movilidad urbana en la entidad.

Ante esta situación, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Secretaría de Gobernación (Segob) implementaron operativos de contención y abrieron mesas de negociación que permitieron desactivar los puntos de conflicto y restablecer paulatinamente el orden público en coordinación con las autoridades municipales y estatales.

La Fiscalía General de la República (FGR) en el estado de Puebla llevó a cabo la destrucción e incineración de un importante lote de sustancias ilícitas y artículos constitutivos de delito, como parte de las acciones permanentes contempladas dentro del programa institucional denominado ‘Bodegas Vacías’.

La diligencia ministerial se desarrolló rigurosamente en las instalaciones oficiales de la 25 Zona Militar, contando con la valiosa participación y coordinación operativa de elementos pertenecientes a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Policía Federal Ministerial, peritos especializados en diversas materias, así como personal de Bomberos y Protección Civil del estado.

De acuerdo con los informes oficiales proporcionados por las autoridades federales, los narcóticos y objetos destruidos estaban vinculados directamente a 108 carpetas de investigación tramitadas por distintas agencias ministeriales del orden federal en la entidad poblana.

El desglose oficial detalló la eliminación de más de 415 kilogramos de estupefacientes, entre los cuales destacaron 274.3 kilos de marihuana, 127.9 kilos de clorhidrato de metanfetamina, 8.6 kilos de amapola y más de 1.1 kilos de cocaína pura, además de 5,500 pastillas psicotrópicas que incluían sustancias controladas como clobenzorex, midazolam y metilfenidato.

Asimismo, dentro de la misma intervención interinstitucional fueron triturados y desintegrados un total de 316 objetos relacionados con actividades ilícitas, figurando aparatos de comunicación, inhibidores de señal y básculas grameras utilizadas por células delictivas, con lo cual se busca transparentar el almacenamiento de indicios y liberar espacio físico en las bodegas de la fiscalía.