La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla emitió un posicionamiento oficial para desmentir cualquier uso de espionaje político o civil tras la compra de herramientas tecnológicas avanzadas de origen israelí. Las autoridades aseguraron que los dispositivos y licencias adquiridas están destinados exclusivamente a labores periciales en investigaciones ministeriales de alto impacto.

Durante una conferencia de prensa, la fiscal general, Idamis Pastor, explicó que el software contratado se utilizará estrictamente para la extracción forense de información en teléfonos celulares asegurados a objetivos prioritarios y presuntos generadores de violencia. La funcionaria recalcó que los equipos no constituyen instrumentos de vigilancia masiva contra la ciudadanía.

Por su parte, el director de Infraestructura de la dependencia, César González, detalló que la adquisición contempla sistemas de desbloqueo avanzado y capacitación especializada para personal ministerial, con el objetivo de procesar dispositivos móviles de gama alta que cuentan con complejos sistemas de seguridad digital, integrando las pruebas electrónicas a las carpetas de investigación.

Pese a los cuestionamientos sobre los detalles técnicos y operativos de la plataforma Cellebrite, la institución señaló que la información operativa se encuentra sujeta a protocolos de reserva institucional. Asimismo, se informó que los equipos tecnológicos quedarán bajo el resguardo y control del Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Una intensa movilización de cuerpos de seguridad y emergencia se registró en el municipio de Tehuacán, luego de que se reportara una fuerte explosión al interior de un departamento ubicado en el edificio 536 del Infonavit El Riego, incidente preliminarmente atribuido a una acumulación de gas LP.

Los hechos ocurrieron en el andador Puerto Salina Cruz, esquina con la calle 20 Sur, donde un estruendo de gran magnitud cimbró el inmueble y alertó a los vecinos de la zona. Ante el temor de daños mayores y posibles personas atrapadas, los habitantes salieron rápidamente de sus viviendas y solicitaron el apoyo de las autoridades a través de los números de emergencia.

Elementos de Protección Civil y Bomberos de Tehuacán se trasladaron de inmediato al lugar de los hechos, acompañados por una ambulancia con paramédicos. Los cuerpos de auxilio brindaron atención prehospitalaria a varias personas que sufrieron crisis nerviosa y posibles quemaduras leves a consecuencia de la onda expansiva y el fuego contenido.

Por su parte, elementos de la Policía Municipal procedieron a acordonar y resguardar el perímetro para facilitar las labores de rescate y revisión estructural. Los vulcanos ingresaron al departamento afectado para realizar una inspección exhaustiva, eliminando riesgos de reignición y descartando daños severos que comprometieran la estabilidad de los edificios contiguos.

Aunque los datos iniciales apuntan a una concentración de combustible en el espacio habitacional, las autoridades locales indicaron que serán los peritajes correspondientes los que determinen con exactitud la causa del siniestro. El incidente dejó en evidencia la importancia de revisar de manera periódica las instalaciones de gas en unidades habitacionales para prevenir tragedias.

Elementos adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública municipal, en un trabajo coordinado con la Policía Estatal de Caminos, llevaron a cabo la detención de un individuo identificado como Jonny N., quien es señalado por su probable responsabilidad en la comisión del delito de lesiones a título de culpa derivado de un percance automovilístico en la región.

De acuerdo con los reportes oficiales emitidos por las corporaciones de seguridad, la intervención de los uniformados se originó tras atender un llamado de auxilio ciudadano en el que se alertaba sobre las consecuencias de un hecho de tránsito ocurrido en la demarcación, lo que movilizó a los cuerpos policiales hacia el lugar de los hechos.

Tras realizar las diligencias correspondientes en el sitio del percance y evaluar la situación conforme a los protocolos operativos, los agentes procedieron al aseguramiento del presunto responsable, quien posteriormente fue trasladado y puesto a disposición del Agente del Ministerio Público para definir su situación legal.

La autoridad ministerial será la encargada de integrar la carpeta de investigación correspondiente y deslindar responsabilidades, recordando que el imputado mantiene el principio de presunción de inocencia hasta que un juez determine una sentencia condenatoria basada en las pruebas del caso.

Por su parte, habitantes y vecinos de Juan C. Bonilla expresaron diversas críticas e inconformidades a través de redes sociales, cuestionando tanto la tardanza de las autoridades para dar a conocer los pormenores del caso como la actuación de los elementos municipales durante la atención inicial del incidente, exigiendo una mayor capacitación para los cuerpos de seguridad locales.