como la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analizan determinaciones que podrían abrir la puerta a la despenalización y legalización de la eutanasia y la muerte médicamente asistida.
La conversación fue reactivada por la iniciativa ciudadana ‘Ley Trasciende’, una propuesta que busca reconocer la eutanasia como un derecho constitucional y que toca fibras sensibles en los ámbitos ético, médico y jurídico bajo una premisa central: ¿quién debe decidir sobre el final de la vida y bajo qué condiciones?
Samara Martínez: El rostro detrás de la iniciativa
Para Samara Martínez, principal impulsora de la ‘Ley Trasciende’, el objetivo es otorgar a los pacientes con enfermedades terminales o discapacitantes la libertad de elegir cuándo y cómo morir, evitando la prolongación de dolores intratables.
“La dignidad no termina con la vida, la sostiene hasta el final”, sostiene Martínez.
Con 31 años de edad y una trayectoria académica, Martínez es paciente de lupus e insuficiencia renal crónica en etapa terminal. Tras dos trasplantes de riñón fallidos, hoy depende de una máquina de diálisis a la que debe conectarse diez horas al día para subsistir. A través de plataformas digitales y podcasts, ha viralizado su testimonio para exigir que el acceso a una muerte digna sea una realidad legal en todo el país.
El proyecto busca reformar diversas disposiciones de la Ley General de Salud para revertir la prohibición actual de la eutanasia y garantizarla como una opción médica legal y gratuita dentro del sistema público de salud.
Para lograrlo, la propuesta plantea derogar el artículo 166 Bis 21 —el cual prohíbe expresamente la eutanasia, definiéndola como “homicidio por piedad”, así como el suicidio asistido— e incorporar el nuevo Título Octavo Ter, denominado «Eutanasia».
Ejes fundamentales del proyecto de decreto:
Criterios de elegibilidad: El procedimiento estará limitado a personas mayores de 18 años, en pleno uso de sus facultades mentales, con un diagnóstico irreversible, sin posibilidad de cura y confirmado por al menos dos médicos.
Protocolo de solicitud: El trámite deberá ser libre, informado y formalizarse por escrito ante un notario público. El paciente contará con un periodo de reflexión de cinco días antes de ratificar su decisión.
Voluntad anticipada por demencia: Regula la previsión para personas que anticipen la pérdida de sus capacidades cognitivas (como en casos de Alzheimer o demencias avanzadas), permitiéndoles designar a un gestor de su voluntad.
Revocabilidad y cuidados paliativos: El solicitante podrá dar marcha atrás al proceso en cualquier momento sin necesidad de justificarlo. Asimismo, se garantiza que la solicitud de eutanasia no sustituye ni priva al paciente del derecho a recibir cuidados paliativos integrales.
Objeción de conciencia: Permite que los profesionales de la salud se abstengan de participar por razones éticas o religiosas, pero obliga a las instituciones públicas a contar con personal no objetor y derivar al paciente en un máximo de 48 horas.
Eutanasia, suicidio asistido y voluntad anticipada: Las diferencias
Uno de los principales retos en la discusión pública es la confusión conceptual entre los mecanismos de fin de vida, los cuales poseen implicaciones jurídicas radicalmente distintas:
Concepto
Definición
Situación Legal en México
Eutanasia
Intervención directa de un profesional de la salud para causar la muerte del paciente a petición de este.
Prohibida a nivel federal.
Suicidio Asistido
El propio paciente realiza el acto final utilizando medios, fármacos o instrucciones proporcionados por un médico.
Prohibido a nivel federal.
Voluntad Anticipada
Rechazo o aceptación previa de tratamientos médicos que prolonguen artificialmente la vida en fase terminal.
Legal. Regulada en 14 de las 32 entidades federativas (CDMX, Coahuila, Puebla, EdoMex, entre otras).
Un tablero de apoyos y resistencias estructurales
A pesar de encontrarse temporalmente congelada en las comisiones del Senado, la ‘Ley Trasciende’ ha polarizado a los diferentes sectores de la sociedad mexicana.
Los respaldos
En el plano legislativo, la iniciativa cuenta con el apoyo transversal de legisladores de distintas bancadas, como Claudia Edith Anaya (PRI), Lilia Margarita Valdez (Morena), Geovanna Bañuelos (PT) y Luis Donaldo Colosio Riojas (Movimiento Ciudadano). En el ámbito civil, colectivos como Muerte Digna, ¡Ya! y la asociación Por el Derecho a Morir con Dignidad A.C. cobijan la propuesta técnica y operan como plataformas de difusión.
⭕Aurélien Guilabert, integrante del colectivo Muerte Digna Ya, que impulsa la regulación de la eutanasia, señaló que 7 de cada 10 personas respaldan la iniciativa y cuestionó a la presidenta @Claudiashein: "¿qué tenemos que esperar en Mexico?".
En la acera opuesta, el sector médico especializado ha mostrado reservas. El Colegio Mexicano de Cuidados Paliativos y de Soporte enfatizó que la prioridad del sistema de salud pública debe ser el fortalecimiento de la medicina del dolor y el acompañamiento antes de legislar cualquier intervención activa de muerte.
Por su parte, organizaciones como Red Familia señalaron que la propuesta debilita la protección jurídica del derecho a la vida. Desde la perspectiva religiosa, la Arquidiócesis Primada de México, a través de su editorial Desde la Fe, rechazó la iniciativa argumentando que la respuesta al sufrimiento humano debe ser el acompañamiento integral y no el fin de la existencia.
La vía judicial: El histórico amparo en la Suprema Corte
Mientras el debate legislativo permanece pausado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación abrió una vía jurídica sin precedentes. El Pleno del máximo tribunal acordó atraer el amparo en revisión 147/2026, promovido por una tanatóloga diagnosticada en dos ocasiones con cáncer de mama.
👩⚖️La Suprema Corte abrió la puerta a uno de los debates más delicados en México: la eutanasia y el su1c1d10 asistido.
Por mayoría de 8 votos contra 1, la Corte atrajo un amparo promovido por una tanatóloga que fue diagnosticada dos veces con cáncer de mama y que busca que se… pic.twitter.com/dGJenT8iIL
La quejosa impugnó los artículos de la Ley General de Salud que penalizan el procedimiento, argumentando que violan su derecho a decidir de forma autónoma sobre el cierre de su vida. Aunque la atracción del caso no implica la legalización automática de la eutanasia, el fallo de los ministros sentará el primer precedente constitucional sobre la materia en la historia del país.
Para Samara Martínez, la intervención de la Corte representa un triunfo histórico y un llamado directo a los legisladores: «El derecho a morir con dignidad no debe ser el privilegio de una sola persona mediante un amparo, sino una garantía accesible para todos los mexicanos que lo necesiten», concluyó.
El Gobierno de México formalizó la creación de un grupo de trabajo interinstitucional enfocado en el diseño e implementación de estrategias para la prevención, detección temprana y atención de conductas violentas en planteles educativos del país. El anuncio fue realizado por el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, atendiendo las instrucciones emitidas por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo tras los hechos registrados en un plantel de educación secundaria en el estado de Coahuila.
Durante la presentación del proyecto en Palacio Nacional, el funcionario se refirió a la agresión ocurrida en la Escuela Secundaria General número 13 de Torreón, donde dos hombres mayores de edad ingresaron con armas punzocortantes al inmueble, provocando el fallecimiento de una integrante del equipo directivo y lesiones a cuatro personas más. García Harfuch expresó sus condolencias a los familiares de la víctima y reiteró que las autoridades emplearán las capacidades del Estado para resguardar la integridad de la comunidad escolar.
El equipo multidisciplinario estará integrado por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, la Agencia de Transformación Digital, la Secretaría de Educación Pública (SEP), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la propia SSPC e instituciones del sector académico. La mesa de trabajo coordinada articulará medidas legislativas, operativas y asistenciales para contener factores de riesgo en entornos reales y virtuales.
Entre las líneas de acción prioritarias destaca la elaboración de un decreto presidencial que fije obligaciones a las plataformas digitales para detectar, reportar y retirar de forma expedita contenidos que hagan apología de la violencia o inciten a la comisión de delitos. Adicionalmente, el plan contempla reformas legales relativas a la regulación de contenidos nocivos en redes sociales, el fortalecimiento del programa educativo «ABC de las emociones» y el incremento del acompañamiento entre madres, padres y estudiantes.
Como parte de los esquemas operacionales, la SSPC y el CNI reforzarán los labores de monitoreo en plataformas digitales, foros de discusión y servicios de mensajería instantánea. Estas acciones buscan identificar de manera oportuna perfiles, comunidades virtuales o patrones de conducta vinculados con expresiones de extremismo violento que puedan representar un riesgo directo para la seguridad de los alumnos y docentes en los centros escolares del país.
A 58 años de los acontecimientos registrados el 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas, la reconstrucción histórica sitúa la actuación del Batallón Olimpia como un elemento central en el desarrollo del operativo desplegado contra la comunidad estudiantil. Integrado por elementos pertenecientes a las Fuerzas Armadas y a diversos cuerpos de seguridad pública, este grupo especial operó encubierto y vestido de civil entre la multitud concentrada durante el mitin convocado por el Consejo Nacional de Huelga (CNH).
El origen de este agrupamiento responde a tareas iniciales de resguardo e inspección de las sedes e instalaciones destinadas a la celebración de los Juegos Olímpicos de México 1968. Sin embargo, diez días antes de la ceremonia inaugural de las competencias deportivas, los efectivos fueron incorporados a la llamada Operación Galeana, dispositivo diseñado para rodear la Plaza de las Tres Culturas y efectuar la detención de los principales líderes del movimiento estudiantil.
Para coordinar las acciones tácticas y evitar agresiones entre los propios elementos de las fuerzas de seguridad en medio de la aglomeración, los integrantes del Batallón Olimpia portaron un distintivo visual unificado: un guante o un pañuelo blanco colocado en la mano izquierda. Esta prenda distintiva permitió a los miembros de la agrupación identificarse mutuamente, quedando documentada en múltiples registros fotográficos y testimonios documentales recabados con posterioridad a los hechos.
Durante el desarrollo de la incursión, integrantes de este batallón tomaron posiciones estratégicas en los accesos al lugar y en inmuebles aledaños, destacando la ocupación de departamentos e interiores del edificio Chihuahua, inmueble desde donde los dirigentes del CNH se dirigían a los asistentes y en el cual también se encontraban representantes de la prensa nacional e internacional.
Investigaciones y peritajes realizados en las décadas posteriores señalan que miembros del Batallón Olimpia portaban armas de fuego durante el inicio de las detonaciones en la plaza, factor que exacerbó el caos y la confusión entre los manifestantes. A pesar del acopio de documentación e investigaciones históricas, diversos aspectos vinculados con las cadenas de mando y el origen preciso de las órdenes de disparo continúan siendo materia de análisis y debate por parte de historiadores y especialistas.
CIUDAD DE MÉXICO. — Por unanimidad de votos, la Comisión de Marina del Senado de la República aprobó el dictamen con el que se autoriza a la titular del Poder Ejecutivo Federal permitir la salida del país a un contingente de 40 efectivos de la Armada de México. Las tropas participarán en una serie de entrenamientos y capacitaciones especializadas que se llevarán a cabo en las instalaciones del Camp Shelby Joint Forces Training Center, localizado en el estado de Mississippi, Estados Unidos.
De acuerdo con lo estipulado en el proyecto de resolución parlamentaria, el grupo operativo enviado estará integrado por cinco instructores adscritos a la Unidad de Fuerzas Especiales, 17 elementos pertenecientes al Batallón de Fusileros Paracaidistas y 18 integrantes del Batallón de Comandos Anfibios. La estadía de las Fuerzas Armadas mexicanas en territorio estadounidense abarcará del 24 de octubre al 13 de diciembre del año en curso, en el marco del programa denominado Capacitación de las Fuerzas de Operaciones Especiales Mexicanas en los Estados Unidos Continentales.
El plan de trabajo acordado contempla perfeccionar las habilidades tácticas y estratégicas en áreas prioritarias de la defensa nacional, incluyendo la planificación de operaciones conjuntas, el manejo de medicina táctica en combate, el uso operativo de vehículos militares y el despliegue de drones para labores de reconocimiento, vigilancia y adquisición de objetivos. Adicionalmente, se busca elevar los niveles de compatibilidad operativa en conjunto con el Comando de Operaciones Especiales del Comando Norte (SOCNORTH).
Durante el desahogo de la sesión, legisladores de distintas bancadas respaldaron el intercambio institucional al considerar que la capacitación continua fortalece la profesionalización del personal de marina sin comprometer el principio de soberanía nacional. El presidente de la Comisión de Marina, el senador Carlos Lomelí Bolaños, procedió a turnar el expediente aprobado a la Mesa Directiva para darle el seguimiento correspondiente en el pleno legislativo.
Local17 horas ago
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