En la misma sesión ordinaria de Cabildo donde se avaló la Ley de Ingresos, los regidores aprobaron por mayoría de votos un incremento en los valores catastrales para el ejercicio fiscal 2027, el cual contempla alzas diferenciadas que van desde el 7 por ciento en diversas colonias de la capital hasta el 20 por ciento en zonas residenciales de alta plusvalía y corredores comerciales como Angelópolis.

La propuesta fue aprobada con 15 votos a favor, cinco en contra y dos abstenciones, quedando lista para ser turnada al Congreso del Estado, donde los legisladores locales deberán discutir y dictaminar su viabilidad definitiva. El ajuste forma parte de la estrategia del Ayuntamiento para sincronizar los cobros del impuesto predial con la realidad inmobiliaria comercial de la zona metropolitana.

La medida generó un fuerte debate al interior del Cabildo, donde regidores de oposición como Carlos Montiel Solana calificaron el incremento como desmedido e injustificado, argumentando que supera por mucho la inflación estimada del 4.5 por ciento para 2027 y representará un golpe económico directo para la clase media y los propietarios de inmuebles habitacionales.

En defensa de la iniciativa, los funcionarios municipales y el tesorero Héctor González Cobián señalaron que los valores vigentes se encontraban rezagados frente a los precios reales del mercado inmobiliario. Aseguraron que el impacto del 20 por ciento recaerá primordialmente en grandes establecimientos comerciales e inmuebles de lujo ubicados en Angelópolis, descartando afectaciones severas para las viviendas de interés social y sectores populares.

Con una votación mayoritaria en el pleno de la Cámara de Diputados, los legisladores aprobaron en lo general la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2027. El dictamen contempla previsiones financieras clave para sostener el gasto público y las prioridades económicas del país durante el próximo año, generando un amplio debate entre las distintas fuerzas políticas representadas en el Poder Legislativo.

El proyecto avalado proyecta una recaudación total estimada en 10 billones 636 mil 488.1 millones de pesos para las arcas nacionales. Esta cifra representa un componente fundamental en la planeación macroeconómica del gobierno federal, al buscar garantizar los recursos necesarios para la operación de programas sociales, infraestructura estratégica y servicios gubernamentales básicos.

Durante la discusión parlamentaria, legisladores de las bancadas oficialistas y de oposición confrontaron posturas respecto a las proyecciones de recaudación, el endeudamiento contemplado y las fuentes de financiamiento. Mientras los grupos impulsores defendieron la viabilidad y suficiencia de los ingresos estimados, los críticos señalaron reservas sobre los supuestos económicos y el impacto fiscal para los contribuyentes.

Tras la aprobación de los artículos no reservados en lo general, la sesión continuó en el recinto legislativo con la presentación de diversas reservas por parte de los diputados. Este proceso legislativo incluye la discusión y votación particular de artículos específicos antes de que el dictamen completo sea turnado oficialmente al Senado de la República para su revisión y eventual ratificación.

El Poder Legislativo del Estado de Puebla se perfila para registrar una profunda transformación en su integración durante los próximos meses, luego de confirmarse que un total de 11 diputados locales han manifestado su intención de solicitar licencia temporal al cargo. El objetivo principal de estos legisladores es separarse de sus curules para buscar candidaturas a distintos puestos de elección popular de cara al proceso electoral de 2027, incluyendo alcaldías, diputaciones federales y senadurías.

Esta desbandada legislativa ha encendido el debate entre las distintas fracciones parlamentarias sobre la funcionalidad del Congreso local y la posible entrada de suplentes para cubrir las vacantes. Mientras algunos sectores políticos critican que el trabajo legislativo quede supeditado a las aspiraciones personales de los diputados, otros defensores de los legisladores argumentan que separarse del cargo es un derecho político legítimo consagrado en la ley electoral.

Con la salida inminente de estos 11 representantes populares, las coordinaciones de bancada deberán reestructurar sus comisiones y negociar los acuerdos pendientes en la agenda parlamentaria antes de que concluya el periodo ordinario. La ciudadanía observa con escepticismo este éxodo político, exigiendo que los diputados suplentes asuman su responsabilidad con rigor y seriedad para no dejar rezagados los temas prioritarios para el desarrollo de Puebla.