El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) decidió no avanzar en una propuesta que buscaba supervisar y fiscalizar las actividades internas que realizan los partidos políticos en la etapa previa a las precampañas, especialmente aquellas relacionadas con la selección de perfiles rumbo a una elección federal.

La iniciativa planteaba que el árbitro electoral pudiera vigilar de forma más directa los movimientos internos de los partidos, como la designación de “coordinadores territoriales”, la organización de encuestas internas, la difusión de convocatorias abiertas a simpatizantes o ciudadanos, así como otras dinámicas que, sin ser formalmente actos de campaña, comienzan a posicionar a ciertas figuras políticas con anticipación.
De acuerdo con quienes impulsaban la propuesta, este tipo de actividades se desarrolla en lo que comúnmente se ha denominado una “zona gris” de la legislación electoral, es decir, un espacio donde no siempre es claro hasta qué punto una acción interna de partido puede considerarse propaganda anticipada o parte de su vida organizativa.

El proyecto advertía que estos ejercicios pueden generar una sobreexposición de aspirantes durante largos periodos, lo que modifica las condiciones de competencia entre quienes buscan una candidatura. En ese sentido, se señalaba que algunas personas pueden mantenerse durante meses en el debate público sin haber iniciado formalmente una campaña, lo que podría impactar en la equidad del proceso.

Además, la propuesta contemplaba que, en caso de detectarse actos anticipados de precampaña o campaña, los gastos derivados de esas actividades pudieran ser contabilizados dentro de los topes de gasto electoral, con el objetivo de evitar ventajas indebidas por parte de algún partido o aspirante.

Sin embargo, la discusión dentro del Consejo General evidenció diferencias de criterio entre las y los consejeros. Mientras algunos consideraban necesario establecer reglas más claras para evitar interpretaciones ambiguas y fortalecer la vigilancia electoral, otros señalaron que una regulación de ese tipo podría generar conflictos adicionales y sobrecargar al instituto con funciones que no están plenamente definidas en la ley.

Finalmente, la propuesta no logró el consenso necesario y fue rechazada por mayoría de votos dentro del Consejo General del INE. En paralelo, otro planteamiento relacionado con la regulación de actividades previas a las precampañas también fue retirado del orden del día con el argumento de buscar acuerdos más amplios entre las distintas posiciones.

La presidencia del Consejo General del INE recordó durante la sesión que el instituto no tiene facultades para suplir los vacíos legales que corresponden al Poder Legislativo, subrayando que cualquier modificación de fondo en estas materias debe surgir desde el Congreso de la Unión.

La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, acudió este miércoles a las instalaciones de la Fiscalía General de la República en la Ciudad de México para rendir su declaración relacionada con la investigación por la muerte de dos agentes estadounidenses de la CIA, quienes fallecieron el pasado 19 de abril durante un accidente automovilístico posterior a un operativo contra un narcolaboratorio.

Previo a ingresar al recinto ubicado en la colonia Doctores, la mandataria estatal ofreció un mensaje ante medios de comunicación, donde aseguró que existe un uso político de las instituciones federales y denunció un presunto intento por involucrarla en un proceso judicial.
Campos Galván afirmó que su administración ha mantenido colaboración permanente con las autoridades federales; sin embargo, sostuvo que fue llamada bajo la figura de testigo con la intención de construir un caso en su contra.

“Yo no me escondo”, expresó la gobernadora, quien también defendió los resultados de su gestión al frente del estado de Chihuahua.

Durante su posicionamiento, la mandataria comparó su situación con otros casos vinculados a presuntos nexos con el crimen organizado en entidades gobernadas por Morena, señalando que, mientras algunos funcionarios reciben protección política, a ella buscan

El Instituto Electoral del Estado (IEE) de Puebla ya acumula 11 denuncias relacionadas con bardas, propaganda y presunta promoción política anticipada, informó la consejera Christian Mariana Ceballos Garduño, luego de ser ratificada por el Instituto Nacional Electoral (INE) como presidenta provisional del organismo.

Las quejas están vinculadas principalmente con pinta de bardas y distribución de artículos promocionales atribuidos a distintos actores políticos y servidores públicos en la entidad.
Entre los expedientes en análisis se encuentra una denuncia relacionada con Laura Artemisa García Chávez, secretaria de Bienestar del Gobierno estatal.

Ceballos Garduño explicó que el IEE únicamente realiza las investigaciones preliminares y la integración de los expedientes, mientras que corresponde al Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) determinar si existe alguna infracción y, en su caso, aplicar sanciones.

La presidenta provisional del IEE precisó que, conforme a los criterios vigentes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), las bardas y promocionales denunciados todavía no pueden considerarse automáticamente actos anticipados de campaña, debido a que el proceso electoral local iniciará formalmente hasta noviembre.

Indicó que será el Tribunal Electoral el encargado de valorar si existe promoción personalizada o alguna violación a la normativa electoral una vez concluidas las investigaciones correspondientes.

Ratificación como consejera presidenta del IEE
El Consejo General del INE ratificó a Christian Mariana Ceballos Garduño como presidenta provisional del IEE Puebla, cargo que ocupará temporalmente mientras se designa a la presidencia definitiva del organismo electoral.

La consejera tomó protesta este miércoles ante el Consejo General del instituto local y permanecerá en funciones hasta que el INE concluya el proceso de nombramiento permanente, cuya fecha límite está prevista para el próximo 2 de noviembre.