Habitantes de la colonia Esmeralda, en el municipio de Tehuacán, denunciaron la proliferación de asentamientos irregulares y viviendas improvisadas en el interior del cauce del Dren de Valsequillo. Según las estimaciones realizadas por los propios vecinos del sector, al menos 16 personas en situación de vulnerabilidad y calle han establecido permanentemente sus hogares en las laderas del canal, generando preocupación en materia de salud pública y seguridad comunitaria.

Las estructuras detectadas al interior de la infraestructura hidráulica están fabricadas con materiales endebles, tales como maderas, láminas plásticas y lonas. De acuerdo con el testimonio de los colonos, esta problemática socioambiental ha incrementado progresivamente a lo largo de los últimos tres años, concentrándose la mayor actividad durante el horario nocturno en tramos específicos de la colonia mencionada.

Uno de los principales motivos de alarma entre la población aledaña es el manejo e incineración de desechos sólidos por parte de los habitantes del dren. Las familias de la zona señalan que estas personas acumulan residuos reciclables para su posterior venta y proceden a quemar los desperdicios no utilizables junto con la vegetación del lugar, provocando incendios forestales de pequeña escala y la emisión constante de humo nocivo para la salud.

La presencia de este asentamiento ha impactado la movilidad y el tránsito cotidiano en las inmediaciones de la colonia Esmeralda. Diversos ciudadanos manifestaron su negativa a caminar por los senderos continuos al dren debido al temor a sufrir agresiones físicas o verbales, asegurando que han existido altercados con algunos de los ocupantes del espacio público sin que exista una intervención oportuna por parte de las fuerzas de seguridad pública.

Frente a este escenario, la comunidad organizada solicitó formalmente la intervención de la administración municipal encabezada por Alejandro Barroso Chávez. Tras la realización de faenas comunitarias de limpieza en el sitio, los vecinos demandan la asignación permanente de elementos de la Guardia Ecológica y patrullajes preventivos para evitar la reinstalación de campamentos y garantizar el saneamiento definitivo del canal.

Familiares, amigos e integrantes de colectivas feministas alzaron la voz para exigir justicia por el feminicidio de María Cristina, una economista de 26 años egresada de la Universidad Cristóbal Colón, quien falleció a causa de asfixia mecánica tras ingresar en estado de extrema gravedad a las instalaciones de la Cruz Roja en el estado de Veracruz. La víctima perdió la vida tras sufrir agresiones presuntamente perpetradas por su pareja sentimental, el empresario gasolinero Jorge Eduardo N.

De acuerdo con el testimonio de los allegados a la joven, fue el propio acusado quien la trasladó al nosocomio cuando ya presentaba un cuadro médico irreversible. Los padres de María Cristina señalaron que no fueron notificados de manera directa por el sospechoso, sino por los progenitores de este, lo que impidió que alcanzaran a ver a la víctima con vida en el centro asistencial. Tras confirmarse el deceso, personas cercanas denunciaron que la víctima sufría un patrón sistemático de violencia de pareja.

Las investigaciones en torno al caso derivaron en la ejecución de una orden de aprehensión por parte de la Fiscalía General del Estado de Veracruz en contra de Jorge Eduardo N., imputado formalmente por su probable responsabilidad en el delito de feminicidio. Colectivos de acompañamiento como Las Brujas del Mar destacaron la conducta evasiva del señalado, quien no se presentó a las exequias ni a los servicios funerarios realizados en memoria de la joven economista.

Antes de su detención por las autoridades ministeriales, el imputado difundió un video a través de sus redes sociales donde intentó desligarse de las acusaciones de feminicidio. En el material audiovisual, el cual borró horas más tarde, admitió la existencia de un noviazgo conflictivo, pero rechazó categóricamente haber atentado contra la vida de María Cristina, realizando declaraciones que causaron indignación entre los familiares de la víctima debido a la estigmatización vertida sobre la relación que sostenían.

Ante la gravedad del caso y en demanda de un proceso judicial imparcial y sin favoritismos para la familia del presunto agresor, diversas organizaciones civiles y allegados a la víctima programaron movilizaciones ciudadanas. Entre las acciones emprendidas destaca una concentración pacífica en el emblemático reloj del Paseo Bravo, conocido como El Gallito, en la ciudad de Puebla, con el firme propósito de visibilizar el caso y exigir una condena ejemplar contra el responsable.

Elementos de la Fiscalía General del Estado de Puebla ejecutaron la aprehensión de dos personas presuntamente vinculadas con el feminicidio de Yasmín, una adolescente de 15 años de edad cuyo cuerpo fue localizado sin vida en el municipio de Tehuacán. La detención se logró tras el desarrollo de investigaciones de campo, análisis de cámaras de vigilancia y testimonios recabados por agentes ministeriales.

Los aprehendidos fueron puestos a disposición del Juez de Control para que se determine su situación jurídica en las audiencias correspondientes, donde el Ministerio Público formulará la imputación por el delito de feminicidio. Las autoridades reservaron los datos personales de los detenidos para no vulnerar el debido proceso durante la fase de investigación complementaria.

El hallazgo de la menor generó profunda indignación entre colectivos feministas, familiares y habitantes de la región del Valle de Tehuacán, quienes realizaron movilizaciones locales para exigir justicia celeridad en las investigaciones. Organizaciones civiles reiteraron la urgencia de fortalecer los protocolos de búsqueda inmediata de mujeres y adolescentes desaparecidas en la zona.

La Fiscalía del Estado ratificó su compromiso de dar seguimiento riguroso al caso hasta obtener las sentencias correspondientes contra los responsables. Por su parte, la familia de la víctima solicitó a las autoridades judiciales que el proceso se conduzca con perspectiva de género y la máxima penalidad prevista por la ley.