Los diputados federales y locales del Partido Verde tendrán permitido reelegirse en el proceso electoral 2027, ya que el dirigente estatal, Jaime Natale Uranga, anunció que son perfiles que han realizado una gran labor.

El líder del Verde en Puebla explicó que los diputados serán sometidos a procesos de medición electoral, lo cual permitirá que continúen haciendo su labor.

Al momento ningún diputado local o federal del partido ha expresado sus intenciones por participar.

En entrevista, Jaime Natale Uranga dejó claro que quien participe en este proceso deberá confiar en su trabajo de territorio con el objetivo de haber una contienda pareja.

“Hay muchos perfiles que se tienen que analizar. Todos empezarán en igualdad de condiciones, el trabajo que tengan, el reconocimiento y mediciones definirán la participación”, dijo.

El Partido Verde cuenta con los diputados Norma Estela Pimentel Méndez, del distrito 9 de Puebla capital; Miguel Márquez Ríos, por Huauchinango; Kathya Sánchez Rodríguez, de Chignahuapan; María Fernanda de la Barreda Angon, por el distrito 17 de Puebla; y Guadalupe Vargas Vargas, por Xicotepec de Juárez.

Incluso Jaime Natale Uranga, quien representa el distrito 10 de la capital poblana, pero que de manera formal no ha dado a conocer sus intenciones de buscar un cargo público.

En cuanto a los diputados federales se encuentra Antonio Gali López, Fátima Cruz Peláez y Adolfo Alatriste Cantú.

El Concejo Indígena de La Resurrección, junta auxiliar de Puebla reconocida en el Catálogo Nacional de Pueblos Indígenas, exige desde 2025 que el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) y el Instituto Poblano de los Pueblos Indígenas (IPPI) les otorguen reconocimiento formal como órgano de representación comunitaria, sin obtener respuesta positiva.

Maximina Serrano Cuatlaxahue, presidenta del concejo, denunció que el INPI y el IPPI respondieron que no otorgan ese tipo de reconocimientos, pese a que la comunidad los eligió en asamblea con respaldo mayoritario.

El organismo lleva un año operando de manera honorífica, sin salario ni sede física.

El concejo acusa que el presidente auxiliar de La Resurrección, Floriberto Zapotitla Potrero, ejecuta proyectos y administra recursos sin consultar al organismo.

«Nos cerró las puertas de la presidencia, nosotros no tenemos un espacio físico u oficina física, trabajamos como podemos, ahorita estamos en la casa de una compañera», declaró Serrano Cuatlaxahue.

La representante señaló que los 13 integrantes del concejo —11 mujeres y 2 hombres— desconocen si los recursos federales etiquetados para comunidades indígenas ya llegaron a La Resurrección.

Además, denunció que el estado de las calles se deteriora con cada temporada de lluvias sin que el presidente auxiliar consulte al concejo sobre su atención.

La comunidad también solicitó al IPPI apoyo para proyectos de rescate de la lengua náhuatl, que aún hablan los adultos mayores de la junta auxiliar. La respuesta fue negativa.

«Nosotros no fuimos impuestos, nos eligió el pueblo, llevamos un año trabajando sin un sueldo, lo hacemos honoríficamente y lo que queremos es algo para nuestra comunidad», afirmó la presidenta del concejo.

El camino legal y político del Concejo Indígena de La Resurrección
Ante la falta de reconocimiento institucional, el Concejo Indígena de La Resurrección no descarta trasladarse a la Ciudad de México para presentar su caso directamente ante autoridades federales.

Serrano Cuatlaxahue afirmó que cuentan con pruebas documentales de su elección comunitaria.

«Vamos a seguir en la lucha, aunque nos cierren puertas. Si es necesario vamos a llegar a México a hablar con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, porque no se nos hace justo que nos cierren puertas ni el IPPI ni el INPI.

Están apoyando, pero no es directo a los pueblos», declaró la representante.

La Resurrección, también conocida como San Nicolás Tepetitla, cuenta con hablantes de náhuatl, artesanías propias y un juego de pelota a la entrada de la comunidad.

El subdirector de Cultura de la Secretaría de Arte y Cultura (SAC), Emilio Herrera, recordó que se trata de un pueblo originario con larga data de ocupación y parte del patrimonio cultural de Puebla.

El uso mal intencionado de la Inteligencia Artificial (IA) que genere violencia digital se planteó castigar con hasta ocho años de prisión en Puebla, cuando se realicen publicaciones en contra niños, niñas y mujeres.

Así lo propuso la diputada local de Acción Nacional (PAN), Celia Bonaga Ruiz, cuyo objetivo es combatir la creación y difusión de contenidos falsos —conocidos como deepfake— que vulneran la integridad e identidad de las personas.

Para lograr el castigo contra aquellos que generen contenido con IA, lo publique y afecte a niños, niñas y mujeres propuso crear el capítulo vigésimo sexto en el Código Penal poblano, bajo el nombre de Uso indebido de la Inteligencia Artificial.

La reforma plantea sanciones para quienes utilicen herramientas tecnológicas para manipular imágenes, audios o videos con el objetivo de suplantar la identidad de un tercero o difundir contenido de carácter sexual sin consentimiento, situación que afirmó en muchas ocasiones se aplica en redes sociales.

En el caso de la violencia digital las penas propuestas podrían alcanzar hasta ocho años de prisión cuando la IA sea utilice para alterar contenido íntimo y dañar la reputación de la víctima.

Las sanciones van de cuatro años de prisión y una multa de 11 mil 700 a 58 mil 655 pesos, en contra de quien sea responsable de manipular imágenes o videos con IA, sin consentimiento de la persona que salga en el contenido multimedia.

La iniciativa contra la violencia digital con contenido generado con IA también contempla agravantes que podrían incrementar las penas hasta en la mitad, que aplicará en los siguientes casos.

Cuando la víctima sea una mujer o un menor de edad
Cuando exista una relación de confianza o autoridad entre el agresor y la víctima
Cuando el responsable obtenga algún tipo de lucro o beneficio económico por la difusión del material falso

La reforma contra el mal uso de la IA en Puebla introduce el delito de suplantación de identidad mediante IA para quien utilice imágenes, audios o voz generados tecnológicamente con apariencia real.

Esta conducta será sancionada con penas de dos a seis años de prisión cuando se realice con el fin de obtener un beneficio indebido, realizar actos jurídicos a nombre de otro o inducir al error a terceras personas.

El documento establece que se considerará violencia digital la utilización de esta tecnología para inducir al error, obtener beneficios indebidos o causar un perjuicio patrimonial mediante la simulación de voces o rasgos físicos.

La iniciativa detalla que estas medidas no aplicarán para contenidos con fines estrictamente artísticos, satíricos o paródicos, siempre que se especifique claramente su naturaleza artificial.