Tres agencias de las Naciones Unidas dedicadas a la observación y protección de los derechos de niñas, niños y migrantes se pronunciaron esta mañana por la muerte de dos niñas oriundas de Haití, en un albergue de del DIF de Oaxaca.

La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) emitieron un mismo comunicado para lamentar la muerte de dos niñas haitianas en el albergue Casa Hogar Patos a cargo del DIF el 24 de febrero.

Las agencias también se solidarizaron con el hecho y ofrecieron apoyo técnico para reforzar la supervisión de la residencia infantil; aseguraron sus respaldo y preocupación por la dignidad y seguridad de personas migrantes y refugiadas.

Presión en Oaxaca ante muerte de niñas de Haití
El gobernador del estado de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, lamentó la muerte de las dos niñas oriundas de Haití y compartió sus condolencias a la madre de las menores a través de su cuenta en X.

También expresó su compromiso por llegar al fondo del caso e indicó que la Fiscalía de Oaxaca ya realiza las diligencias pertinentes. También señaló que la madre de las niñas haitianas recibirá apoyo y asistencia institucional.

Organizaciones civiles y de Derechos Humanos también se pronunciaron por la muerte: Consorcio Oaxaca responsabilizó al DIF y pidió no reducir la situación a un caso aislado.

El Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI) también expresó su indignación por el deceso de las niñas haitianas y señalo que el caso no fue un accidente, sino negligencia institucional.

El miércoles 25 de febrero, tras las primeras pesquisas, fueron arrestadas tres personas relacionadas al DIF de Oaxaca. Además, la titular del órgano en Oaxaca, Maribel Salinas Velasco, fue separada de su cargo.

En un cambio significativo dentro de su política energética y de sanciones, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció que permitirá la venta y reventa de petróleo de origen venezolano a Cuba bajo condiciones específicas, en medio de una prolongada escasez de combustibles que afecta a la isla caribeña. La autorización busca atender la demanda energética civil y comercial, pero excluye expresamente transacciones que beneficien al gobierno o a las fuerzas armadas cubanas.

La medida habilita a empresas —tanto estadounidenses como extranjeras— a solicitar licencias específicas para reexportar crudo y productos refinados desde Venezuela hacia Cuba, siempre que la operación esté orientada a beneficiar al pueblo cubano y al sector privado, sin participación estatal ni militar.
Esta decisión se produce en un contexto donde Cuba enfrenta una severa crisis energética, intensificada tras el cese de envíos de combustible desde Venezuela en semanas recientes, luego de que Estados Unidos asumiera el control de las exportaciones venezolanas tras la captura de Nicolás Maduro.

Condiciones y requisitos
Para que las transacciones sean autorizadas, las empresas interesadas deben cumplir con varios requisitos, entre ellos:

Asegurar que el combustible llegue a ciudadanos o negocios del sector privado cubano, como estaciones de servicio, industrias y pequeños emprendimientos.
Garantizar pagos en efectivo o con respaldo bancario, debido a las dificultades de La Habana para realizar transacciones internacionales bajo el embargo.
Evitar cualquier beneficio directo a entidades del Estado cubano, incluidas fuerzas armadas o instituciones gubernamentales.
Este enfoque remarca que la exportación podrá ajustarse a criterios comerciales y humanitarios, sin levantar las sanciones generales que mantienen restricciones más amplias sobre la economía cubana.

Durante más de dos décadas, Venezuela fue el principal proveedor de petróleo para Cuba bajo un convenio de cooperación energética que implicaba, en muchos casos, intercambio de crudo por servicios profesionales, principalmente médicos. El anuncio de Estados Unidos pone fin a ese esquema tradicional, exigiendo ahora condiciones de mercado y garantías financieras para las transacciones energéticas, en un esfuerzo por limitar el uso político del suministro de combustible.

Pese a la flexibilización parcial, la política estadounidense mantiene restricciones que podrían afectar la cantidad y fluidez del suministro hacia la isla, al tiempo que obliga a los exportadores a ajustarse a marcos regulatorios más estrictos.

l Gobierno de Canadá anunció que enviará aproximadamente 5.8 millones de dólares estadounidenses en ayuda humanitaria a Cuba, en medio de la crisis energética y alimentaria que afecta a la isla. Los recursos serán canalizados a través del Programa Mundial de Alimentos de la ONU y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), con el objetivo de que la asistencia llegue directamente a la población más afectada.

La ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, Anita Anand, indicó que la decisión forma parte de la política exterior canadiense centrada en la situación humanitaria, independientemente de factores diplomáticos o políticos. “Mientras la población cubana enfrenta importantes dificultades, Ottawa se mantiene solidaria mediante asistencia focalizada para cubrir necesidades urgentes”, aseguró la funcionaria.
El envío de recursos se produce en un contexto marcado por una crisis energética profunda en Cuba, derivada de la interrupción del suministro de petróleo y otros factores externos, que han afectado la producción de electricidad y los servicios básicos. La escasez de combustible, combinada con la inflación y limitaciones en la importación de alimentos, ha generado un panorama crítico para la población, especialmente los sectores más vulnerables.

La ayuda canadiense se enfocará principalmente en fortalecer el acceso a alimentos y mejorar la nutrición de la población más afectada. Según el comunicado oficial, los fondos serán canalizados a través de socios considerados “de confianza”, con la intención de garantizar una distribución eficiente y directa, evitando intermediarios vinculados al gobierno cubano.

Asimismo, Canadá afirmó que continuará coordinando con aliados y organismos internacionales para monitorear la evolución de la crisis y determinar posibles acciones futuras. Este enfoque busca asegurar que la asistencia se ajuste a las necesidades reales de la población y contribuya a mitigar los efectos más graves de la emergencia humanitaria.