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Política

Vamos a ir por vía penal vs los que defraudaron con litigios y contratos por delincuencia organizada: García Parra

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El coordinador del Gabinete Estatal, José Luis García Parra, afirmó que el Gobierno de Puebla emprenderá acciones por la vía penal contra empresarios y exfuncionarios que participaron en un esquema de fraude mediante contratos no liquidados y litigios irregulares, los cuales habrían sido estructurados de manera sistemática y podrían configurar delitos de delincuencia organizada.

Durante la conferencia matutina del gobernador Alejandro Armenta Mier, el funcionario explicó que, al inicio de la actual administración, se detectaron más de 100 demandas derivadas de contratos heredados de gobiernos anteriores, algunos con una antigüedad de hasta 20 años, cuyos montos, valores y condiciones son variables, pero que en conjunto representan miles de millones de pesos que generan riesgo para el erario estatal.

García Parra precisó que, de este universo de litigios, existen 10 casos considerados como los más relevantes, los cuales concentran un impacto económico aproximado de 3 mil 500 millones de pesos. Detalló que tres de estos ya cuentan con sentencias emitidas en los años 2013, 2015 y 2023, por un monto cercano a los 1 mil 100 millones de pesos.

El funcionario estatal indicó que actualmente se realiza un análisis jurídico y financiero de estos tres casos, en coordinación con la Consejería Jurídica del estado, con el objetivo de conciliar el tema de los intereses y buscar acuerdos que permitan cumplir con las resoluciones sin generar una afectación severa a las finanzas públicas.

Acciones penales y estrategia del Gobierno de Puebla
“Varían en los montos, los valores, las características, las condiciones, que implicarían miles de millones de pesos. Específicamente, hay 10 que son los más relevantes. Estos 10 litigios que tenemos con la Consejería Jurídica, estaríamos hablando, más o menos, de 3 mil 500 millones de pesos que tendría que erogar el Gobierno de Puebla para finiquitar estas supuestas deudas”, afirmó.

El coordinador del Gabinete Estatal señaló que, más allá de la defensa legal, se identificó un modus operandi en el que empresas y funcionarios avalaron obras complementarias inexistentes, conceptos fuera de catálogo y trabajos que nunca fueron ejecutados, pero que aun así fueron incluidos en las demandas, lo que infló de manera artificial los montos reclamados al Gobierno del Estado.

Reconoció que, debido al tiempo transcurrido, algunas de estas conductas podrían haber prescrito en el ámbito administrativo; sin embargo, aseguró que se están integrando expedientes para proceder por la vía penal contra socios de empresas que, de acuerdo con la información recabada, están vinculadas entre sí y habrían actuado de forma reiterada para defraudar al Estado, mediante esquemas en los que participaron más de tres personas con conductas sistemáticas.

Finalmente, García Parra subrayó que estos 10 litigios son prioritarios para la actual administración y reiteró que el Gobierno de Puebla continuará defendiendo el patrimonio de las poblanas y los poblanos, además de exhibir a las empresas y funcionarios involucrados, con el objetivo de minimizar el daño a las finanzas públicas y evitar que este tipo de prácticas se repitan.

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Política

La SIP exige investigación exhaustiva tras el asesinato del comunicador Ricardo Zúñiga en Puebla

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  • La Sociedad Interamericana de Prensa solicitó a las autoridades considerar la labor informativa de la víctima como la principal línea de investigación.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó el asesinato del fotógrafo y creador de contenido Ricardo Zúñiga Rosas, registrado el pasado 29 de agosto en el municipio de Tehuitzingo, Puebla. Ante estos hechos, la organización exigió a las autoridades una investigación pronta, exhaustiva y efectiva que no descarte su actividad informativa como el móvil principal del crimen.

De acuerdo con el comunicado emitido por la SIP, Zúñiga Rosas, de 35 años, fue víctima de un ataque directo con arma de fuego dentro de un establecimiento de su propiedad. Dos sujetos que se desplazaban a bordo de una motocicleta arribaron al lugar y dispararon en su contra; el comunicador falleció posteriormente a causa de la gravedad de las lesiones.

Antecedentes de amenazas e inestabilidad local

El organismo regional en defensa de la libertad de expresión recordó que, según los registros públicos y publicaciones del propio Zúñiga Rosas en redes sociales, el comunicador había denunciado intimidaciones desde el pasado mes de mayo. Las advertencias surgieron tras la difusión de fotografías, reportes sobre asuntos de interés local y señalamientos críticos hacia la administración municipal, en los cuales se le exigía cesar el abordaje de temas políticos.

Martha Ramos, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP y directiva de la Organización Editorial Mexicana (OEM), instó a las instancias estatales y federales a coordinar una indagatoria diligente para sancionar tanto a los autores materiales como intelectuales.

«Instamos a las autoridades federales y estatales a realizar una investigación diligente y exhaustiva del asesinato de Zúñiga Rosas. Es indispensable establecer si su asesinato estuvo relacionado con su trabajo informativo y esclarecer quiénes fueron los responsables materiales e intelectuales», enfatizó Ramos.

Aumento de agresiones contra la prensa

La SIP advirtió sobre el impacto del clima de impunidad en el país, señalándolo como uno de los factores determinantes que perpetúan las agresiones hacia periodistas y generadores de contenido.

Según los registros del organismo, el homicidio de Zúñiga Rosas se suma a otros casos de agresiones mortales contra comunicadores acontecidos en lo que va del año:

  • Francisco Alejandro Leyva Aguilar, asesinado el 22 de julio en Oaxaca.
  • Josué Martínez Contreras, asesinado el 16 de julio en Puebla.
  • Carlos Castro, cuyo homicidio ocurrió el 8 de enero.

Finalmente, la organización reiteró que los ataques ejercidos contra quienes realizan labores informativas representan un atentado directo contra el ejercicio de la libertad de prensa y vulneran el derecho de la ciudadanía a mantenerse informada.

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Política

Exige PAN Puebla investigar a autoridades municipales en demarcaciones con mayor incidencia de huachigas

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PUEBLA, PUE. La dirigencia estatal del Partido Acción Nacional (PAN) en Puebla emitió un pronunciamiento público para exigir a la Fiscalía General de la República (FGR) y a las autoridades de procuración de justicia abrir carpetas de investigación urgentes contra alcaldes y mandos policiales de los municipios que concentran los índices más altos de extracción ilegal de gas L.P., fenómeno conocido como «huachigas».

Los voceros del partido blanquiazul señalaron que el incremento continuo en las tomas clandestinas localizadas en la franja del Triángulo Rojo y la zona metropolitana sugiere una presunta omisión o connivencia de mandos locales con células del crimen organizado dedicadas al robo de hidrocarburos a las tuberías de Petróleos Mexicanos (PEMEX).

Desde la dirigencia panista enfatizaron que el combate a este delito del fuero federal no debe limitarse al aseguramiento de pipas o clausura de predios, sino que requiere auditar a las administraciones municipales para deslindar responsabilidades administrativas y penales sobre el uso de recursos y el desempeño de los cuerpos de seguridad locales.

Finalmente, el instituto político urgió a la Federación y al Gobierno del Estado a reforzar la presencia de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional en los municipios de mayor riesgo, garantizando la protección de las comunidades vulnerables frente a las operaciones y riesgos de explosión generados por el huachicol de gas.

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Política

Frena INE de nueva cuenta emblema de «SOMOS»; exige modificar su identidad gráfica

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MÉXICO. El Instituto Nacional Electoral (INE) emitió una nueva resolución mediante la cual volvió a frenar el registro del emblema oficial presentado por la organización política «SOMOS», al determinar que su imagen e identidad visual incumplen con los lineamientos reglamentarios vigentes.

El órgano electoral estableció que la propuesta gráfica presentada por la agrupación incurre en similitudes o elementos de confusión con los de otras fuerzas o instituciones vigentes, por lo que requirió formalmente a sus dirigentes realizar las modificaciones correspondientes en la simbología y colores institucionales.

Tras la notificación del fallo, la representación legal de la organización dispondrá de un plazo determinado por la autoridad electoral para subsanar las observaciones hechas al logotipo y presentar un rediseño que cumpla a cabalidad con el principio de certeza e identidad propia.

Esta determinación representa un nuevo ajuste en los plazos previstos por la agrupación en su proceso de consolidación política, debiendo esperar la revisión técnica definitiva del Consejo General del INE una vez que sean entregadas las correcciones requeridas.

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