La legislatura poblana ha definido cuál será la nueva modificación a la polémica reforma de ciberasedio. Los tres foros ciudadanos, dos mesas de trabajo y un sinfín de críticas vertidas en contra de la norma, no fueron suficientes para lograr su derogación, pero sí para crear una iniciativa de reforma que reducirá las penas a quien cometa ciberasedio y, además, que los servidores públicos estén imposibilitados de denunciar este delito.
La propuesta fue definida este miércoles por la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso local, encabezado por la morenista Laura Artemisa García Chávez. Tal como lo anticipó la legisladora, la nueva reforma al Código Penal será efectiva antes del 15 de julio, fecha en la que concluye el actual periodo ordinario de sesiones. Este jueves 10 de julio se presentará y someterá a la aprobación del Pleno la iniciativa de reforma.
Respecto a su contenido, la propuesta se enfocó en modificar la redacción del artículo 480, mismo que actualmente sanciona con once meses y hasta tres años de prisión a quien cometa ciberasedio. El cual, de ser aprobado, quedará de la siguiente manera:
“Artículo 480 Comete el delito de ciberasedio quien, a través de la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, redes sociales, correo electrónico o cualquier espacio digital, de forma reiterada o sistemática realice actos de vigilancia, hostigamiento, intimidación u ofensa a otra persona, y como consecuencia altere su vida cotidiana, perturbe su privacidad o dañe su integridad física o emocional”.
La Consejería Jurídica estatal impugnó la suspensión temporal que evita la aprehensión de Roberto Celaya por ciberasedio y también presentó una queja contra el juez que concedió la protección
La redacción también contempla tres nuevas disposiciones. La primera dicta que, para determinar la existencia del delito, la autoridad deberá considerar el contexto de los hechos. En tanto, la segunda señala que el delito se perseguirá a petición de parte, excepto cuando la víctima sea menor de edad, una persona con discapacidad o exista una relación de autoridad o subordinación, en cuyos casos será perseguible de oficio, es decir, sin la necesidad de una denuncia previa.
La tercera disposición es respecto al freno impuesto a servidores públicos para que no puedan denunciar este delito. En la iniciativa se propone:
“Quedan excluidas del presente artículo, las manifestaciones o críticas que estén orientadas a satisfacer un interés público, garantizar el desarrollo democrático o traten del escrutinio de cualquier órgano del Estado o persona servidora pública, y todas aquellas expresiones emitidas en el ejercicio legítimo de la libertad de expresión y el periodismo, en términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales en la materia y demás disposiciones aplicables”.
Ahora, respecto a la reducción de las sanciones, solo fue modificada la pena mínima, la máxima (de tres años) permanece. Asimismo, las multas no sufrieron cambios, pues quedaron fijas en 50 y hasta 300 Unidades de Medida y Actualización (UMA), que para este año equivalen a cinco mil 657 a 33 mil 942 pesos. Además, la sanción se aumentará una tercera parte de la pena mínima y hasta dos terceras partes de la pena máxima cuando la víctima sea menor de edad.
Iniciativa divide opiniones en la oposición
La nueva iniciativa no tardó en despertar opiniones divididas en los partidos opositores PAN, PRI y Movimiento Ciudadano. Este último, a través de su también dirigente estatal, Fedrha Suriano Corrales, se pronunció a favor de la misma, así como de su eventual aprobación.
Argumentó que dicha propuesta, que recibió el visto bueno de quienes integran la Jugocopo, sí atendió las sugerencias que ella presentó días antes ante el Pleno: la reducción de sanciones y la exclusión de servidores públicos. Incluso, señaló que la redacción era concreta, un aspecto que fue criticado en la reforma original.
Por su parte, la legisladora priista, Delfina Pozos Vergara, (quien también integra la Jugocopo) se mostró inconforme con la iniciativa, ya que su postura sigue firme: que se derogue el artículo 480. En entrevista, insistió en que la nueva reforma no dará solución a los riesgos advertidos por organizaciones internacionales, académicos, activistas y la prensa.
En tanto, el PAN parecía ajeno a lo que sucedía en el Congreso. Si bien el coordinador de la bancada panista, Marcos Castro, adelantó días antes cuál era la postura de su partido sobre esta reforma (esperar a que pudiera derogarse y en tanto planear un nuevo artículo), no fue hasta este miércoles -cuando ya estaba hecha la propuesta final- que su partido materializó sus sugerencias. Es decir, fue imposible incluirlas.
Castro, quien integra la Jugocopo, se ausentó este miércoles. En su lugar, la diputada Celia Bonaga explicó que fue la legisladora de su bancada Susana Riestra Piña, quien presentó ante la Secretaría General su propuesta, ya que contempló que el plazo máximo para hacerlo era el 15 de julio. En realidad, con base en entrevistas previas con García Chávez, en tal fecha ya debe ser promulgada la nueva reforma, a fin de evitar acciones de inconstitucionalidad en contra de la misma. Evidentemente, las propuestas debían presentarse mucho antes.
Al ser cuestionada Bonaga sobre el por qué esperar al final para presentar dicho documento, respondió: “habíamos considerado que en tiempos teníamos hasta el 15, seguíamos recopilando información, otra vez volvemos a caer en las prisas ¿qué tanta prisa hay?”
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