El crecimiento del mercado ilegal de cigarros en México representa una grave amenaza para los pequeños comerciantes. La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) alertó que los tenderos corren el riesgo de convertirse en «un eslabón más del comercio ilícito», quedando expuestos a constantes presiones, amenazas y extorsiones para obligarlos a vender producto de contrabando.
De acuerdo con datos de la organización, actualmente uno de cada cuatro cigarros vendidos en el país es de procedencia ilícita. A esta situación se suma una disparidad de precios alarmante: mientras una cajetilla de cigarros pirata se comercializa desde 15 pesos, el producto legal supera los 100 pesos.
Cuauhtémoc Rivera, presidente de la ANPEC, advirtió sobre la gravedad del contexto actual:
“Cuando la diferencia de precio entre lo legal y lo ilegal se vuelve tan grande, el mercado negro encuentra las condiciones ideales para crecer. Pero el problema ya no es solamente cuánto se deja de recaudar: estamos hablando de un mercado que puede terminar poniendo al pequeño comerciante frente a una disyuntiva perversa, vender mercancía ilegal o enfrentar presiones, amenazas y extorsiones”.
Casos de extorsión y delincuencia en el pequeño comercio
La ANPEC expuso episodios recientes como el registrado en Uruapan, Michoacán, donde comerciantes denunciaron a dos personas que los obligaban a comprar y vender cigarros ilícitos. El pasado 18 de agosto, las autoridades detuvieron a los sospechosos, asegurándoles 14,400 cigarros y una libreta con los nombres y direcciones de las víctimas de extorsión.
Para la asociación, este caso demuestra cómo las pandillas de contrabandistas buscan integrar a los tenderos en su cadena de distribución mediante coacciones. Ante esto, Rivera enfatizó:
“El cigarro pirata no es un negocio: es una trampa. El comerciante que acepta mercancía de procedencia dudosa puede pensar que está encontrando una oportunidad para ganar más, cuando en realidad está abriendo la puerta a un problema que puede costarle su patrimonio, su negocio e incluso su seguridad”.
Sanciones penales e incautaciones masivas
Por estas razones, la ANPEC hizo un llamado urgente al gremio comercial para rechazar mercancía de dudosa procedencia. Recordó que este año las autoridades endurecieron las penalizaciones contra el comercio ilícito. Vender cigarros ilegales puede derivar en:
- Multas económicas severas.
- Clausura definitiva del establecimiento.
- Hasta nueve años de cárcel.
Asimismo, la organización destacó la dimensión del contrabando a nivel nacional recordando dos aseguramientos clave realizados por autoridades federales:
- AICM (Enero): Decomiso de casi 20 toneladas de tabaco ilegal procedentes de Narita, Japón, equivalentes a 954,380 cajetillas con un valor comercial de 70.7 millones de pesos.
- Lázaro Cárdenas, Michoacán (Agosto): Aseguramiento en dos operaciones distintas de 62.5 millones de cigarros apócrifos provenientes de Vietnam.
La ANPEC remarcó que este sector delictivo opera fuera de toda normativa sanitaria, fiscal y comercial, representando un peligro directo para la salud pública, una competencia desleal para el comercio formal y una vía de financiamiento para el crimen organizado.
Nuevo León lidera venta ilícita y lanza campaña de prevención
La ANPEC informó sobre el lanzamiento de una campaña de prevención y combate al contrabando en Nuevo León, en coordinación con la Secretaría de Economía y la Subsecretaría de Administración Tributaria del estado, entidad identificada como una de las de mayor incidencia en la comercialización ilegal.
En esta región se han registrado decomisos considerables:
- En mayo, el gobierno estatal destruyó más de 20 millones de cigarros ilegales.
- Entre junio y julio, la Subsecretaría de Administración Tributaria de Nuevo León aseguró 232,000 cigarros en un lapso de cinco semanas, incluyendo un operativo semanal en el que se decomisaron 123,000 unidades en bodegas del área metropolitana de Monterrey.
Estrategia preventiva y postura fiscal
La campaña estatal se desplegará en Monterrey y municipios periféricos mediante la distribución de carteles y volantes informativos. Las metas principales son:
- Ayudar a los comerciantes a identificar cajetillas de origen ilegal.
- Informar sobre las consecuencias penales, fiscales y de seguridad.
- Prevenir amenazas, coacciones o extorsiones por parte de grupos criminales.
La ANPEC exhortó a los propietarios de pequeñas tiendas a crear frentes de defensa locales organizándose con sus vecinos y a denunciar cualquier intimidación al número 089.
Finalmente, la organización indicó que el constante incremento en los impuestos al tabaco (específicos por cigarro, por cajetilla y el IVA) ha acrecentado la brecha económica entre lo legal y lo ilegal. Concluyó manifestando que para desincentivar el consumo, la ruta adecuada debe orientarse hacia la educación, la información y políticas públicas integrales, y no hacia el encarecimiento que alimenta el mercado negro.