Pese a la reducción de la pobreza en la región, aún hay 180 millones de personas en Latinoamérica que no tienen ingresos suficientes para satisfacer sus necesidades básicas. En este contexto, el salario mínimo se posiciona como una estrategia para garantizar una remuneración justa y combatir la pobreza, señala la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
En su informe Panorama Social de América Latina y el Caribe 2023 el organismo regional subraya que el “los salarios mínimos pueden constituir una parte esencial de las estrategias para combatir la pobreza y disminuir las brechas de desigualdad, abordando también las disparidades de ingresos por razón de género”.
De acuerdo con la Cepal, en al menos 14 economías de la Latinoamérica hay 92 millones de trabajadores que recibe una remuneración por debajo del salario mínimo, ya sea por tener una ocupación informal o por el incumplimiento en la normativa. “Es importante destacar que esta cifra creció con respecto a los niveles prepandémicos, al aumentar del 32.6% en 2019 al 36,8% en 2022”.
El universo de trabajadores con un ingreso inferior a la remuneración mínima, concentrados en mayor medida en la informalidad, “pone de manifiesto la necesidad apremiante de implementar políticas de inclusión laboral que no sólo promuevan la formalización del empleo, sino que también garanticen remuneraciones dignas y acordes con los estándares mínimos de bienestar”, señala la Comisión.
En el caso de México, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) reporta que los incrementos a la remuneración básica han permitido una reducción de 23.7% en la pobreza.
“Resultados adicionales indican que los incrementos del salario mínimo no tuvieron un impacto significativo sobre el nivel de empleo, pero sí en el ingreso laboral que presentó un incremento de 21.3%”, señala la Conasami en su estudio El impacto del salario mínimo en la pobreza.
La presente administración federal en México ha impulsado una política de recuperación del salario mínimo, el cual ha pasado de 88.36 a 207.44 pesos diarios a nivel general entre 2018 y 2023. Para 2024, la meta del gobierno es terminar el sexenio con un ajuste superior a 15 por ciento.
Una estrategia sólida en materia de salario mínimo es una de las políticas de trabajo que más contribuyen a la inclusión laboral. En Latinoamérica, más del 37% de las personas en edad de trabajar está fuera del mercado laboral (la mayoría mujeres y jóvenes), y casi la mitad de los ocupados se encuentra en un trabajo informal, con ingresos insuficientes, en situación de pobreza o sin cotizar a un sistema de pensiones.
“El acceso a empleos de calidad que proporcionan ingresos para que los hogares superen la pobreza y garantizan el acceso a la protección social contribuye de manera significativa a reducir la informalidad laboral y pasar de la inserción a la inclusión laboral, sin dejar a nadie atrás”, destaca la Cepal en su informe.
Trabajadores migrantes, los desafíos en la región
El panorama 2023 de la Cepal tuvo un enfoque especial en los desafíos de los mercados laborales para trabajadores migrantes y personas con discapacidad, ambos grupos vulnerables que enfrentan dificultades para insertarse en una ocupación, o bien conseguir un empleo de calidad.
De acuerdo con la investigación, la migración intrarregional aumentó 72% en dos décadas, estos movimientos han sido impulsados principalmente por el deseo de encontrar empleos que permitan mejorar la situación social y económica de las familias.
Las tasas de actividad económica de la fuerza laboral migrante suelen ser más elevadas que la participación de los trabajadores nativos. Sin embargo, la migración hacía países que no se caracterizaban por un alto flujo migratorio representa desafíos para que estas economías aprovechen la mano de obra y estas personas accedan a empleos de calidad, por ahora se concentra en trabajos informales y con jornadas extensas.
“La regularidad migratoria es condición fundamental (aunque no suficiente) para que las personas migrantes puedan acceder al empleo formal y a la inclusión laboral. Sin ella, las personas migrantes se ven impedidas de cotizar en la seguridad social y de obtener los beneficios asociados al empleo formal, como la protección contra el despido injustificado, las vacaciones pagadas y todas las protecciones complementarias que las legislaciones laborales nacionales aseguran”, señala el organismo.
Algunas políticas que pueden contribuir en este desafío, sugiere la Cepal, son “acelerar los procesos de acreditación, pero también promover avales de competencias” para que los trabajadores migrantes puedan hacer valor sus credenciales educativas y conocimientos, además de proporcionarles “información relevante sobre las características específicas que tienen los procesos de búsqueda laboral en los distintos países, sus derechos laborales y las formas de proceder para acceder a la justicia en caso de ser necesario”.
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