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Senado aprueba renuncia de Arturo Zaldívar como ministro de la Corte

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El pleno del Senado aprobó la renuncia del ministro Arturo Zaldívar como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) entre cuestionamientos de legisladores de la oposición, quienes acusaron que la dimisión estaba motivada por cuestiones personales y no por una causa grave como estipula la Constitución, además de que aún y cuando todavía no se avalaba ya se había sumado al proyecto de un partido político tras reunirse con Claudia Sheinbaum, la abanderada presidencial de Morena, PT y PVEM.

El dictamen de la renuncia de Zaldívar fue aprobado con 63 votos a favor y 43 en contra, por lo que se instruyó informar al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien enviará una nueva terna integrada por mujeres para cubrir la vacante, así como a la ministra presidenta de la Corte, Norma Lucía Piña.

Te recomendamos: López Obrador acepta renuncia de Arturo Zaldívar

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Previamente, la renuncia de Arturo Zaldívar había sido aprobada en la Comisión de Justicia del Senado en la que se rechazó la propuesta de la comparecencia del ahora exministro para explicar las razones por las que quería dejar del cargo.

Discusión de la renuncia de Arturo Zaldívar en el Senado
Previo a la votación, el senador panista Damián Zepeda consideró que no se puede obligar a alguien a estar en donde ya no quiere, pero señaló que no avalaría con su voto la renuncia de Arturo Zaldívar porque ello sería una “salida digna” y advirtió que la Corte no es un “trampolín político de nadie”.

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“Lo mejor que le puede pasar a la Corte es que Arturo Zaldívar ya no sea ministro porque si no tenía causa justificada grave para pedir su renuncia hoy sí se tiene, el señor ya no es independiente”, acusó.

Agregó que el trasfondo del asunto no es la renuncia de Zaldívar, sino que abre la puerta a que el presidente Andrés Manuel López Obrador haga su quinto nombramiento para la Corte cuando sólo le correspondían tres.

“Renuncia un año antes el ministro Zaldívar y le regala un quinto nombramiento al presidente (…), le están robando a Claudia Sheinbaum el derecho de nombrar un nuevo ministro, le están negando el derecho a Xóchitl Gálvez, el derecho a proponer, le están robando el derecho a Samuel el derecho de proponer”, dijo al fundamentar su voto particular en contra.

Por su parte la legisladora priista Claudia Edith Anaya Mota consideró que si el ministro Arturo Zaldívar quería renunciar debería también renunciar a ser ministro en retiro y no gozar de los beneficios al no haber concluido el periodo para el que fue elegido.

“Que renuncie a todas las prestaciones, aquí no hay causa grave, hay una causa personal. Votaré en contra, no estoy en favor de estas renuncias que sólo poden en evidencia el poder corruptor de la Presidencia”, dijo y criticó que “todavía ni si quiera sale y ya anda en campaña presidencial”.

Por su parte, el senador Noé Castañón, de Movimiento Ciudadano, advirtió que esto sentaría un precedente grave que podría llevar a demeritar la confianza en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El legislador Jorge Carlos Ramírez Marín, del PVEM, defendió los argumentos del ministro Arturo Zaldívar para su renuncia al calificarlo como un “gran jurista” y señaló que no está cometiendo ningún delito, ya que en su carta señala específicamente que quiere seguir buscando aportar a la transformación del país desde otros espacios.

Ante los cuestionamientos de que el presidente López Obrador llegaría a cinco nombramientos en la Corte, Ramírez Marín recordó que otros mandatarios como Fox, Calderón y Peña Nieto también hicieron más de tres movimientos.
Arturo Zaldívar presentó su renuncia como ministro de la Corte el pasado 7 de noviembre a través de una carta que envió al presidente Andrés Manuel López Obrador en la que aseguró que su ciclo ya había terminado y las aportaciones que pudiera hacer desde esa trinchera a consolidación de un mejor país ya se habían vuelto “marginales”.

En la misiva indicó que consideraba pertinente seguir impulsando la transformación de México desde otros espacios en lo que se les brinde la oportunidad de tener incidencia en la construcción de “un país más justo y más igualitario”.

Aseguró que durante 14 años en la Corte impulsó “importantes criterios jurisdiccionales y políticas públicas” en beneficio de los derechos humanos de todas las personas, pero especialmente de los más vulnerables.

El presidente López Obrador aceptó su renuncia un día después, pues dijo que no se puede obligar a alguien a estar donde ya no quiere estar, y la turnó al Senado para que en su caso fuera aprobada.

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Sheinbaum presenta Boxeando por la Paz, programa que dará salario y seguro médico a boxeadores

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Durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, se anunció el lanzamiento del programa social “Boxeando por la Paz”, una estrategia que busca fortalecer el deporte como herramienta de prevención y desarrollo social.

El encargado de detallar la iniciativa fue Carlos Gastón Torres Rosas, coordinador general de Programas para el Bienestar, quien explicó que el plan beneficiará a 5 mil boxeadoras y boxeadores en todo el país, además de impactar a más de 90 mil alumnos a través de gimnasios comunitarios. Los deportistas podrán integrarse a Jóvenes Construyendo el Futuro y recibirán un apoyo mensual equivalente al salario mínimo de 9 mil 582 pesos junto con seguro médico del IMSS.
El presidente del Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Sulaimán, reconoció el impulso del gobierno federal para profesionalizar esta disciplina. Destacó que todos los peleadores inscritos contarán con respaldo económico y cobertura médica, subrayando que no existe un programa similar en el mundo. Como acto simbólico, entregó a la mandataria un par de guantes conmemorativos por el arranque de la estrategia.

Por su parte, el boxeador profesional David Picasso celebró la iniciativa al señalar que miles de niñas y niños tienen talento, pero no siempre oportunidades. Afirmó que con este programa se evitará que los sueños deportivos queden truncos y se promoverá la prevención mediante el deporte y la educación.

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Fuga de Pemex amenaza contaminar el río Cazones en Veracruz

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Un derrame de hidrocarburo provocado por la ruptura de un ducto de Pemex mantiene en alerta a pobladores de San Miguel Mecatepec, en el municipio de Tihuatlán, Veracruz, debido al riesgo de que el contaminante alcance el río Cazones, uno de los afluentes más importantes del norte del estado.

La fuga comenzó desde la mañana del viernes en el cerro Mecatepec y, hasta ahora, no ha sido controlada en su totalidad. El crudo descendió por cauces naturales y avanzó a través de un canal cercano a una termoeléctrica, llegando a zonas habitadas como Ampliación Manantial, donde también se ubica un jardín de niños.
Ante la intensidad de los vapores y el fuerte olor a combustible, al menos seis familias fueron desalojadas la noche del sábado tras presentar irritación en ojos y vías respiratorias. Aunque se habilitó un albergue, los afectados decidieron resguardarse con familiares.

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SCJN elimina requisito de 6 meses para pensión por viudez IMSS

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Una resolución reciente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cambió los criterios para otorgar la pensión por viudez del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), al considerar inconstitucional exigir un tiempo mínimo de matrimonio o concubinato para acceder a este derecho. La determinación impacta principalmente a mujeres que, bajo el esquema anterior, quedaban fuera del beneficio por no cumplir con el requisito de duración de la relación.

Hasta ahora, la Ley del Seguro Social de 1973 establecía que la persona solicitante debía acreditar al menos seis meses de matrimonio antes del fallecimiento del asegurado o pensionado. En el caso del concubinato, también se pedía comprobar un periodo determinado de convivencia. Este candado dejaba sin protección a quienes, aun dependiendo económicamente del trabajador fallecido, no alcanzaban ese plazo.
El máximo tribunal resolvió que condicionar la pensión a la temporalidad del vínculo vulnera el principio de igualdad. En su análisis, sostuvo que todas las personas que se encuentren en circunstancias similares deben recibir el mismo trato, sin que la duración del matrimonio o la unión de hecho sea un factor para negar el acceso a una prestación de seguridad social.

Con el fallo, el IMSS deberá otorgar la pensión por viudez sin tomar en cuenta el tiempo que duró la relación, siempre que se cumplan los demás requisitos previstos en la ley. Es decir, la persona fallecida debió haber estado asegurada o pensionada al momento de su muerte, y quien solicite el beneficio deberá acreditar el vínculo y la dependencia económica conforme a las reglas vigentes.

Especialistas en seguridad social han señalado que esta decisión corrige una disposición que durante años generó controversia, pues en los hechos afectaba sobre todo a mujeres que, tras la muerte de su pareja, enfrentaban obstáculos administrativos para acceder a un ingreso que les permitiera sostenerse. En muchos casos, la negativa se basaba únicamente en no cumplir con el plazo mínimo, sin considerar la situación real de dependencia.

El instituto informó que ya ajustó sus lineamientos internos para eliminar el requisito de los seis meses. Las solicitudes pueden realizarse en las subdelegaciones correspondientes o a través de los canales oficiales. Entre los documentos habituales se encuentran el acta de defunción, identificación oficial, documentos que acrediten el matrimonio o concubinato y la información relacionada con la afiliación del trabajador fallecido.

La Corte subrayó que la finalidad de la pensión por viudez es brindar seguridad económica a la persona sobreviviente ante la pérdida del sostén familiar. Bajo esa lógica, imponer una condición basada únicamente en la duración del vínculo resulta desproporcionado y contrario al marco constitucional.

El cambio no modifica otros requisitos establecidos en la legislación, como la acreditación del parentesco o la comprobación de que no existe otra persona con mejor derecho. Sin embargo, elimina una barrera que durante décadas fue motivo de litigios y que obligó a muchas personas a recurrir a tribunales para defender su acceso a la prestación.

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