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Otra vez; detectan difuntos entre Jóvenes en el programa Construyendo el Futuro

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La Auditoría Superior de la Federación (ASF) puso bajo la lupa nuevamente la operación de Jóvenes Construyendo el Futuro (JCF), el programa insignia de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), y ahora encontró irregularidades equivalentes a 28.1 millones de pesos.

Si bien es cierto que la cantidad observada dentro de la Cuenta Pública 2020 es mínima si se compara con el presupuesto de 24,628 millones de pesos ejercidos para este fin en el año revisado, no deja de llamar la atención las fallas persistentes en la supervisión, pues han sido señaladas en reiteradas ocasiones, tanto por la ASF como por diversas asociaciones civiles.

Jóvenes Construyendo el Futuro es un programa que tiene como fin vincular a personas de entre 18 y 29 años de edad que no estudian ni trabajan con centros laborales para su capacitación, con el fin de facilitar su empleabilidad en el futuro. A cambio les entrega una beca equivalente a un salario mínimo, que en el periodo revisado por la ASF fue de 3,748 pesos mensuales.

Hace un año la ASF ya había señalado varios de los problemas nuevamente detectados. Éstas son algunas de las irregularidades persistentes detectadas en la última entrega de la Cuenta Pública:

  • Se entregaron apoyos a 38 personas registradas como beneficiarias que fallecieron entre 2019 y 2020. El probable daño de esto equivale a 351,720 pesos.
  • Se benefició con el seguro médico del IMSS de 3 a 12 meses a 17,283 personas de las que no se demostró que estuvieran vinculadas a un centro laboral inscrito en el programa. El impacto de esto equivale a 3.2 millones de pesos.
  • Se le dio una beca a 1,315 personas que ya recibían apoyo de la SEP por estar inscritos en algún programa de educación superior, por lo que no cumplían con los requisitos para pertenecer a JCF. El posible daño de esta acción equivale a 19.6 millones de pesos.
  • Se le otorgaron pagos a 41 personas que al mismo tiempo de la capacitación estaban registrados como funcionarios públicos en el ISSSTE. El probable daño es de 153,400 pesos.
  • Se le otorgaron pagos a 71 personas que ya eran trabajadores de las empresas en las que se capacitaron y que estaban dados de alta en el IMSS. El impacto de esta acción es de 1 millón de pesos.
  • Se les pagó la beca a 252 beneficiarios que también estaban dados de alta en los centros de trabajo como tutores de los becarios. El posible daño de esta acción equivale a 2.2 millones de pesos.
  • Se les pagó la beca a 106 personas que estaban inscritas en el sistema como representantes de los centros laborales registrados para participar en el programa. El impacto de esta acción equivale a 1.5 millones de pesos.
  • En al menos 10,848 filiales de los centros de trabajo dados de alta no se respetaron los límites de becarios establecidos en las reglas de operación del programa, por lo que se solicitó a la STPS que inicie las investigaciones para definir las posibles sanciones administrativas para los funcionarios que no supervisaron esta falla.

Todas las irregularidades mencionadas anteriormente, señala la ASF, denotan deficiencias en los mecanismos de control en la validación de los requisitos, así como de la supervisión y actualización de la información de los beneficiarios, debido a que no se comprueba si éstos estudian o trabajan, antes de otorgarles el apoyo e impide verificar el cumplimiento del objetivo del programa.

Para ser justos, no se puede ignorar que la STPS ha reforzado los mecanismos de supervisión del programa después de los hallazgos presentados en años anteriores, la misma ASF reconoce algunas de estas acciones en su nuevo informe, y es parte de los compromisos asumidos por la Secretaria del Trabajo en la cita que abre este espacio, el pequeño detalle es que es una declaración de hace un año, precisamente en respuesta a las observaciones de la Auditoría, pero de 2019.

De esta manera, la gran interrogante sigue siendo si estos famosos controles son suficientes para frenar acciones que opacan el objetivo general del programa. Todo parece indicar que no lo han sido.

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Ocho detenidos por destrozos en Palacio de Gobierno de Michoacán

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La Fiscalía de Michoacán dio a conocer que ocho personas fueron detenidas por su implicación en los destrozos del Palacio de Gobierno de dicha entidad, que se encuentra en la ciudad de Morelia, después de las manifestaciones por el homicidio del alcalde Uruapan, Carlos Alberto Manzo Rodríguez.

A través de un comunicado de prensa, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), señala que inició Carpeta de Investigación por los daños ocasionados en Palacio de Gobierno y que derivaron en la detención de ocho personas que fueron puestas a disposición del Ministerio Público.

Durante la tarde del pasado domingo dos de noviembre, la Fiscalía Regional fue notificada sobre el ingreso de un grupo de personas a las instalaciones de Palacio de Gobierno, lugar donde, de acuerdo al reporte preliminar, causaron daños en 16 áreas, además de la puerta principal, por lo que se desplazó personal pericial a realizar las diligencias correspondientes.

De igual forma, con relación a estos hechos, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) puso a disposición del Ministerio Público a quienes fueron identificados como Mario Emmanuel “N”, Raúl “N”, Juan Carlos “N”, Pedro Rodrigo “N”, Mauricio “N”, Nidia Georgina “N”, Kitzia Jahari “N” y Alma “N”, por lo que en el término de ley se habrá de resolver su situación jurídica conforme a derecho.

Los quejosos ingresaron al Palacio de Gobierno de Michoacán para exigir justicia y seguridad para los habitantes de Uruapan, después del asesinato del alcalde de dicha demarcación, Carlos Manzo, ocurrido la noche del pasado sábado primero de noviembre de 2025.

Por lo menos unas 500 personas marcharon la tarde del domingo dos de noviembre por el centro de Morelia para exigir justicia por el homicidio que ha sacudido a la entidad.

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Pese al asesinato del alcalde de Uruapan, Sheinbaum descarta cambios en estrategia de seguridad

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Tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo condenó el crimen y aseguró que no habrá impunidad, pero dejó en claro que no se modificará la estrategia de seguridad nacional que impulsa su gobierno.

Durante la conferencia matutina, a la que asistieron el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo; el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch; y el comandante de la Guardia Nacional, Hernán Cortés, se ofrecieron detalles del caso y se reiteró el compromiso de mantener el actual modelo de trabajo enfocado en la prevención y la justicia.

Sheinbaum recordó que las políticas basadas en la llamada “guerra contra el narco” agravaron la crisis de violencia en el país y no ofrecieron resultados duraderos. En contraste, explicó que la estrategia vigente se sustenta en cuatro ejes fundamentales: atender las causas sociales de la inseguridad, fortalecer a la Guardia Nacional, impulsar la inteligencia e investigación, y mejorar la coordinación con policías locales y la Fiscalía General de la República.

La mandataria también criticó el uso político del asesinato de Manzo por parte de algunos opositores, a quienes acusó de actuar “como buitres” y de carecer de empatía hacia la familia del edil. Dijo que varios actores políticos aprovechan estos hechos para atacar al gobierno sin ofrecer propuestas reales.

Sheinbaum insistió en que el país no debe volver a las estrategias de mano dura ni a la violencia institucional. “No se puede combatir la violencia con más violencia. La justicia no solo se construye con castigo, sino con oportunidades y un sistema que elimine la impunidad dentro de la ley”, afirmó.

Finalmente, recordó que el propio alcalde de Uruapan había señalado la falta de oportunidades para los jóvenes, situación que su gobierno busca revertir. “Nuestro movimiento representa justicia social, porque no se trata de regresar al pasado, sino de garantizar derechos y construir un país más justo”.

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Mega marcha de transportistas este lunes del Edomex a la CDMX

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Será este lunes tres de noviembre cuando la Alianza de Autotransportistas Autónomos de la República Mexicana A.C. lleve a cabo una mega marcha rumbo al Zócalo de la Ciudad de México (CDMX).

Dicha organización exige la aparición con vida del transportista Fernando Galindo, originario de Jilotepec, Estado de México. “Exigimos la intervención inmediata del Gobierno Federal, Estatal y Municipal, así como de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, para dar con el paradero de nuestro compañero”.

“Ya no podemos seguir siendo víctimas de la impunidad”, señala la Alianza en un comunicado.

También piden que exista un alto a los delitos de extorsión y secuestro que están sufriendo todos los días a quienes pertenecen a dicho gremio del autotransporte.

Aclaran que la marcha partirá desde diferentes puntos a la capital de la República Mexicana, como por ejemplo en las alcaldías Gustavo A. Madero, Cuajimalpa y Miguel Hidalgo, como. por ejemplo:

Tepotzotlán

Jilotepec

Atlacomulco

Toluca

Lerma

Santiago Tianguistenco

Valle de Bravo

Naucalpan

Cuautitlán Izcalli

Coyotepec

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