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Otra vez; detectan difuntos entre Jóvenes en el programa Construyendo el Futuro

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La Auditoría Superior de la Federación (ASF) puso bajo la lupa nuevamente la operación de Jóvenes Construyendo el Futuro (JCF), el programa insignia de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), y ahora encontró irregularidades equivalentes a 28.1 millones de pesos.

Si bien es cierto que la cantidad observada dentro de la Cuenta Pública 2020 es mínima si se compara con el presupuesto de 24,628 millones de pesos ejercidos para este fin en el año revisado, no deja de llamar la atención las fallas persistentes en la supervisión, pues han sido señaladas en reiteradas ocasiones, tanto por la ASF como por diversas asociaciones civiles.

Jóvenes Construyendo el Futuro es un programa que tiene como fin vincular a personas de entre 18 y 29 años de edad que no estudian ni trabajan con centros laborales para su capacitación, con el fin de facilitar su empleabilidad en el futuro. A cambio les entrega una beca equivalente a un salario mínimo, que en el periodo revisado por la ASF fue de 3,748 pesos mensuales.

Hace un año la ASF ya había señalado varios de los problemas nuevamente detectados. Éstas son algunas de las irregularidades persistentes detectadas en la última entrega de la Cuenta Pública:

  • Se entregaron apoyos a 38 personas registradas como beneficiarias que fallecieron entre 2019 y 2020. El probable daño de esto equivale a 351,720 pesos.
  • Se benefició con el seguro médico del IMSS de 3 a 12 meses a 17,283 personas de las que no se demostró que estuvieran vinculadas a un centro laboral inscrito en el programa. El impacto de esto equivale a 3.2 millones de pesos.
  • Se le dio una beca a 1,315 personas que ya recibían apoyo de la SEP por estar inscritos en algún programa de educación superior, por lo que no cumplían con los requisitos para pertenecer a JCF. El posible daño de esta acción equivale a 19.6 millones de pesos.
  • Se le otorgaron pagos a 41 personas que al mismo tiempo de la capacitación estaban registrados como funcionarios públicos en el ISSSTE. El probable daño es de 153,400 pesos.
  • Se le otorgaron pagos a 71 personas que ya eran trabajadores de las empresas en las que se capacitaron y que estaban dados de alta en el IMSS. El impacto de esta acción es de 1 millón de pesos.
  • Se les pagó la beca a 252 beneficiarios que también estaban dados de alta en los centros de trabajo como tutores de los becarios. El posible daño de esta acción equivale a 2.2 millones de pesos.
  • Se les pagó la beca a 106 personas que estaban inscritas en el sistema como representantes de los centros laborales registrados para participar en el programa. El impacto de esta acción equivale a 1.5 millones de pesos.
  • En al menos 10,848 filiales de los centros de trabajo dados de alta no se respetaron los límites de becarios establecidos en las reglas de operación del programa, por lo que se solicitó a la STPS que inicie las investigaciones para definir las posibles sanciones administrativas para los funcionarios que no supervisaron esta falla.

Todas las irregularidades mencionadas anteriormente, señala la ASF, denotan deficiencias en los mecanismos de control en la validación de los requisitos, así como de la supervisión y actualización de la información de los beneficiarios, debido a que no se comprueba si éstos estudian o trabajan, antes de otorgarles el apoyo e impide verificar el cumplimiento del objetivo del programa.

Para ser justos, no se puede ignorar que la STPS ha reforzado los mecanismos de supervisión del programa después de los hallazgos presentados en años anteriores, la misma ASF reconoce algunas de estas acciones en su nuevo informe, y es parte de los compromisos asumidos por la Secretaria del Trabajo en la cita que abre este espacio, el pequeño detalle es que es una declaración de hace un año, precisamente en respuesta a las observaciones de la Auditoría, pero de 2019.

De esta manera, la gran interrogante sigue siendo si estos famosos controles son suficientes para frenar acciones que opacan el objetivo general del programa. Todo parece indicar que no lo han sido.

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Mineros agradecen a Sheinbaum por solucionar huelga de 18 años en Cananea

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En un evento especial organizado por la dirigencia de la sección 65 del Sindicato Nacional Minero, representantes de este organismo vocearon su agradecimiento a la presidenta Claudia Sheinbaum después de que solucionara la huelga en la minera de Cananea y exigiera justicia por sus trabajadores.

“Usted nos ha demostrado que la política puede ser un instrumento de sanación. Al cerrar este conflicto, no solo termina una huelga, se restaura la paz en los hogares de cientos de mineros que hoy, finalmente, pueden mirar el futuro con la frente en alto y la seguridad de que no fueron abandonados”, externaron.
De la misma forma, reconocieron la sensibilidad política de la mandataria y las cualidades humanistas de su gobierno, señalando que esto no solo fue cuestión de firmar un acuerdo, sino que represento el retorno de la dignidad que por años les había sido arrebatada, ya que se reconoció la importancia de su trabajo.

Cabe señalar que el acuerdo que mineros de Cananea lograron con la jefa el Ejecutivo se da tras casi 20 años de desempleo, hambruna y discriminación, ya que mineras extranjeras los boletinaban en “listas negras” para no darles empleo. De la misma forma, gobiernos anteriores usaron la fuerza para reprimirlos violentamente.

“Vimos a nuestros hijos crecer y, con profundo dolor, vimos a muchos de nuestros compañeros partir sin alcanzar a ver la luz de este día. Hoy, bajo su gestión, ese largo túnel de oscuridad llega a su fin. Esto es testimonio vivo de que la justicia, aunque tarde, llega cuando hay voluntad y corazón”, indicaron.

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Sheinbaum anuncia un billón de pesos para programas sociales en 2026

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La presidenta Claudia Sheinbaum informó que en 2026 el presupuesto destinado a los programas sociales alcanzará un billón de pesos, lo que representa un incremento significativo respecto a los 845 mil millones de pesos que actualmente se asignan a las acciones de Bienestar.

La mandataria explicó que este aumento responde a la ampliación de los programas existentes, la incorporación de dos nuevos apoyos sociales y la implementación del programa de salud Casa por Casa, con el que se busca fortalecer la atención directa a la población.

Destacó que estas medidas tienen como objetivo mejorar las condiciones de vida de las familias mexicanas.

Sheinbaum también subrayó que el aumento al salario mínimo previsto para 2026 tendrá un impacto positivo en el bienestar y la calidad de vida de las y los trabajadores.

Además, adelantó que su administración prepara una serie de acciones orientadas a facilitar el acceso al crédito para pequeños y medianos empresarios, como parte de una estrategia integral para impulsar la economía y el desarrollo social del país.

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Congreso de la CDMX pide a las alcaldías retirar 213,000 casetas telefónicas

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El Congreso de la CDMX solicitó a las autoridades federales, y de las diferentes alcaldías de la capital mexicana, retirar alrededor de 213,000 casetas telefónicas del espacio público, debido a que la mayoría de estas se encuentran en desuso ante la alza de personas que tienen celulares inteligentes.

Indicaron que gran parte de este mobiliario se comenzó a instalar en 1960, cuando era bastante común utilizar monedas para realizar llamadas telefónicas mientras se circulaba en la calle, pero con este avance tecnológico, el internet y los celulares, conforme han pasado los años estos teléfonos dejaron de usarse.
“A pesar de que la telefonía pública llegó a evolucionar el acceso a la comunicación, en la actualidad no se refleja un uso activo, no como respuesta a las demandas de las necesidades actuales de la población. Por ello, las cabinas telefónicas en la ciudad se encuentran en situación inoperable”, destacó el Congreso.

Legisladores también señalaron que muchas de estas cabinas se encuentran en un estado bastante deplorable, estando vandalizadas y abandonadas, lo que ha generado problemas como la obstrucción del espacio público, contaminación visual, imagen urbana deteriorada y afectaciones a la accesibilidad.

“Muchas de estas cabinas son utilizadas como basureros improvisados, lo que en consecuencia generan malos olores y condiciones insalubres, y la contaminación material que se genera con el desgaste de los componentes con que están elaboradas las cabinas, como plásticos y metales”, puntualizaron.

Para finalizar pidieron a las administraciones de las 16 alcaldías capitalinas que, en el ámbito de sus atribuciones, realicen censos exhaustivos de los certificados, permisos o autorizaciones vinculados a la infraestructura activa y pasiva de las casetas telefónicas que se encuentran ubicadas en sus demarcaciones.

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