Con la finalidad de visibilizar conductas de hostigamiento que suelen preceder a delitos graves contra las mujeres, el Poder Legislativo del Estado de Puebla fue sede de un foro de análisis y concientización titulado «Hablemos de acecho».

El evento reunió a legisladores, especialistas en derecho penal, activistas sociales y representantes de organizaciones civiles, quienes debatieron sobre la urgencia de tipificar y sancionar adecuadamente estas prácticas en la legislación local.

Durante las ponencias, los expertos explicaron que el acecho —entendido como el seguimiento obsesivo, vigilancia constante o acoso digital no consentido— genera un profundo impacto psicológico y pone en riesgo latente la vida de las víctimas.

Las legisladoras impulsoras del foro destacaron que muchas veces las agresiones físicas o feminicidios inician con conductas sutiles de hostigamiento que son minimizadas por el sistema de procuración de justicia tradicional.

Como resultado de las mesas de trabajo, se recabaron propuestas ciudadanas y técnicas que serán integradas en futuras iniciativas de reforma al Código Penal del Estado, buscando brindar herramientas de protección más eficaces.

Finalmente, las autoridades parlamentarias reiteraron su compromiso de mantener las puertas abiertas a este tipo de ejercicios plurales para construir un marco legal que garantice entornos libres de violencia para las poblanas.

A pesar de los recientes anuncios sobre la ampliación histórica de matriculas en las instituciones públicas del estado, la Universidad de la Salud del Estado de Puebla (USEP) enfrentó un escenario de alta saturación durante su proceso de admisión.

Informes oficiales revelaron que la institución tuvo que rechazar aproximadamente al 34 por ciento de los jóvenes que solicitaron un espacio educativo para cursar alguna de sus carreras en el periodo escolar 2026-2027, debido a la capacidad física de las aulas.

La cifra refleja la intensa competencia que existe actualmente entre los jóvenes poblanos y de estados vecinos por ingresar a las licenciaturas vinculadas con el sector médico, áreas que registraron un repunte masivo en el interés vocacional.

Ante este panorama de exclusión parcial, las autoridades universitarias reiteraron que se han implementado mecanismos de reubicación y opciones de corrimiento para captar al mayor número posible de alumnos en sedes alternas y regionales.

Especialistas en política educativa señalaron que, si bien el incremento en la oferta de espacios es significativo, aún existen retos considerables en materia presupuestal y de infraestructura para lograr la cobertura total de la demanda.

No obstante, la comunidad académica confía en que los futuros planes de expansión gubernamental permitan absorber paulatinamente a este sector de estudiantes que se quedó fuera en la primera convocatoria oficial.

Las autoridades estatales informaron que avanzan de manera sostenida los trabajos de revisión financiera y administrativa aplicados al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP).

El proceso de fiscalización, cuyo dictamen final se prevé esté concluido para el próximo mes de octubre, contempla una revisión exhaustiva de los contratos celebrados con proveedores, así como el análisis detallado del régimen de pensiones y jubilaciones.

El objetivo principal de esta auditoría es detectar posibles irregularidades heredadas de administraciones pasadas, optimizar el uso de los recursos públicos y garantizar la viabilidad financiera a largo plazo de la institución de salud.

Funcionarios encargados del proceso señalaron que se han examinado minuciosamente los expedientes de compras consolidadas, servicios subrogados y el estado que guardan las reservas técnicas destinadas al pago de las prestaciones laborales.

Asimismo, se indicó que en caso de encontrarse anomalías graves o desviaciones de recursos, se procederá conforme a la normatividad vigente para fincar las responsabilidades administrativas o penales que correspondan a los implicados.

Con estas acciones de transparencia, el gobierno estatal busca sanear las finanzas del organismo y asegurar un servicio médico digno y de calidad para los miles de derechohabientes que dependen del sistema de seguridad social.