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Ya van 10 policías municipales asesinados durante 2022

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El excomandante de la Policía Municipal de Tulcingo del Valle, Maurilio N, quien fue asesinado y desmembrado el domingo pasado, se convirtió en el décimo gendarme y el cuarto mando municipal que es asesinado en Puebla durante el trienio actual.

Durante la noche del domingo fue asesinado el hombre a cargo del combate al crimen en Tulcingo de Valle. Su cuerpo fue abandonado en pedazos al interior de un par de bolsas negras, junto a una cartulina que informaba sobre la persona responsable de ese hecho: una persona que se identificó como «El Señor del Taco».

Este hallazgo se hizo momentos después de que Maurilio N fue expuesto en un video difundido en redes sociales, en el que aparentemente es obligado a confesar su presunta responsabilidad en el asesinato de cuatro personas, ocurrido el pasado 14 de noviembre.
De acuerdo con el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, el exagente y comandante de las fuerzas municipales desempeñaba el cargo más alto de la corporación, aun sin contar con los exámenes de control y confianza obligatorios para acreditar su lealtad de servicio y responsabilidad con el cumplimiento de la ley.

No obstante, el asesinato de mandos policiales presuntamente vinculados con actos delictivos no es un caso aislado. A inicios del mes en curso, un grupo armado, presuntamente dedicado al robo de hidrocarburos en la Sierra Norte, emboscó a policías municipales y estatales en el municipio de Chignahuapan.

Producto de este acto, fueron acribillados Juan Carlos N, exdirector de operaciones de esa corporación, así como la uniformada Claudia N. En el caso del agente, según expusieron policías a esta casa editorial, sus antecedentes estaban cubiertos de señalamientos por prepotencia y hasta corrupción.

Además, autoridades estatales dieron a conocer que el expolicía contaba con una orden de aprehensión en su contra, esto luego de que un juez encontró pruebas suficientes para vincularlo a proceso por el delito de homicidio. Su presunta víctima fue un albañil de 33 años quien murió a causa de traumatismo causado por lesiones físicas, supuestamente propinadas por Juan Carlos N.

Ahora bien, otro comandante policial que fue acribillado pero que, hasta el momento, no ha sido vinculado oficialmente con algún grupo delictivo fue Héctor García, ex director de Seguridad Pública de Acatlán de Osorio.

La noche del pasado 21 de abril, el agente viajaba junto con su esposa y sus tres hijos en una camioneta sobre la carretera Palomas-Tlapa Guerrero, sin embargo, un grupo armado emboscó al vehículo y asesinó al ex gendarme y a su pareja, lesionando también a los tres menores de edad que quedaron huérfanos.

En este caso sólo fue detenido el alcalde Arturo N, sin embargo, a decir de Barbosa Huerta, su aprehensión no tuvo nada que ver con la muerte del ex titular de seguridad pública, esto pese a que el ocurrió días después de que el mandatario anunció “una limpia” en el municipio de Acatlán de Osorio.

Por su parte, un mes después, en Francisco Z. Mena fue asesinado el comandante de la policía municipal, Felipe Hernández, lo cual provocó que la corporación quedara acéfala. En este caso tampoco se comprobó una relación entre el funcionario y delincuentes.

Los otros cinco policías asesinados brindaron su servicio en los municipios de Tepeaca, Tecamachalco, Tehuacán, Pantepec.

Autoridades estatales y federales, al frente de la seguridad en Tulcingo
Tras lo ocurrido en Tulcingo del Valle, el gobierno de Puebla confirmó que la Policía Estatal y la Guardia Nacional (GN) asumieron el control del mando de protección ciudadana en ese municipio, esto luego de que, tras lo ocurrido, una veintena de uniformados renunció a sus labores.

A propósito de este hecho, Barbosa Huerta criticó ayer en conferencia de prensa que Maurilio N no haya acreditado sus pruebas de control y confianza. Por ello, señaló que los ayuntamientos tienen la responsabilidad de preservar el rigor en la contratación de servidores públicos.

Refirió que ordenó a la Consejería Jurídica del gobierno estatal elaborar una iniciativa de reforma a las leyes orgánicas municipales que dictan los lineamientos para contratar al personal a cargo de la seguridad pública. Esta modificación obligaría a los ayuntamientos a verificar que en las filas de sus corporaciones policiales no existan perfiles vinculados al crimen o relacionados con prácticas irregulares.

Desaparecerá SSP agrupación de operaciones especiales
En otro orden de ideas, el titular del Ejecutivo local adelantó que su administración perfila la desaparición de la Unidad Mixta de Reacción (UMIR), un brazo articulado de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) para atender tareas de inteligencia, esto debido a que entre sus filas atravesaron personajes asociados a la ilicitud.

“Vamos a desaparecer (…) del reglamento interior de la SSP a una dependencia dentro de la Policía Estatal que se llama UMIR. Ésta fue creada por el ex titular de la secretaría, Rogelio López Maya, pero ubicaba en ese lugar aún exservidor público muy oscuro de apellido Gamboa”, subrayó.

El funcionario al que hizo alusión el mandatario fue Saúl Gamboa Condado, quien se desempeñaba como agente de mando en dicha corporación y sobre quien pesan diversos señalamientos de corrupción por parte de otros elementos policiacos.

Asimismo, Barbosa Huerta apuntó que otros integrantes de la UMIR incurrieron en actos delictivos, por lo cual consideró que la creación de esa agrupación fue un acto lamentable para la SSP.

“Se alojó a muchos policías que, finalmente, han sido identificados de prácticas ilegales. Le he pedido al consejero jurídico me haga esa reforma para desaparecer esa llamada UMIR, de lamentable paso por la seguridad pública del estado”, sostuvo.

Finalmente, cabe recordar que, de acuerdo con reportes periodísticos, integrantes de ese grupo de mando han abanderado señalamientos por irregularidades desde su creación hasta la fecha. Entre las prácticas más comunes figuran actos de secuestro, extorsión e implantación de pruebas fehacientes, entre otros.

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Congreso de Puebla aprueba el «Plan B»: El Cabildo de la capital y ayuntamientos tendrán menos regidores

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Puebla, Pue. — En una sesión extraordinaria de la LXII Legislatura, el Congreso del Estado de Puebla aprobó por mayoría la homologación de la legislación local con la reforma electoral federal —conocida como el «Plan B»— impulsada a nivel nacional. Con esta modificación, la estructura de los cabildos en los 217 municipios del estado se ajustará formalmente al tamaño poblacional reportado por el INEGI.

La medida modifica diversas disposiciones de la Ley Orgánica Municipal y del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla (COIPEP), estableciendo un límite máximo de 15 regidurías por ayuntamiento en todo el territorio estatal.

¿Cómo queda conformado el Cabildo de Puebla capital?
El impacto más notable de esta nueva normativa recae sobre el municipio de Puebla (la Angelópolis), que actualmente operaba con una plantilla robusta de regidores. Tras la aprobación del dictamen, el cuerpo edilicio de la capital sufrirá un recorte drástico:

De 23 a 15 integrantes totales: El Cabildo pasará de tener 23 figuras a un máximo de 15.

Nueva distribución: Estará integrado por una presidencia municipal, una sindicatura, 11 regidurías de mayoría relativa y hasta 4 regidurías de representación proporcional.

Esto representa una disminución directa de ocho regidurías en el gobierno de la ciudad.

Nueva integración de Cabildos según la población
El decreto avalado por los diputados locales establece rangos poblacionales basados en el Censo de Población y Vivienda del INEGI para definir la cantidad exacta de regidores en el resto de los municipios poblanos:

Más de 90 mil habitantes: Una presidencia municipal, una sindicatura, 8 regidurías de mayoría y hasta 4 de representación proporcional.

De 60 mil a 90 mil habitantes: Una presidencia municipal, una sindicatura, 8 regidurías de mayoría y hasta 3 de representación proporcional.

Menos de 60 mil habitantes: Una presidencia municipal, una sindicatura, 6 regidurías de mayoría y hasta 2 de representación proporcional.

Austeridad y argumentos del Pleno
Durante la discusión en el Pleno, los legisladores señalaron que esta armonización busca generar esquemas de mayor austeridad gubernamental, optimizar el uso de los recursos públicos en las administraciones municipales y transparentar el ejercicio de la representación ciudadana apegándose a los lineamientos federales de contención del gasto corriente.

El dictamen fue aprobado con 26 votos a favor, turnándose a los trámites subsecuentes para su publicación oficial y entrada en vigor de cara a los próximos procesos de organización administrativa en la entidad.

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Puebla se mantiene entre las ciudades con mayor percepción de inseguridad en el país: INEGI

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El 81.3% de la población de 18 años y más que habita en la capital poblana considera que vivir en su ciudad es inseguro, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Con este porcentaje registrado en junio de, la Angelópolis se coloca nuevamente en las posiciones más altas a nivel nacional, superando ampliamente el promedio general del país, que se ubicó en el 59.8% entre las 91 áreas urbanas evaluadas.

Sin cambios significativos frente a mediciones previas

El estudio estadístico muestra que la cifra se mantiene prácticamente estática en comparación con el trimestre anterior (marzo), cuando alcanzó el 81.5%. Del mismo modo, al contrastarlo con el mismo periodo del año previo (junio de 2025, cuando reportó 84%), el INEGI determinó que las variaciones no son estadísticamente significativas, evidenciando que el sentimiento de vulnerabilidad de los poblanos se mantiene en una meseta alta.

A nivel nacional, la percepción de inseguridad se concentró en ciudades como Irapuato (Guanajuato), Culiacán (Sinaloa) y Reynosa (Tamaulipas), mientras que Puebla se encuentra en los peldaños críticos junto a demarcaciones como Chilpancingo y Cuernavaca.

¿Dónde se sienten más inseguros los poblanos?

La ENSU detalla cuáles son los espacios físicos y situaciones urbanas donde la ciudadanía experimenta mayor temor al realizar sus actividades cotidianas:

  • Cajeros automáticos en la vía pública.
  • Calles habitualmente transitadas.
  • Transporte público.
  • Carreteras de la región.

Asimismo, el informe destaca que durante el segundo trimestre del año, el 51% de los habitantes de la capital reportó haber tenido algún tipo de conflicto o enfrentamiento directo con vecinos, familiares, compañeros de trabajo o autoridades, reflejando tensiones latentes en el tejido social de la ciudad.

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Exigen auditoría forense y castigo a Eduardo Rivera Pérez por irregularidades en la Avenida Juárez

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El exalcalde de la capital poblana y militante del Partido Acción Nacional (PAN), Eduardo Rivera Pérez, deberá enfrentar un nuevo proceso de fiscalización ante las instancias correspondientes tras los señalamientos por el manejo de recursos públicos durante su gestión municipal.

La solicitud fue formalizada por la diputada federal Nora Merino Escamilla, quien exigió de manera directa que se investigue y se castigue la presunta corrupción vinculada a la obra de rehabilitación de la Avenida Juárez, un proyecto insignia de su administración que presentó severas anomalías financieras y técnicas.

Piden una «auditoría forense» por 55.7 millones de pesos

El núcleo de la denuncia se centra en la millonaria obra de remodelación de la Avenida Juárez, la cual tuvo un costo total de 55.7 millones de pesos.

De acuerdo con los señalamientos de la legisladora, dicha obra acumuló múltiples irregularidades que no pueden quedar impunes, por lo que urgió a la intervención formal

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