Puebla es el segundo estado a nivel nacional con más cierres de accesos ilegales, solo detrás de Tabasco.

Las obras incluyen la colocación de muros, defensas metálicas y zanjas en tramos administrados por Capufe.

La SICT despliega un plan nacional de seguridad vehicular con inversión de 360 millones de pesos.

PUEBLA, Pue. — De enero a julio de 2026, las autoridades federales clausuraron 108 accesos irregulares en las autopistas administradas por Caminos y Puentes Federales (Capufe) dentro del estado de Puebla, además de concretar la instalación de dos arcos carreteros inteligentes en la autopista México-Puebla, confirmó la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

Durante la conferencia matutina del Gobierno de México, el titular de la SICT, Jesús Antonio Esteva, detalló que estas acciones forman parte de un plan integral de seguridad vehicular acordado con el Gabinete de Seguridad, el cual se desarrolla en coordinación con la Guardia Nacional y las policías estatales.

Lucha contra las entradas ilegales en carreteras

Los accesos irregulares —puntos donde vehículos ingresan o salen de la vía federal sin autorización ni control de seguridad— representaron 806 clausuras en todo el país durante los primeros siete meses del año.

Puebla se posicionó como la segunda entidad con mayor incidencia, siendo únicamente superada por Tabasco (233) y colocándose muy por encima de estados como Sonora (84) y Querétaro (78).

Para inhabilitar estas incorporaciones no autorizadas, las brigadas delimitan el derecho de vía mediante la colocación de muros de concreto prefabricados, instalación de barreras y defensas metálicas, construcción de muros de mampostería y apertura de zanjas de inhabilitación.

Arcos inteligentes y tecnología de rastreo

Como parte de la misma estrategia, la SICT avanza en la colocación de 20 arcos carreteros inteligentes a nivel nacional, con una inversión total de 360 millones de pesos.

De los cuatro dispositivos que ya operan en el país, dos se ubican en territorio poblano, específicamente sobre la autopista México-Puebla.

Estos arcos están enlazados a los centros de comando y control (C4) y operan mediante tecnología de última generación para: Lectura de placas: Identificación en tiempo real de matrículas e interconexión con bases de datos de seguridad. Telemetría y velocidad: Detección automática de excesos de velocidad y clasificación vehicular.

Control de carga: Monitoreo de exceso de dimensiones en unidades pesadas.

Autonomía: Antenas de telepeaje e infraestructura impulsada por sistemas fotovoltaicos.

La dependencia prevé concluir en diciembre la instalación del resto de los dispositivos proyectados para tramos estratégicos como Puebla-Córdoba, Querétaro-Irapuato y Aguascalientes-Zacatecas.

Red de Paraderos Seguros para el transporte de carga

Para complementar el blindaje de las vías de comunicación, el proyecto incluye la edificación de 15 Paraderos Seguros para el autotransporte federal, distribuidos en puntos críticos del país como los libramientos de Hermosillo, Chihuahua, Ciudad Obregón y la autopista México-Querétaro.Estos espacios cerrados contarán con control de acceso, vigilancia perimetral, zonas de descanso y esparcimiento, áreas médicas y áreas de alimentación para los operadores de carga.

El Gobierno del Estado aclara alcances de la nueva regulación de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

El coordinador de Gabinete, José Luis García Parra llamó a participar en la consulta pública para construir los lineamientos de la ley hasta el 21 de agosto.

PUEBLA, Pue.- Los derechos de las audiencias garantizan a las y los usuarios de radio y televisión el acceso a contenidos de calidad, información veraz, oportuna y objetiva, sin limitar la libertad de expresión, afirmó el coordinador de Gabinete, José Luis García Parra, durante la segunda emisión de Derecho de Réplica, espacio semanal que se transmite por el Sistema de Información y Comunicación del Estado de Puebla (SICOM).

Afirmó que los derechos de las audiencias comprenden las garantías que tienen las personas frente a los concesionarios de medios de comunicación, mientras que el derecho de réplica permite a toda persona física o moral aclarar o corregir información falsa, inexacta o que le cause algún perjuicio.

Ambos conceptos tienen sustento en el artículo sexto constitucional y cuentan con antecedentes en la Reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión de 2014.

García Parra señaló que, en 2017, una propuesta de contrarreforma buscó eliminar derechos y mecanismos de cumplimiento, incluso con intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que encabezaba la entonces ministra Norma Lucía Piña Hernández.

En contraste, expuso que la nueva legislación en materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, impulsada en 2025 por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, recupera y fortalece los derechos de las audiencias y establece un plazo de un año para la emisión de los lineamientos por parte de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT).

Ante la narrativa de una supuesta “Ley Censura”, el coordinador de Gabinete puntualizó que no existe una disposición para cerrar estaciones por emitir opiniones contrarias al Gobierno.

Las sanciones previstas se relacionan con tres supuestos: incumplir el código de ética, no informar quién es el defensor de las audiencias y no atender las quejas de las personas usuarias.

Precisó que los lineamientos no aplican a redes sociales ni a la prensa escrita, sino a radio y televisión. Tampoco prohíben las opiniones de conductoras, conductores o comentaristas; únicamente establecen la necesidad de distinguir entre información confirmada y opiniones, con el propósito de evitar que datos falsos se presenten como hechos.

Entre los derechos que contempla el nuevo marco se encuentran recibir información veraz, oportuna y objetiva; acceder a contenidos que respeten los derechos humanos; conocer el código de ética de cada estación de radio y televisión; y contar con una persona defensora de las audiencias ante quien puedan presentarse quejas.

García Parra señaló que estas medidas tienen referentes internacionales: en la Unión Europea existen reglas para distinguir la publicidad del contenido editorial; Argentina cuenta con una Defensoría del Público; Brasil reconoce el derecho de respuesta, y Canadá establece una separación clara entre opinión editorial e información noticiosa.

“Informar con veracidad no es prohibir opiniones: es evitar que un video o dato falso se difunda como si fuera confirmado”, explicó García Parra, al señalar que en la última semana la narrativa que acusa al Gobierno de la Cuarta Transformación de promover una supuesta “Ley Censura” registró mil 107 menciones, 610 autores distintos y un alcance de 954 mil reacciones.

El coordinador de Gabinete recordó que en 2012, durante un gobierno estatal emanado del PAN, se promovió en Puebla un decreto conocido como “Ley Mordaza”, que facultaba a la Dirección de Comunicación Social para presentar recursos legales contra periodistas a nombre del Ejecutivo.

En ese periodo, dijo, se presentaron dos denuncias contra reporteros, además de que terceros implicados podían promover denuncias, hechos que calificó como un antecedente de censura y presión contra el periodismo y los medios de comunicación.

García Parra destacó que la construcción de los lineamientos permanece abierta a la participación ciudadana mediante una consulta pública hasta el 21 de agosto a las 23:59 horas, por lo que invitó a periodistas, medios de comunicación, especialistas y sociedad en general a conocer la propuesta y aportar sus opiniones a través del portal oficial de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones.

Finalmente, subrayó que como parte de esta nueva etapa, el SICOM ha transformado su operación como organismo público descentralizado, no sólo para ampliar su cobertura, sino para fortalecer la atención directa a la población mediante sus oficinas en las microrregiones.

Actualmente, se encuentra entre los diez medios más vistos y escuchados. La siguiente fase contempla definir a su defensor de las audiencias, elaborar una propuesta a través de la plataforma del Gobierno Federal para contribuir a la construcción de los lineamientos y promover, desde sus estaciones y sedes regionales, la consulta pública, a fin de que las audiencias conozcan el proceso y participen con sus aportaciones.

En el ámbito de la rendición de cuentas y la gestión gubernamental, las instancias de fiscalización del estado han puesto bajo la lupa diversas obras emblemáticas heredadas de administraciones pasadas. Organismos encargados del combate a la corrupción informaron sobre el inicio de indagatorias exhaustivas enfocadas en detectar presuntos sobrecostos, irregularidades financieras y anomalías contractuales relacionadas con la construcción y operación del Museo Internacional del Barroco, así como en otros proyectos de infraestructura mayor ejecutados en el estado de Puebla. Estas acciones legales y auditorías pretenden esclarecer el uso del erario y determinar responsabilidades administrativas si fuera el caso.

En contraste con las controversias financieras del pasado, la administración municipal encabezada por el alcalde Pepe Chedraui ha mantenido una agenda enfocada en el fortalecimiento del tejido social y el apoyo a los sectores más vulnerables de la capital poblana. Recientemente, el Ayuntamiento llevó a cabo la entrega formal de los donativos económicos recaudados durante la segunda edición de la carrera deportiva denominada «Mujeres Imparables».

Los recursos obtenidos gracias a la participación ciudadana fueron canalizados directamente hacia asociaciones y programas de asistencia social, consolidando la colaboración entre el gobierno local y la sociedad civil en beneficio de la comunidad.