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Militares comprometen seguridad del Ejército

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La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) contabilizó mil 643 militares que comprometieron la seguridad y la imagen del Ejército entre 2019 y 2020: filtraron documentos, vendieron armas y vestuario, se involucraron en robos y extorsiones, compraron o vendieron drogas, o bien están vinculados a la delincuencia organizada, entre otros.

Los casos que se exponen corresponden a los informes que presentaron diversas secciones del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicana tras aplicar medidas de contrainteligencia, otros provienen de evidencias localizadas en medios de comunicación, redes sociales y a través de denuncias anónimas.
El documento fue creado por el Sistema de Inteligencia Militar como parte de la evaluación bianual 2019-2020 y muestra las estadísticas de casos en los que se han vulnerado las medidas de contrainteligencia, “afectando la seguridad en las operaciones, la información, la documentación y la integridad física del personal militar”, según consta en los registros de correo electrónico filtrados por el grupo Guacamaya.
El informe enviado el 20 de abril de 2021 da cuenta de que la mayoría de las faltas fueron cometidas por la tropa (mil 500), aunque hay registro de la participación de 60 oficiales, 30 jefes y tres generales.

De las 13 categorías analizadas por el Sistema de Inteligencia Militar destaca el caso de 34 integrantes del Ejército, a quienes presuntos integrantes de la delincuencia organizada intentaron cooptar. De éstos, se comprobó que sólo en dos casos se consolidó esta cooptación, en el resto se considera que las medidas preventivas adoptadas por los mandos fueron adecuadas, aunque “no se descarta que existan casos donde la delincuencia organizada sí haya logrado su objetivo”.

Se ubicaron 78 casos de filtraciones de documentos oficiales, principalmente a través de Facebook, Twitter y mensajería instantánea.
La Sedena destaca que algunas de éstas fueron difundidas por usuarios con un alto número de seguidores.

También señala que integrantes de la delincuencia organizada utilizan las redes sociales para difundir información que afecta la imagen del Ejército.

“A pesar de la disminución de eventos [se redujo 18.6% de 2019 a 2020], éste es uno de los rubros que persiste entre el personal militar y en el que se requieren mayores esfuerzos, debido a las consecuencias que resultan tanto a nivel institucional como personal”, se lee en el documento.

La Inteligencia Militar detectó un incremento en la extracción y venta de armamento. En 2019 ubicó tres casos y en 2020, ocho. El 18.2% de estos casos se dieron en la VII Región Militar de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
“Los eventos antes descritos exponen una falta de supervisión y aplicación de las medidas de seguridad física y procedimientos de contrainteligencia en la materia, lo que permite que se materialicen extracciones de armamento no autorizadas para su posterior comercio”, se explica en el informe.

Lo mismo ocurre con la venta de uniformes y equipo que produce su comercialización en redes sociales, mercados informales, o bien, por parte de personal militar, “mismo que puede ser utilizado por la delincuencia organizada para realizar sus actividades ilícitas”.

El análisis comparativo de 2019 y 2020 muestra una disminución de la incidencia: pasó de mil 51 casos el primer año, a 592 en 2020, lo que representa una disminución general de 43.68%.

Según el informe, esto es propiciado “fundamentalmente” por el surgimiento de la pandemia de Covid-19 que “limitó algunas actividades del personal militar que verifica las medidas de contrainteligencia, así como de los responsables de aplicarlas”.

También enfatiza la efectividad de las medidas adoptadas por la Sedena como correctivos disciplinarios, consejos de honor, cambio de adscripción, entre otros.

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Rectora de la BUAP advierte sobre el peligro de bacterias emergentes en la salud pública

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Durante su participación en el Segundo Congreso Internacional de Microbiología Veterinaria, organizado por la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), la rectora Lilia Cedillo Ramírez emitió una alerta sobre la propagación de bacterias emergentes que representan un desafío significativo para la salud pública actual.

Ante la comunidad académica y estudiantil reunida en Ciudad Universitaria, la doctora explicó que patógenos como Chlamydia, Bartonella y Rickettsia se consideran enfermedades emergentes debido a su nueva evolución o reciente aparición masiva en las poblaciones. Detalló que estos grupos bacterianos suelen transmitirse de manera común a través de la picadura de vectores específicos como pulgas y garrapatas tanto en entornos rurales como urbanos.

Asimismo, la rectora de la máxima casa de estudios exhortó a la ciudadanía a extremar precauciones en el cuidado de los animales de compañía, tales como perros, gatos y aves, recomendando visitas periódicas al médico veterinario, esquemas completos de desparasitación y vacunación, así como mantener óptimas condiciones de higiene en los espacios de convivencia doméstica.

En su conferencia magistral titulada “Infecciones emergentes en animales domésticos”, Cedillo Ramírez puntualizó que los síntomas iniciales de estas infecciones en humanos y animales pueden incluir desde manchas cutáneas, conjuntivitis y moretones, hasta trastornos digestivos, pérdida de peso, complicaciones neurológicas y alteraciones cardiacas. Finalmente, recalcó que el tratamiento más efectivo consiste en la aplicación oportuna de antibióticos bajo supervisión médica especializada.

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Ayuntamiento de Puebla proyecta Ley de Ingresos por 8 mil 161 millones de pesos para 2027

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En sesión ordinaria, el Cabildo de Puebla aprobó la iniciativa de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2027, la cual contempla recursos totales por ocho mil 161 millones de pesos, lo que representa un incremento del nueve por ciento en comparación con el periodo actual. El dictamen será turnado a la LXII Legislatura del Congreso del Estado para su análisis y votación definitiva.

Durante la discusión, el regidor Leobardo Rodríguez Juárez explicó que la propuesta financiera busca salvaguardar la economía de las familias poblanas y, de manera simultánea, asegurar que la administración municipal cuente con la capacidad necesaria para brindar servicios públicos eficientes. Asimismo, el funcionario aclaró que no se prevé la creación de nuevos impuestos, sino únicamente una actualización general del 4.5 por ciento en cuotas y tarifas.

En cuanto a la procedencia de los recursos, se detalló que el 32 por ciento corresponderá a la recaudación fiscal directa del municipio, con una estimación de dos mil 608 millones de pesos, lo que significa un aumento del 32 por ciento en la recaudación propia respecto al año anterior. Por otro lado, el 68 por ciento restante provendrá de participaciones y aportaciones federales, destacando los fondos asignados mediante el Ramo 28 y los rubros de aportaciones como el Faismun y el Fortamun.

La administración municipal también ratificó que se mantendrán vigentes los programas de apoyo y descuentos en el pago del impuesto predial destinados a grupos vulnerables, tales como adultos mayores, personas con discapacidad, pensionados, viudas, y madres o padres solteros. Con estas medidas, se espera alcanzar una recaudación estimada de mil 39 millones de pesos conjuntamente por el predial y el servicio de limpia durante el año fiscal 2027.

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Liberan a Alejandro Rocha Laureano, ex agente ministerial vinculado al caso de la periodista Lydia Cacho

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Alejandro Rocha Laureano, ex agente ministerial implicado en la tortura de la periodista Lydia Cacho en el año 2005, obtuvo su libertad tras permanecer recluido cerca de ocho años en Cancún, Quintana Roo. La liberación se originó después de que un juez determinara que la pena impuesta de cinco y medio años se había cumplido en exceso.

Los hechos por los cuales fue procesado se remontan a diciembre de 2018, fecha en la que un juez le dictó auto de formal prisión por su probable responsabilidad en el delito de tortura. La aprehensión inicial ocurrió en la ciudad de Puebla mientras laboraba activamente dentro de la entonces Fiscalía General del Estado, en cumplimiento de una orden girada por tribunales quintanarroenses.

La agresión contra Lydia Cacho se desató tras la publicación de su libro Los Demonios del Edén en 2004, en el cual documentó una red de pederastia en la que figuraban personajes políticos y empresariales. Tras una demanda por difamación interpuesta por el empresario Kamel Nacif, la comunicadora fue detenida en Cancún y trasladada por carretera hacia Puebla, trayecto en el que sufrió agresiones físicas y psicológicas.

El caso cobró relevancia nacional e internacional tras la filtración de grabaciones que evidenciaban la colusión entre Kamel Nacif y el entonces gobernador de Puebla, Mario Marín Torres, para detener y hostilizar a la periodista. Años más tarde, en 2021, Mario Marín fue detenido y actualmente permanece internado en el penal de máxima seguridad de El Altiplano.

Con la liberación de Alejandro Rocha Laureano tras purgar su condena, se reaviva el debate sobre la impartición de justicia en este emblemático caso de violación a la libertad de expresión. Mientras tanto, otros actores clave de aquella red continúan enfrentando procesos legales o se mantienen evadiendo la acción de la justicia mexicana.

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