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Policías y funcionarios públicos, los que más violan los Derechos Humanos

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Desde enero de 2021 y hasta agosto de 2022, los ciudadanos han emitido poco más de medio centenar de denuncias en contra de policías y funcionarios municipales, agentes ministeriales, así como de personal médico por cometer actos presuntamente violatorios de derechos humanos, siendo los más señalados a nivel local.

En 2021, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH Puebla) abrió 40 expedientes de queja por vulnerar los derechos humanos de los ciudadanos. Un año después—de enero a agosto— el órgano encargado de garantizar los derechos humanos en Puebla emitió 15 recomendaciones a diversas autoridades.

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Aunque los presidentes municipales y titulares de dependencias estatales son quienes reciben la recomendación, en realidad solo son el enlace con los agresores, pues deben de instruir al personal adscrito a su gobierno de implementar las sugerencias que la Comisión emite. En este sentido, son los policías, así como personal de tránsito municipal, regidores de ayuntamientos, médicos e incluso trabajadores dentro de cárceles poblanas los que vulneran con mayor frecuencia los derechos humanos, debido a que se encuentran entre las autoridades más cercanas a la población.

Entre las violaciones de derechos humanos figura la vulneración a la seguridad jurídica, acceso al agua potable, trato digno e integridad, así como a la educación, a la vida, la salud, acceso a la verdad, la cultura, así como una vida libre de violencia obstétrica.

Un análisis de los datos de la CDH realizado por El Sol de Puebla muestra que la violación a la seguridad jurídica fue la que más se repitió por parte de los agresores. La Comisión de Derechos Humanos describe este derecho como la “prerrogativa que tiene todo ser humano a vivir dentro de un Estado de Derecho, bajo la vigencia de un sistema jurídico normativo coherente y permanente, dotado de certeza y estabilidad; que defina los límites del poder público frente a los titulares de los derechos subjetivos, garantizado por el poder del Estado, en sus diferentes esferas de ejercicio”.

Entre los hechos violatorios destaca el omitir brindar asesoría jurídica e información sobre el desarrollo del procedimiento, no proporcionar protección y auxilio, negar la recepción o negar trámite de una denuncia, dilación en el procedimiento administrativo, prestar indebidamente el servicio público, así como en materia de seguridad pública, regularización de la tierra, entre otros.

Tal es el caso de la recomendación 38/2021 dirigida al Ayuntamiento de San Martín Texmelucan y al secretario de Seguridad Pública del Gobierno de Puebla, por vulnerar este derecho.

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En el documento púbico se expone que cuatro personas al salir de un restaurante-bar fueron detenidos por elementos pertenecientes a la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de dicha demarcación territorial y elementos emplearon fuerza pública de manera arbitraria; posteriormente fueron trasladados a las instalaciones de la dependencia sin ningún procedimiento administrativo ni puestos a disposición de autoridad. Al tiempo que tampoco se les realizó ninguna valoración médica ni les dieron a conocer sus derechos.

En este sentido, la CDH instruyó otorgar la reparación del daño a los agraviados, así como una disculpa pública e instruir al personal del ayuntamiento para que desempeñen sus funciones bajo el Orden Jurídico Mexicano, así como los Tratados Internacionales y también solicitó capacitación a los servidores públicos de su gobierno.

De las 15 recomendaciones emitidas en lo que va de este 2022, cinco en contra del titular de la Secretaría de Salud, José Antonio Martínez García. La primera de ellas con fecha 21 de enero por vulnerar el derecho humano a la protección a la salud y a una vida libre de violencia obstétrica.

La recomendación se desprende con motivo de una nota periodística de El Sol de Puebla, publicada en agosto de 2020, en la que pone en evidencia un caso de negligencia médica en el Hospital General de Cuetzalan; por lo que la pareja agraviada ratificó la queja y se abrió el expediente 3366/2020.

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El documento explica que el 29 de julio de 2020, una mujer que tenía un embarazo de 40.2 semanas de gestación, acudió al Hospital General de Cuetzalan, por presentar dolor de cabeza, pero el personal de dicho hospital omitió canalizarla con un especialista en ginecología y obstetricia, así como ordenar de forma inmediata la realización de estudios de laboratorio y en su caso transferirla a la unidad médica que contara con dicho servicio. Por lo tanto, la atención médica que brindó el personal del hospital fue deficiente e inoportuna.

La Comisión ordenó una compensación económica, atención médica y psicológica, gratuitas para las víctimas con la intención de permitir una rehabilitación y superación de secuelas; al personal médico capacitación sobre el tema y protección de los derechos humanos e instruir al personal médico que desempeñen sus funciones bajo el Orden Jurídico Mexicano, así como los Tratados Internacionales.

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Rubén Rocha Moya solicita nueva licencia indefinida y el Congreso evalúa relevo

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La vida política del estado de Sinaloa experimentó un giro drástico e inesperado este fin de semana, luego de que el gobernador Rubén Rocha Moya decidiera solicitar una nueva licencia indefinida a su cargo público. La petición se da apenas unas horas después de haber retomado formalmente las riendas del Ejecutivo estatal, tras concluir un periodo de ausencia temporal de más de tres meses motivado por investigaciones federales y señalamientos de autoridades extranjeras.

A través de un comunicado y diversas intervenciones públicas, Rocha Moya argumentó que su decisión prioriza la estabilidad de la entidad, la nación y los ideales del movimiento político al que pertenece. El mandatario estatal sostuvo que se mantiene al margen y es inocente de los señalamientos formulados por agencias y fiscalías del vecino país del norte, los cuales vinculan a funcionarios estatales con redes de la delincuencia organizada.

Ante la vacante generada de manera repentina, los integrantes de la Diputación Permanente del Congreso del Estado fueron convocados de carácter urgente a una sesión extraordinaria. La LXV Legislatura local asumió el análisis formal de la solicitud de separación del cargo presentada por el gobernador, con el objetivo de proceder conforme a ley y garantizar la gobernabilidad inmediata en territorio sinaloense.

Durante el desarrollo de la sesión legislativa, las distintas fracciones parlamentarias iniciaron el debate y la revisión de perfiles idóneos para ocupar la titularidad del Poder Ejecutivo de forma interina. La designación de un gobernador interino busca disipar cualquier vacío de poder y mantener en marcha la administración pública, los programas sociales y las estrategias de seguridad en una de las regiones más vigiladas del país.

Por su parte, la administración federal ha mantenido una postura de prudencia institucional ante los acontecimientos en Sinaloa, solicitando formalmente mayores elementos de prueba a las instancias internacionales que sustenten las acusaciones. Mientras tanto, la atención ciudadana y política se concentra en las decisiones que adopte el Congreso local para definir el rumbo administrativo del estado en los próximos meses.

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El Proyecto del Cablebús Línea 4 Avanza al 20 por Ciento

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El ambicioso proyecto de transporte masivo sustentable conocido como la Línea 4 del Cablebús continúa registrando un progreso físico del 20 por ciento en sus etapas iniciales de desarrollo y cimentación estructural. Esta magna obra de ingeniería urbana, fuertemente impulsada y respaldada en coordinación con el gobierno federal de la presidenta Claudia Sheinbaum, busca transformar radicalmente los tiempos de traslado y la conectividad de miles de usuarios en zonas de alta densidad poblacional y compleja orografía.

Los reportes técnicos preliminares indican que ya se han completado los trámites clave para la entrega de licencias de construcción correspondientes al sistema de transporte por cable, permitiendo que las empresas constructoras aceleren los trabajos de perforación, colocación de zapatas y levantamiento de torres maestras a lo largo de los trayectos designados. Estas estructuras metálicas soportarán el tendido de los cables de alta resistencia que transportarán las cabinas teleféricas de última generación.

La implementación de este sistema teleférico representa un hito en las políticas de movilidad urbana integral, apostando por alternativas ecológicas que reducen de manera drástica las emisiones contaminantes generadas por el parque vehicular tradicional. Además, se prevé que la integración tarifaria con otros sistemas de transporte público existentes facilite transbordos eficientes y seguros, aliviando la congestión vial en arterias fundamentales de la zona metropolitana.

Especialistas en movilidad han señalado que el diseño de las estaciones contempla criterios estrictos de accesibilidad universal, iluminación óptima y espacios públicos renovados en sus inmediaciones para regenerar el tejido social de las colonias beneficiadas. Con ello, no solo se acortan distancias geográficas, sino que se promueve una mayor equidad social al acercar oportunidades laborales, educativas y recreativas a sectores históricamente rezagados en materia de transporte.

Las autoridades federales y locales estiman que los frentes de obra mantengan un ritmo constante durante los próximos meses para cumplir con los plazos proyectados en la agenda de infraestructura. Con un seguimiento puntual por parte de los supervisores técnicos, la ciudadanía podrá presenciar la materialización de un sistema de transporte moderno, seguro y a la altura de las grandes metrópolis internacionales.

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Emiten advertencia sobre la suspensión temporal de líneas telefónicas móviles ante el cierre de plazo

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La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) ha emitido un aviso urgente dirigido a los usuarios de telefonía móvil en todo el país, advirtiendo sobre la inminente suspensión temporal del servicio para aquellas líneas que no completen su proceso formal de registro y vinculación de identidad antes de las fechas límite establecidas.

De acuerdo con los reportes institucionales, millones de líneas celulares en distintas demarcaciones han comenzado a enfrentar restricciones operativas al vencer los plazos correspondientes a las terminaciones numéricas designadas. Las autoridades recordaron que este procedimiento forma parte de las normativas de seguridad implementadas para prevenir delitos cibernéticos y garantizar la trazabilidad de las comunicaciones electrónicas.

El proceso de vinculación puede realizarse tanto de manera presencial en los centros de atención autorizados de cada operador telefónico como a través de plataformas digitales remotas. Para completar el trámite con éxito, los usuarios deben presentar una identificación oficial vigente, validar su Clave Única de Registro de Población (CURP) ante el Registro Nacional de Población y cumplir con los protocolos de autenticación biométrica o pruebas de vida requeridas.

Las empresas de telecomunicaciones reiteraron que, en caso de omisión, las tarjetas SIM físicas o digitales verán limitados sus servicios ordinarios, permitiendo únicamente la realización de llamadas a números de emergencia y la recepción de alertas ciudadanas hasta que se regularice la situación jurídica de la línea. Este mecanismo busca depurar los padrones de usuarios activos y brindar mayor certeza jurídica a los consumidores.

Por su parte, asociaciones de protección al consumidor sugirieron a la ciudadanía realizar sus trámites únicamente a través de los canales digitales oficiales proporcionados por sus compañías telefónicas o acudir a sucursales físicas acreditadas, evitando caer en posibles fraudes o estafas cibernéticas relacionadas con supuestas gestiones de validación externa.

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