El mercado energético y la economía de los hogares poblanos experimentan una nueva presión inflacionaria tras registrarse un incremento en el costo del gas licuado de petróleo (LP). De acuerdo con los reportes económicos recientes en la entidad, el combustible ha alcanzado un precio máximo de 21.09 pesos por kilogramo en diversas regiones del estado, lo que impacta de manera directa el bolsillo de las familias y la operación de pequeños comercios dependientes de este insumo.

Este ajuste tarifario responde a las fluctuaciones en los tabuladores semanales establecidos por las autoridades federales en materia energética, los cuales buscan regular el mercado conforme a los precios internacionales de referencia y los costos logísticos de distribución. Sin embargo, para los consumidores locales, el incremento representa un reto financiero considerable al tratarse de un producto de primera necesidad para la preparación de alimentos y la calefacción doméstica en los municipios del territorio poblano.

Diversos sectores comerciales, especialmente los dedicados a la gastronomía, panaderías y servicios de hospedaje, han manifestado su preocupación ante la imposibilidad de absorber por completo estos incrementos en sus costos de producción. Ante este escenario, algunos establecimientos analizan realizar ajustes moderados en sus precios al público final para evitar mermar sus márgenes de utilidad en los próximos meses.

Por su parte, las asociaciones de consumidores recomiendan a la ciudadanía comparar los costos ofrecidos por las distintas marcas distribuidoras autorizadas y denunciar cualquier anomalía o cobro superior a los tabuladores oficiales ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco). Mientras tanto, las familias poblanas continúan ajustando sus presupuestos domésticos para hacer frente a la cuesta económica derivada de estos incrementos continuos en los energéticos.

MLC

La volatilidad en los mercados internacionales y los ajustes en los volúmenes de producción de la planta armadora Volkswagen en Puebla han generado un fuerte impacto en cadena dentro de su red de proveedores, derivando en la pérdida de aproximadamente mil 400 puestos de trabajo directo en el sector industrial de la región.

Dirigentes empresariales y representantes del sector de autopartes señalaron que los recortes de personal se han venido registrando de manera escalonada en diversas fábricas proveedoras instaladas en los corredores industriales poblanos, reflejando la vulnerabilidad del sector ante la fluctuación en la demanda de vehículos en el extranjero.

Ante este panorama adverso, líderes sindicales y empresariales exigieron a las autoridades estatales la apertura inmediata de mesas de diálogo para instrumentar programas de apoyo emergente, esquemas de protección al empleo formal y planes de reconversión productiva que amortigüen el impacto económico en las familias afectadas.

La industria automotriz y de autopartes representa uno de los pilares fundamentales del Producto Interno Bruto (PIB) estatal, por lo que las organizaciones del sector advirtieron sobre la urgencia de diversificar mercados y fortalecer los incentivos a la proveeduría local para evitar una mayor contracción en el empleo manufacturero.

Las cámaras empresariales confían en que la estabilización de los pedidos internacionales permita frenar la tendencia a la baja en los próximos meses, permitiendo la recuperación gradual de las plazas laborales perdidas en la cadena de suministro automotriz.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), en una acción coordinada con la empresa Nissan Mexicana, emitió una alerta formal dirigida a los propietarios de 11 mil 148 vehículos utilitarios modelo X-Trail e-Power correspondientes a los años 2023 a 2027, debido a la detección de una falla técnica en el sistema de baterías que podría comprometer la seguridad durante la conducción.

La dependencia federal explicó que la anomalía radica en el controlador de la batería de litio (LBC), el cual podría realizar una detección errónea de fallas y activar de manera imprevista el modo de seguridad mientras el vehículo está en marcha, impidiendo la recarga adecuada y provocando una pérdida repentina de potencia e incluso la detención total de la unidad.

Como medida preventiva e indispensable para salvaguardar la integridad de los automovilistas, la armadora automotriz llevará a cabo la revisión y reprogramación gratuita del software del controlador en su red de concesionarios autorizados por tiempo indefinido.

Para agilizar el proceso de atención, la empresa notificará directamente a los propietarios afectados a través de llamadas telefónicas, correos electrónicos y mensajes de texto, además de poner a disposición su portal web oficial y el número telefónico 800 964 7726 para verificar si una unidad específica requiere la intervención.

Por su parte, la Profeco reiteró que mantendrá vigilancia permanente sobre el desarrollo de esta campaña de revisión y puso a disposición sus canales oficiales de atención ciudadana para recibir cualquier queja o reporte relacionado con este llamado a revisión preventivo.