La Secretaría de Educación Pública de Puebla abrió un periodo extraordinario de preinscripción presencial del 2 al 27 de marzo de 2026 en las Coordinaciones de Desarrollo Educativo (Corde), dirigido a madres, padres y tutores que no realizaron el trámite en línea para el ciclo escolar 2026-2027.

La dependencia informó que el registro digital concluye el 27 de febrero, pero quienes no lograron completar el proceso podrán acudir directamente a las oficinas regionales.

El trámite no tiene costo y aplica para ingreso a preescolar, primaria, secundaria y bachillerato del sistema público estatal.

Para realizar la preinscripción Puebla, los interesados deben presentar la Clave Única de Registro de Población (CURP) o el Número de Identificación del Alumno (NIA), además de los datos generales de la madre, padre o tutor.

Al concluir el procedimiento, recibirán un comprobante que permitirá consultar resultados a partir del 8 de junio en el portal oficial de la SEP estatal.

En el caso de preescolar, podrán registrarse menores con tres años cumplidos al 31 de diciembre de 2026 para primer grado; cuatro años para segundo y cinco para tercero.

Para primaria, se requiere tener seis años cumplidos antes de esa misma fecha.

En secundaria general y técnica el límite es ser menor de 15 años; en telesecundaria, menor de 16.

Para nivel medio superior, podrán inscribirse al bachillerato quienes hayan concluido la secundaria y sean menores de 18 años; en telebachilleratos comunitarios y bachilleratos digitales no se establece restricción de edad.

En el estado operan más de 20 oficinas Corde, incluidas cuatro en la capital poblana: Puebla Norte, Puebla Sur, Puebla Oriente y Puebla Poniente.

La SEP habilitó el número 222 309 11 70, de lunes a viernes de 9:00 a 13:00 horas, para resolver dudas sobre el proceso.

La autoridad educativa señaló que este periodo extraordinario busca garantizar el acceso a la educación y evitar que estudiantes queden fuera del próximo ciclo escolar.

Reporteros Sin Fronteras (RSF) denunció este jueves un alarmante patrón de ataques, amenazas y agresiones contra periodistas que informaban sobre los hechos violentos registrados tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), durante un operativo federal.

La organización internacional detalló que al menos ocho periodistas fueron agredidos o despojados de su equipo por presuntos miembros de organizaciones criminales mientras documentaban narcobloqueos, enfrentamientos y disturbios en varios estados del país el pasado 22 de febrero.

Entre las agresiones registradas se encuentran disparos contra vehículos de prensa, golpizas, robo de cámaras y teléfonos móviles, retenciones forzosas y amenazas graves, según el informe de RSF.

Los incidentes abarcan diversas entidades federativas, como Jalisco, donde un reportero de Azteca Noticias denunció que su vehículo fue alcanzado por disparos y una periodista fue obligada a descender de su automóvil bajo amenaza con arma de fuego.

En Sinaloa, corresponsales del periódico Noroeste fueron golpeados y despojados de su equipo, mientras en Tamaulipas, un reportero fue retenido brevemente por sujetos armados que amenazaron también a su familia.

En Guanajuato y Michoacán periodistas enfrentaron amenazas de suspender la cobertura o intimidaciones anónimas.

El director de RSF para América Latina, Arturo Romeu, advirtió que estos ataques confirman la “alarmante normalización” de la violencia contra la prensa en México y demandó investigaciones eficaces y medidas urgentes para proteger a los periodistas frente a contextos de inseguridad extrema.

La violencia contra la prensa en México no es un fenómeno nuevo: diversas organizaciones de derechos humanos han señalado que el ejercicio periodístico en el país enfrenta riesgos sistémicos, con agresiones frecuentes por parte de grupos delictivos y altos niveles de impunidad en crímenes contra comunicadores.

Trabajadores contratados bajo el esquema de honorarios en el Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine) anunciaron que iniciarán un paro total de labores a partir del 1 de marzo, en protesta por la falta de certeza laboral y presuntos retrasos en procesos administrativos que afectan sus condiciones de trabajo.

A través de un posicionamiento difundido este jueves, el personal señaló que la medida responde a la ausencia de contratos formalizados para el presente ejercicio fiscal, así como a la falta de claridad sobre pagos y continuidad de proyectos estratégicos vinculados a la producción, preservación y promoción cinematográfica.

Los inconformes indicaron que el esquema de honorarios ha generado condiciones de vulnerabilidad laboral, al no contar con prestaciones ni estabilidad, pese a desempeñar funciones sustantivas dentro del instituto. Añadieron que la incertidumbre impacta directamente en la operación de convocatorias, apoyos a creadores y actividades de difusión del cine nacional.

El Imcine, organismo descentralizado de la Secretaría de Cultura, es responsable de instrumentar políticas públicas para el fomento de la industria cinematográfica mexicana, incluyendo estímulos a la producción, distribución y exhibición.

Los trabajadores hicieron un llamado a las autoridades culturales y al Gobierno de México para establecer una mesa de diálogo urgente que permita regularizar su situación contractual y garantizar la continuidad operativa de la institución.

Hasta el momento, no se ha emitido un posicionamiento oficial detallado sobre las demandas planteadas ni sobre las posibles afectaciones que el paro podría generar en los programas y convocatorias en curso.