Juan Lira, conocido alias “El Moco” y excandidato a la presidencia municipal de Chignahuapan, fue trasladado de manera oficial al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1, mejor conocido como El Altiplano, ubicado en el municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México, en tanto se desarrolla el proceso legal fincado en su contra por diversas conductas ilícitas.

Durante una conferencia informativa, la fiscal general del estado, Idamis Pastor Betancourt, dio a conocer que un juez calificó como legal la detención del imputado y determinó imputarle formalmente los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, además de violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos por la presunta portación de armamento sin la licencia correspondiente.

La autoridad judicial impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada, motivo por el cual el presunto objetivo prioritario permanecerá recluido en el penal de máxima seguridad mientras se define su situación jurídica. La titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) indicó que el expediente fue atraído por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) derivado de los indicios recabados durante el operativo de captura.

Como parte de las diligencias ministeriales, las corporaciones de seguridad aseguraron aproximadamente 3 millones 600 mil pesos en efectivo, recurso económico que quedó a disposición de las instancias federales para profundizar en las investigaciones financieras de la red delictiva, cuya audiencia inicial continuará en los próximos días para resolver la solicitud de vinculación a proceso.

Por su parte, el secretario de Seguridad Pública del estado, Francisco Sánchez González, advirtió que la captura de Juan Lira no representa la desarticulación total de la célula delictiva que operaba en la Sierra Norte de Puebla, señalando que las áreas de inteligencia estatal mantienen la hipótesis de que uno de los hermanos del detenido podría asumir el control de la estructura criminal, por lo que se intensificaron los patrullajes y la vigilancia en la región.

El presidente de la Comisión de Movilidad, Infraestructura y Servicios Públicos del Cabildo de Puebla, Leobardo Rodríguez Juárez, solicitó formalmente a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) implementar operativos permanentes para evitar la invasión del carril confinado del Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA). La petición busca frenar a conductores de vehículos particulares, motociclistas y ciclistas que circulan indebidamente por esta vía exclusiva.

El regidor advirtió que varios conductores ingresan al carril exclusivo en momentos donde detectan la ausencia de elementos de Tránsito Municipal para acortar tiempos o evadir el tráfico. Ante esta situación, destacó la urgencia de mantener presencia policial en los puntos con mayor incidencia para inhibir la conducta de los infractores.

Asimismo, Rodríguez Juárez recordó a la ciudadanía que las sanciones económicas por invadir el carril exclusivo de RUTA superan los 12 mil pesos conforme al Código Reglamentario Municipal (Coremun). Señaló que el objetivo de endurecer la vigilancia es garantizar la seguridad vial, prevenir accidentes graves con los autobuses del sistema de transporte y fomentar el respeto a las normas urbanas.

Finalmente, el funcionario municipal instó a la SSC a mantener un control coordinado y continuo en los diferentes corredores del RUTA. Explicó que la concientización acompañada de la aplicación estricta de la ley es fundamental para proteger tanto a los usuarios del transporte público como a los mismos peatones y conductores de la capital poblana.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla anunció una profunda reestructuración orgánica que incluye la creación de la Coordinación General Especializada en Investigación de Delitos contra Animales, así como la instauración de una nueva Dirección del Servicio Veterinario Forense. Estas acciones institucionales responden al incremento sostenido de carpetas de investigación por agresiones en contra de la fauna doméstica y silvestre en la entidad.

Informes oficiales de la propia dependencia ministerial detallan que las denuncias por maltrato animal registraron un incremento del 52% durante el año previo, al pasar de 282 querellas documentadas en un periodo anual a un total de 430 casos formalmente denunciados. Ante este panorama, la nueva Dirección del Servicio Veterinario Forense tendrá la responsabilidad directa de atender los requerimientos de los agentes del Ministerio Público mediante dictámenes científicos y peritajes especializados.

El área pericial veterinaria operará con estrictos protocolos de actuación para garantizar la trazabilidad en el registro de ingresos y egresos de cadáveres de animales, además de vigilar que el personal técnico y administrativo se conduzca con absoluto apego a la ética. Esto permitirá fundamentar de manera sólida las acusaciones ante los órganos jurisdiccionales y combatir la impunidad en delitos de crueldad animal.

Organizaciones protectoras de animales y defensores de los derechos sintientes celebraron la creación de estas áreas especializadas dentro del organismo procurador de justicia. Con ello, Puebla se posiciona a la vanguardia nacional en la integración de herramientas forenses científicas dedicadas exclusivamente a esclarecer crímenes y sancionar a los responsables del maltrato animal.