La detención en Estados Unidos de un exmando militar con trayectoria en Puebla se suma a una investigación federal que vincula a funcionarios de Sinaloa con una red de protección al Cártel de Sinaloa.

Gerardo Mérida Sánchez, excomandante de la XXV Zona Militar en Puebla y exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, fue detenido en Arizona, de acuerdo con reportes difundidos este 15 de mayo.
El exfuncionario forma parte de un grupo de al menos diez personas señaladas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico, entre ellos el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

Según la acusación, Mérida Sánchez habría recibido pagos mensuales superiores a 100 mil dólares de la facción conocida como “Los Chapitos”, a cambio de permitir sus operaciones y proporcionar información anticipada sobre operativos de seguridad.

Las investigaciones sostienen que estas alertas permitieron a la organización criminal trasladar drogas, equipos y personal antes de intervenciones de autoridades, lo que evitó aseguramientos y detenciones.

El caso forma parte de una indagatoria más amplia presentada por fiscales federales en Nueva York, que describe una presunta red de corrupción en distintos niveles de gobierno en Sinaloa, orientada a facilitar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

El 29 de abril, autoridades estadounidenses hicieron pública la acusación contra Rocha Moya y otros funcionarios por conspiración para el tráfico de drogas y presunta colaboración con el Cártel de Sinaloa, lo que abrió un conflicto político y diplomático entre ambos países.

En ese contexto, la detención de Mérida Sánchez ocurre mientras continúan las presiones desde Estados Unidos para avanzar en procesos judiciales contra los implicados, en un caso que involucra a mandos de seguridad, autoridades electas y estructuras institucionales.

os máximos dirigentes de la Unión Europea viajarán la próxima semana a México para una cumbre destinada a eliminar la mayoría de las barreras pendientes en comercio e inversión.

El presidente del Consejo Europeo, el portugués Antonio Costa, afirmó en un comunicado que se abre «un nuevo capítulo en nuestra asociación».

Costa viajará acompañado por Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, el brazo ejecutivo de la UE.

Durante la reunión con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, las partes firmarán un acuerdo comercial actualizado. La agenda también incluirá cooperación climática y combate a la delincuencia organizada.

La visita ocurre en un contexto en el que México y la UE buscan diversificar sus relaciones comerciales y reducir su dependencia de Estados Unidos.

La VIII cumbre UE-México se celebrará una década después del último encuentro de este tipo.

La UE aceleró y concretó acuerdos comerciales con países como India, Australia y el bloque sudamericano Mercosur desde que Donald Trump anunció una nueva ola de aranceles tras regresar al poder el año pasado.

México, por su parte, mantiene negociaciones complejas con Washington para revisar el tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá.

La UE y México buscan diversificar y reducir los riesgos de sus relaciones, comentó un alto funcionario europeo bajo condición de anonimato.

El acuerdo actualizado eliminaría la mayoría de los obstáculos restantes al comercio y la inversión, incluidos sectores como materias primas, agricultura y servicios.

En 2025, la UE fue el tercer socio comercial de México, después de Estados Unidos y China, y su segundo mercado de exportación. El intercambio comercial entre ambas partes superó los 86,000 millones de euros (100,000 millones de dólares).

La investigación por el ataque contra Ximena Guzmán y José Muñoz, funcionarios vinculados al Gobierno de la Ciudad de México, continúa avanzando y ya suma 18 personas detenidas, de las cuales 10 enfrentan procesos judiciales por delitos relacionados con homicidio, feminicidio y delincuencia organizada.

Durante una conferencia de prensa, autoridades capitalinas dieron a conocer nuevos detalles sobre las indagatorias iniciadas tras la agresión ocurrida el 20 de mayo de 2025. De acuerdo con la información presentada, las pesquisas permitieron identificar la operación de una célula criminal con presencia tanto en la capital del país como en distintos municipios del Estado de México.
Según los datos obtenidos por la Fiscalía capitalina, el ataque habría sido preparado con varias semanas de anticipación. Las autoridades señalaron que los involucrados realizaron labores de vigilancia sobre las víctimas, analizaron sus trayectorias habituales y sostuvieron reuniones para coordinar la ejecución del plan.

Las investigaciones apuntan a que al menos seis personas participaron directamente durante el atentado, mientras que otros integrantes del grupo habrían colaborado en actividades de apoyo logístico, como renta de inmuebles, transporte, ocultamiento de vehículos y administración de dinero.

Uno de los hallazgos relevantes del caso es que existió un intento previo de ataque días antes de que ocurriera la agresión. Sin embargo, la acción no pudo concretarse debido a modificaciones en la rutina de una de las víctimas, situación que obligó a replantear la operación criminal.

Las autoridades también informaron que la organización utilizó siete vehículos distintos para movilizarse y ejecutar el atentado. Entre ellos se encontraba una motocicleta presuntamente usada por uno de los agresores, además de automóviles empleados para tareas de vigilancia y escape.

Como parte de las investigaciones, corporaciones de seguridad realizaron cateos en diversas alcaldías de la Ciudad de México, entre ellas Gustavo A. Madero, Xochimilco y Tlalpan, así como en municipios mexiquenses como Coacalco y Otumba. En esos operativos fueron asegurados teléfonos celulares, automóviles y otros objetos que presuntamente habrían servido para coordinar las actividades del grupo delictivo.

Las detenciones se llevaron a cabo en diferentes etapas. El primer bloque ocurrió en agosto de 2025, cuando fueron capturadas 13 personas relacionadas con el caso. Posteriormente, entre finales de ese año y mayo de 2026, se realizaron nuevas acciones en distintos puntos del país, incluyendo Ciudad Mante, Tamaulipas, donde se arrestó a más presuntos implicados.

La Fiscalía indicó que las indagatorias permitieron detectar distintos niveles dentro de la estructura criminal. Entre las funciones identificadas se encuentran seguimiento de víctimas, manejo de recursos económicos, gestión de placas vehiculares, coordinación de inmuebles y operación de equipos telefónicos utilizados para evitar rastreos.

Además, las autoridades investigan movimientos financieros y el posible uso de terceros para facilitar recursos económicos a la organización. También señalaron que algunos de los presuntos líderes continúan prófugos y podrían desempeñar funciones de mando dentro del grupo criminal.

Aunque ya existen avances importantes en el caso, la Fiscalía capitalina y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) señalaron que la investigación sigue abierta y bajo reserva parcial para no afectar el desarrollo de las diligencias. Mientras tanto, las autoridades mantienen operativos para localizar a las personas que aún no han sido detenidas y esclarecer por completo la planeación y ejecución del ataque.