El coordinador de Gabinete del Gobierno del Estado de Puebla, José Luis García Parra, dio a conocer que al menos diez funcionarios de la administración estatal presentaron su separación del cargo. Este movimiento en la estructura gubernamental abarca a titulares de secretarías de Estado y a diversos mandos medios que decidieron dejar sus responsabilidades operativas.

El reacomodo interno se genera tras la difusión de las normas y convocatorias del partido Morena para coordinar los trabajos políticos de cara a las elecciones programadas para el año 2027. Las salidas se hicieron efectivas conforme a los plazos internos del partido para dar certidumbre al proceso de selección de perfiles.

García Parra enfatizó que las renuncias y licencias presentadas no van a interferir en el desarrollo cotidiano ni en el cumplimiento de los programas prioritarios del gobierno poblano. Para evitar afectaciones en la atención ciudadana, en cada una de las dependencias involucradas se designaron encargados de despacho que asumieron el control administrativo.

En sus declaraciones a los medios, el coordinador de Gabinete descartó categóricamente cualquier aspiración personal de figurar en las boletas electorales del próximo periodo contencioso. Afirmó que continuará concentrado en sus funciones institucionales de seguimiento y coordinación al interior del equipo gubernamental.

La reestructuración del gabinete se completará paulatinamente en los próximos días conforme se analicen las ternas para nombrar a los nuevos titulares definitivos en cada una de las secretarías que quedaron acéfalas tras la salida de sus anteriores responsables.

La empresa concesionaria Agua de Puebla para Todos se deslindó públicamente de las obras de perforación que se llevan a cabo para la habilitación de un nuevo pozo en San Miguel Xoxtla. Asimismo, la firma privada rechazó tener responsabilidad en las tensiones y choques sociales registrados recientemente entre la población de dicha demarcación y los cuerpos de seguridad.

El director general de la empresa, Jordi Bosch, aclaró que la ejecución del proyecto de infraestructura hídrica corre íntegramente a cargo del Gobierno del Estado de Puebla. El directivo enfatizó que el organismo concesionado no sostiene ningún tipo de intervención ni participación operativa directa en las maniobras que se han venido desarrollando en los predios de esa municipalidad.

Bosch reconoció la complejidad del escenario que se vive en Xoxtla, pero expresó su confianza en que los canales de mediación institucionales establecidos por las autoridades estatales permitan alcanzar acuerdos constructivos con los habitantes. Subrayó además que el planteamiento técnico de la obra responde a la necesidad de fortalecer la distribución del servicio y garantizar una mejora sustancial en el abastecimiento hídrico a nivel local.

El distanciamiento de la concesionaria ocurre en un contexto de alta incertidumbre social en San Miguel Xoxtla, donde los pobladores han denunciado el arribo constante de fuerzas policiacas alrededor de los terrenos destinados a la extracción. El temor de la comunidad reside en una eventual disminución de los caudales disponibles para el consumo doméstico de los propios residentes.

Debido al rechazo ciudadano, los trabajos físicos de la perforación han tenido que pausarse momentáneamente a la espera de que concluyan las mesas de diálogo entre las autoridades gubernamentales y los comités comunitarios. La continuidad o cancelación definitiva del proyecto dependerá de los acuerdos sobre los permisos correspondientes y la viabilidad técnica del acuífero [cite: https://www.diariocambio.com.mx/2026/puebla/agua-de-puebla-se-deslinda-de-perforacion-del-pozo-en-xoxtla-y-generar-el-conflicto-social/, https://www.proceso.com.mx/nacional/estados/2026/10/7/habitantes-de-xoxtla-frenan-excavacion-de-pozo-pese-a-operativo-policiaco-de-armenta-video-381437.html].

Un conjunto de colectivos integrados por familias de personas desaparecidas promovió una acción legal masiva contra los titulares de las 32 fiscalías generales de las entidades federativas, incluyendo la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla, así como contra la titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy Ramos. El recurso de amparo responde al incumplimiento sistemático en la interconexión tecnológica e inmediata de los registros locales con la plataforma del Banco Nacional de Datos Forenses (BNDF), una herramienta fundamental para la localización e identificación de personas a nivel nacional.

La demanda expone que las instituciones ministeriales han omitido enviar en tiempo real información crucial relativa a perfiles genéticos, huellas dactilares y registros de cadáveres o restos humanos no identificados. Esta falta de sincronización impide que los sistemas centralizados puedan realizar cruces de información eficaces entre diferentes estados, lo cual obstaculiza directamente los avances en los expedientes de búsqueda y ralentiza la restitución de los restos a sus familias.

Los colectivos señalaron que, a pesar de que en diciembre de 2022 se firmaron las bases de colaboración obligatorias y de que el BNDF inició sus operaciones de manera oficial en 2023, la falta de transparencia sobre la operatividad del sistema sigue prevaleciendo. Debido a esta desconexión, cientos de cuerpos localizados en fosas comunes o resguardados en las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO) continúan sin poder ser cotejados de forma oportuna con los expedientes de búsqueda activos.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado de Puebla reportó que hasta el mes de agosto ha logrado la entrega de 160 cuerpos identificados a sus familiares mediante la implementación de su programa de identificación humana y la difusión en su micrositio de consulta. La dependencia precisó que la mayoría de los restos correspondían a personas originarias de la entidad poblana, aunque también se registraron casos de víctimas provenientes de Veracruz, Tlaxcala, Estado de México y la Ciudad de México.

A pesar de estos avances aislados, las familias buscadoras recalcaron que la demanda busca sentar un precedente para obligar a los mandos locales a homologar sus bases tecnológicas de forma definitiva. La exigencia central radica en garantizar la actualización automática de la información forense para que el derecho a la búsqueda y a la verdad no dependa de trámites burocráticos entre dependencias estatales.