Un joven de 27 años fue localizado sin vida al interior de su vivienda, ubicada en la colonia Santa Cruz Tecoxco, en el municipio de Izúcar de Matamoros. De acuerdo con los primeros reportes, las autoridades investigan el caso como un aparente suicidio.

La víctima fue identificada como Edgar de Jesús N., de 27 años de edad. Según la información disponible, fue encontrada suspendida de una cuerda dentro de su domicilio, localizado sobre la calle Escuadrón 201, por lo que familiares solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia.

Tras confirmarse el fallecimiento, elementos de las policías Municipal y Estatal acordonaron el inmueble para preservar la escena, mientras personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) y del Servicio Médico Forense (Semefo) realizó las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

De manera preliminar, trascendió que el joven presuntamente enfrentaba un cuadro de depresión; sin embargo, serán las investigaciones de la Fiscalía las que determinen las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento.

Ulises Lara López renunció el martes 14 de julio a su puesto en la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes, un cargo que le fue dado por la titular de la Fiscalía General de la República, Ernestina Godoy, el 2 de enero de este año. La institución confirmó su salida sin especificar las razones ni el nombre de quien lo reemplazará.

En el comunicado emitido, la FGR indicó que la renuncia de Ulises Lara se debió a «cuestiones personales». La entidad no ofreció lugar para preguntas ni aclaró si la renuncia fue solicitada o si fue una decisión propia del funcionario.

La estancia de Ulises Lara en la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes se extendió por un poco más de seis meses. En ese tiempo, fue el portavoz de la FGR en casos de gran relevancia, incluido el operativo donde fallecieron dos agentes de la CIA en Chihuahua durante el desmantelamiento de un laboratorio de drogas.

Previo a su llegada a la FGR bajo la dirección de Ernestina Godoy, Ulises Lara ocupó varios cargos en el ámbito de la justicia en la capital. En enero de 2024, asumió temporalmente la dirección de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, tras la nominación de Godoy como consejera jurídica del Ejecutivo federal por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Esa designación temporal originó críticas: Lara no cumplía con el requisito de cinco años de experiencia como abogado exigido para el puesto de fiscal en la capital. Al mismo tiempo, se reveló que obtuvo su título en Derecho en el Centro Universitario Cúspide de México de manera acelerada, pues su cédula original era en Sociología.

Entre mayo y diciembre de 2025, Ulises Lara sirvió como representante de la FGR en Morelos, un puesto que recibió durante la administración de Alejandro Gertz Manero al frente del Ministerio Público Federal. Esa función lo mantuvo activo en el sistema federal de justicia hasta su incorporación a la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes.

Su carrera en el sector público inició en el campo educativo: dirigió la unidad de formación continua de la Secretaría de Educación del entonces Distrito Federal de 2013 a 2014, y lideró el Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México entre 2015 y 2016.

Hasta el momento de redacción de este artículo, la FGR no había nombrado un reemplazo para la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes ni había establecido una fecha para hacer público el cambio de Ulises Lara en la dependencia que dirige Ernestina Godoy.

La presunta infiltración del crimen organizado en corporaciones municipales de la Sierra Norte de Puebla escaló a un nuevo nivel luego de que autoridades judiciales libraran órdenes de aprehensión contra cuatro directores de Seguridad Pública, señalados por la Fiscalía General del Estado de formar parte de una supuesta estructura de protección que habría permitido la instalación y operación de un narcolaboratorio considerado el más grande asegurado en la historia reciente de la entidad.

De acuerdo con la resolución emitida por el Juzgado de Oralidad Penal de la Región Judicial Norte, con sede en Huauchinango, las órdenes de captura fueron giradas contra Ángel Miguel Garrido, director de Seguridad Pública de Tlaola; Evencio Rosas Luna, titular de la corporación en Tlapacoya; Manuel Martínez González y/o Manuel González Martínez, responsable de la policía municipal de Jopala; y Andy Castillo Rodríguez, jefe de Seguridad Pública de San Felipe Tepatlán.

La carpeta judicial 81/2026/Huauchinango deriva de una investigación ministerial que sostiene que los funcionarios habrían utilizado sus cargos para favorecer las operaciones de un grupo delictivo asentado en la región serrana.

Según los datos expuestos por el Ministerio Público, entre abril y mayo de este año los mandos municipales habrían omitido actuar frente a actividades ilícitas y, presuntamente, instruyeron a sus elementos a evitar cualquier intervención contra integrantes de la organización criminal.

Entre las pruebas presentadas ante la jueza de control figuran declaraciones de testigos que aseguran que durante una reunión sostenida el 16 de mayo se acordó facilitar el tránsito de integrantes del grupo delictivo y mantener libres las rutas utilizadas para sus operaciones.

Otro de los testimonios incorporados a la investigación señala que policías municipales interceptaron una camioneta que transportaba sustancias químicas presuntamente destinadas a la fabricación de drogas sintéticas. Sin embargo, tras consultar con su superior, recibieron la orden de permitir que continuara su camino.

Para la Fiscalía, esos hechos constituyen indicios de una posible red de protección institucional que habría permitido la operación del laboratorio clandestino descubierto semanas después por fuerzas federales.

El pasado 14 de junio, elementos de la Guardia Nacional, Ejército Mexicano y Policía Estatal aseguraron un complejo utilizado para la elaboración de metanfetaminas en los límites de Tlapacoya y Jopala.

En ese operativo fueron decomisados 360 kilogramos de metanfetamina, 25 mil 300 litros de precursores químicos, cinco reactores de síntesis orgánica, ocho condensadores, cuatro destiladores y decenas de tanques de gas LP, infraestructura que evidenciaba una capacidad de producción industrial.

El Gabinete de Seguridad Federal estimó entonces que el aseguramiento representó una afectación económica superior a 2 mil 367 millones de pesos para la delincuencia organizada.

La jueza de control determinó que las entrevistas, inspecciones ministeriales y demás datos de prueba reunidos por la Fiscalía constituyen elementos suficientes para establecer la probable participación de los imputados en hechos con apariencia de delito, por lo que autorizó las órdenes de aprehensión.

Los delitos atribuidos son encubrimiento, abuso de autoridad e incumplimiento de un deber legal, ilícitos que contemplan penas privativas de la libertad.

El caso coloca nuevamente bajo escrutinio la actuación de corporaciones municipales en una región donde, desde hace meses, habitantes habían denunciado de manera reiterada la presunta existencia de vínculos entre autoridades locales y grupos delictivos.

Hasta el cierre de esta edición, los ayuntamientos de Tlaola, Tlapacoya, Jopala y San Felipe Tepatlán no han emitido ningún comunicado o posicionamiento oficial sobre la detención de tres de sus directores de Seguridad Pública ni sobre la orden de aprehensión vigente contra el jefe policiaco de San Felipe Tepatlán. Tampoco han informado si los funcionarios fueron separados de sus cargos o quién asumirá de manera provisional la conducción de las corporaciones municipales.

Mientras tanto, las autoridades estatales continúan con la búsqueda de Andy Castillo Rodríguez, único mando que permanece prófugo, en tanto la Fiscalía General del Estado mantiene abiertas las investigaciones para esclarecer el alcance de la presunta red de protección criminal que habría operado en la Sierra Norte de Puebla.